En este estudio analizaron el impacto genera la criminalidad en Cali, principalmente en la parte económica, debido a que por la percepción de inseguridad, los caleños invierten más dinero en la seguridad privada. Aunque los establecimientos comerciales se niegan a realizar el pago de un posible impuesto a la seguridad. “Encontramos en el estudio una alta desconfianza a la institucionalidad, la gente quiere sentirse más segura y pagaría por esto, pero no por medio de impuestos porque sienten que la carga tributaria es bastante alta y las medidas que toma el gobierno no son satisfactorias”, aseguró Lina Martínez, directora del Observatorio POLIS. El estudio reveló que los comerciantes estarían dispuestos a pagar $68.000 adicionales al mes para tener más seguridad, pero lo invertirían en mecanismos de seguridad privada, lo que evidencia una desconfianza en la labor realizada por las autoridades.
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