Septiembre 02 de 2007, publicado en El País

La reforma de 33 de los 350 artículos de la Constitución Bolivariana deja en manos del Presidente casi todos los poderes del Estado.

Juan Pablo Milanese(*). Especial para |El Pais

No es ninguna novedad que desde su llegada a la Presidencia Hugo Chávez no ha hecho más que construir un gobierno a su medida. Periódicamente ha modificado el esquema institucional venezolano a su conveniencia, en muchos casos, generando una fuerte fricción con los principios democráticos.

La democracia moderna se basa, entre otros supuestos, en el control político. Este puede ser ejercido horizontalmente, es decir entre instituciones estatales (especialmente entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial), o verticalmente, cuando la ciudadanía fiscaliza la actuación de los gobernantes.

Cuál es el objetivo de estos dos controles: evitar la concentración del poder, obligando a los gobernantes a comportarse de manera responsable.

La historia latinoamericana nos muestra una extensa colección de personajes que sistemáticamente se dedicaron, y en muchos casos se dedican, a evitar rendir cuentas, poniendo en grave riesgo el buen funcionamiento de regímenes democráticos. Actualmente, uno de los casos más evidentes es el de Chávez.

Independientemente de que se coincida o no con sus objetivos políticos, es indudable que el Presidente del vecino país tiene un voraz apetito de poder, que no logra saciar fácilmente.

La última muestra de ello, es el nuevo intento de reforma constitucional, a partir del cual procurará modificar 33 de los 350 artículos, y en el que pretende incluir la posibilidad de la reelección presidencial indefinida en el nuevo texto. La propuesta deberá, ahora, ser evaluada por la Asamblea Nacional (Congreso), compuesta por una abrumadora mayoría oficialista, y luego, en caso de aprobarla, será sometida a referéndum, cosa que podría suceder en diciembre.

Más de uno se sentiría en condiciones argumentar que la sola aprobación de la reelección indefinida no es motivo suficiente para acusar al Jefe de Estado venezolano de construir un sistema hegemónico. Pero éste no es un hecho aislado. Es un eslabón más en una cadena de acontecimientos que se dirigen en esa dirección.

Paralelamente, debemos sumar iniciativas como el aumento del periodo presidencial de seis a siete años, un más amplio control presidencial sobre los municipios y estados de Venezuela, la posible eliminación de la autonomía del Banco Central y el control de divisas pase a manos del Gobierno.

Además, la reelección indefinida será una prerrogativa exclusiva del Presidente y no de los gobernantes locales, intentando evitar el surgimiento de un poder regional que pueda transformarse en competencia.

Esto fue planteado en un contexto en el que, desde hace solo unos meses, el legislativo aprobó una serie de “superpoderes” que le permiten gobernar discrecionalmente.

Además, los escándalos por las limitaciones a la libertad de prensa están aún frescos, manifestándose como un sensible crecimiento de las tendencias autoritarias del Gobierno.

Inmediatamente después de que la propuesta de reforma fuera realizada a la Asamblea, las reacciones a favor y en contra no se hicieron esperar, profundizando, aun más, la polarización en una sociedad extraordinariamente fragmentada.

Volvieron a reforzarse las versiones antagónicas que dividen a Venezuela, unas muestran a Chávez como un paladín impulsado por razones humanitarias, cuyo objetivo es disminuir las desigualdades sociales.

Otras, como un dictador sediento de poder e indiferente a los procedimientos democráticos. Así, mientras líderes de las fuerzas opositoras lo acusaban de realizar un "golpe de Estado constitucional", fuera del Parlamento innumerables seguidores festejaban la decisión rodeando un muñeco gigante del Presidente.

Mientras tanto, aumenta la presión en un sistema político recalentado y a punto de estallar otra vez. Esta situación es propia de un espacio de debilidad institucional extrema, donde los personalismos ahogan cualquier posibilidad de construcción de reglas del juego estables y que perduren en el tiempo.

Sin embargo, es interesante resaltar que esta situación no es exclusiva de Venezuela, sino que se ha transformado, aunque con distinta intensidad, en un denominador común en la mayor parte de la región andina donde la concentración de poder es una constante, independientemente del color político de los gobiernos.

(*)Director de Ciencia Política de la Universidad Icesi.