En un artículo de 2010, The Guardian cita una reconocida frase de Margaret Mead a propósito de la relevancia de la antropología en el mundo contemporáneo: “Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado.” A principios de siglo, esta fe en el oficio parecía suficiente para creer que con el crecimiento exponencial de programas de pregrado y posgrado en antropología, por lo menos en el panorama nacional, los antropólogos se encontrarían en una mejor posición no sólo para “cambiar el mundo,” sino también para encontrar más oportunidades laborales desde dónde hacer posible este sueño. Casi una década después, la realidad no parece tan esperanzadora. Aunque ha habido una ampliación y diversificación de la oferta laboral, la antropología en Colombia no ha escapado a los profundos efectos de la desregulación en la mayoría de las sociedades liberales, ni tampoco su multiplicación en programas y egresados parece haberle permitido superar la marginalidad académica y política de la disciplina, o la posible integración de sus practicantes en las voces institucionalizadas del establecimiento académico y la burocracia estatal, o de las ONG.

  Por un lado, si bien la estabilidad laboral no fue una constante para los pioneros de la disciplina en el país, ni tampoco para la mayoría de las generaciones que los siguieron, la precariedad del trabajo académico y la fragilidad de la relación contractual se han convertido en temas discutidos entre antropólogos en el nivel nacional, e internacional. En conferencias de asociaciones de antropología y en la formación curricular de muchos programas, cada vez es más frecuente encontrar talleres o cursos sobre las posibilidades de trabajo para los antropólogos por fuera de la academia o de los ámbitos investigativos. Bajo estas condiciones, el trabajo antropológico a profundidad y de largo aliento es cada vez menos posible, lo cual condiciona el tipo de saber que finalmente la disciplina puede ofrecer a la sociedad. Al tiempo que se han ido transformando los campos laborales, también han ido mutando los sujetos con los que tradicionalmente trabajaba la antropología. El tránsito hacia la ‘profesionalización’/‘burocratización’ del liderazgo político de organizaciones y movimientos sociales, el papel de las ONG en la ‘gestión de lo social’, la tercerización de lo público y la cooptación de los liderazgos de base social, por mencionar sólo algunos aspectos, ameritan también especial atención. A ello se podrían sumar los procesos de empoderamiento político y jurídico de organizaciones sociales, y el aumento de intelectuales con formación académica que pertenecen a estos colectivos, lo que hace que la distancia entre ‘el académico’ y las organizaciones se haya transformado progresivamente.

  Por otra parte, a pesar de la ampliación para el ejercicio profesional propiciada por la constitución de 1991, el lugar de la antropología en los espacios de opinión pública, y en los espacios de toma de decisiones ha sido más bien marginal. La centralidad que muchos esperaban que tomara la disciplina en debates de gran impacto como la discriminación y la desigualdad, o el conflicto armado y los acuerdos de tierras, e incluso en discusiones en torno a la llamada ‘ideología de género’, por mencionar sólo algunos de los temas que han marcado la agenda nacional recientemente, ha sido limitada. El trabajo antropológico llevado a cabo bajo el auspicio del Estado o de la empresa privada, y el cerramiento teórico propiciado por las políticas de la identidad, las consultas previas, las ‘etnografías exprés’, las prospecciones arqueológicas, entre otros, han llevado a que la antropología experimente una creciente tensión entre el oficio y la disciplina. En términos de las dinámicas más ‘académicas’, es clave mencionar el papel de las políticas de ciencia y tecnología en la mercantilización de la producción académica, y en el afán de productividad asociado a la demanda de puntos salariales. Este tipo de elementos resultan claves para comprender cómo las aspiraciones de la disciplina son moldeadas, cada vez más, en términos de un mercado laboral creciente y al margen de la autonomía académica y el compromiso político.

  Por supuesto que no todo resulta de las dinámicas institucionales de la academia, el Estado y las ONG. Los contextos del conflicto armado, el control territorial creciente por parte de las bandas de crimen organizado, y la criminalización de la actividad académica políticamente comprometida, también hacen parte del panorama. En efecto, durante las últimas décadas, la antropología, al igual que el resto de las ciencias sociales y las humanidades, ha sido testigo de un cambio acelerado y drástico en su ejercicio. Si bien en algunos casos se han hecho más visibles que antes, esto también nos ha llevado a enfrentar retos, tanto éticos como epistemológicos, para los cuales no parecíamos estar del todo preparados. Con todo, dicho panorama de rupturas e incertidumbres, aunque desafiante, puede constituir también un momento creativo. La experimentación teórica, las maniobras, las intervenciones y las interferencias con las que algunos profesionales están enfrentando estos cambios, son también potencialmente ‘espacios de lo posible’. Por ello quisiéramos que este Congreso de Antropología en Colombia se convierta en una oportunidad para volver a pensar el oficio de la antropología. Esto es, sondear sus límites y relaciones, reconocer su ejercicio, sopesar su pertinencia social y académica. Antes que atribuir todos los problemas a los condicionamientos de las nuevas tendencias del mercado laboral o de la legalización de la política, en este Congreso nos interesa examinar los presupuestos epistemológicos y el campo discursivo y práctico sobre el que se sustenta nuestro propio quehacer. Si hay una enseñanza que ha dejado la reciente creación de la Asociación Colombiana de Antropología es lo poco que se sabe desde la academia del trabajo y las prácticas que en efecto llevan a cabo los antropólogos hoy en el país.