El juego político raizal.
Una aproximación a la cultura política del Caribe insular colombiano.

Resumen

Colombia se reconoce en la Constitución de 1991 como un país diverso, pluriétnico y multicultural. Este hecho significó el reconocimiento de derechos y estatutos especiales, a diversas poblaciones y sus territorios. Entre ellas, se realizó un reconocimiento a la población nativa del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y este último fue declarado como territorio especial. Este reconocimiento en el escenario político colombiano, ha incentivado a la población isleña-raizal a configurarse y posicionarse como sujeto étnico y político, que ha construido sus discursos de identidad y sobre la diferencia cultural, a través de las relaciones políticas establecidas con un lejano Estado colombiano.

Este texto busca dar a conocer cómo se ha transformado la conformación de una cultura política propia del Archipiélago, que de estar sustentada en ideas de reciprocidad e igualdad, hoy se radicaliza, agudizando los problemas que se presentan en el Archipiélago, en la medida en que han creado un nuevo conflicto: la ruptura de la convivencia a partir del establecimiento de diferencias entre la población de las islas, la isleña-raizal y la aquella que ha migrado de Colombia continental, los pañas-continentales.

El panorama

Hoy muchas miradas están puestas sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debido a distintas razones. Esta región es importante nacionalmente porque le otorga a Colombia más de 350.000 km2 de mar patrimonial. También ha sido conocida por el conflicto territorial de aguas marítimas con Nicaragua y por las famosas y pretendidas intenciones separatistas de un sector de la población. Además porque el Archipiélago se ha constituido como destino turístico por excelencia, y porque actualmente se profundiza una extrema crisis social económica, y ambiental por el fracaso de este modelo de desarrollo a ultranza, que acarrea múltiples cuestionamientos e interrogantes sobre su futuro.

La población nativa o isleña-raizal, si bien hoy es reconocida como minoría étnica, ha vivido un largo proceso para adquirir el reconocimiento y a la vez ciertos derechos particulares, que han estado determinados por las conflictivas relaciones establecidas con el Estado colombiano.

Esta relación conflictiva se ha producido principalmente por la manera como el Estado colombiano ha pretendido integrar al Archipiélago a su proyecto nacional. Integración que se transforma y que se percibe a partir de la manera como el Estado ha concebido a sus pobladores: de población nativa que debía ser integrada y asimilada a un único proyecto de Nación -a través de la modernización e hispanización- al actual reconocimiento, al menos en “ley”, como minoría étnica poseedora de ciertos derechos particulares y protegida según los designios constitucionales. De todas maneras estas dos formas de concebir la “colombianidad” de los isleños, tienen un común denominador: el conflicto generado por la integración, sea impuesta como lo fue desde la Constitución de 1886 o negociada como aparentemente lo ha sido desde 1991.

Debido a su temprano poblamiento, realizado de una manera muy distinta a la de Colombia continental, la configuración histórica del Archipiélago es bien particular. Las islas de San Andrés y Providencia fueron pobladas mediante los ciclos migratorios provenientes de las colonizaciones inglesa y española. De ser uno de los primeros asentamientos de los puritanos –calvinistas que venían directamente de Inglaterra-, las islas fueron abandonas por un tiempo, para después ser repobladas por jamaiquinos, algunos descendientes directos de la diáspora africana –es decir esclavos-, y otros que migraban entre distintas islas y territorios del Caribe Occidental. La migración de españoles e ingleses se mantuvo hasta que la isla se adhiere a Colombia en 1823. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, el gobierno colombiano da inicio a un proceso para asumir la soberanía de las islas a través de un arduo proceso de integración y colombianización, que culmina con la declaratoria de Puerto Libre en 1953. Desde este momento son muchos los cambios que comienzan a darse en las islas: el comercio, la adopción del turismo como actividad económica, la construcción de hoteles, edificios, bancos, discotecas, la migración de miles de personas de Colombia continental, de extranjeros y de turistas, han tenido grandes consecuencias socioeconómicas y ambientales que desafortunadamente han originado una crisis que se esta viviendo hoy, 50 años después.

El objetivo del Puerto Libre fue incorporar las islas al territorio nacional y fortalecer su desarrollo económico a través del fomento a la industria turística y de la liberación de los impuestos en un intento también por controlar el contrabando presente en la isla (Vollmer 1997: 68). Este hecho produjo cambios profundos en el poblamiento del Archipiélago, y en la relación entre los pobladores y el medio geográfico, que originaron grandes cambios demográficos y territoriales y que produjeron también una transformación profunda e irreversible en las estructuras socio-económicas y culturales de la isla. El exagerado aumento de la población junto con la ausencia total de planificación urbana, llevaron a problemas de salud, educación, vivienda y desempleo, problemas que no solo incluyeron a las clases más pobres de la comunidad isleña sino también a los inmigrantes que venían de Colombia continental y que fueron llegando con muy pocos recursos económicos.

De igual manera la ola migracional proveniente de Colombia continental tuvo consecuencias no sólo en aspectos económicos y ambientales, sino culturales también. El contacto de la población isleña –protestante y bautista- con esta nueva población, en su mayoría hispanohablante y católica que tuvo todo el respaldo económico y político del Estado colombiano, significó un choque intercultural, donde los isleños se vieron obligados a adaptar y asimilar los elementos que le impuso la cultura colombiana continental. Paradójicamente este choque produjo una actitud de diferenciación de parte de la población isleña hacia el continental colombiano. El asumirse como un grupo distinto tuvo varias consecuencias, como la búsqueda de reafirmación cultural a través de las manifestaciones compartidas con otras islas caribeñas. Pero también, después de casi un siglo de colombianización, los isleños comenzaron una lucha por su autonomía cultural y por el dominio político en la isla, y en vez de aceptar integrarse completamente a la cultura nacional colombiana, se dió inicio a un proceso de resistencia (Vollmer 1997: 89), actitud que posteriormente se verá fortalecida por la constitución de 1991, la cual reconoció a San Andrés, Providencia y Santa Catalina como Departamento Especial y a la población isleña o raizal como el grupo étnico del Archipiélago, poseedor de derechos particulares.

En la década de los noventa el modelo de Puerto Libre terminó de colapsar a raíz de las medidas impulsadas por la política de apertura económica del gobierno de César Gaviria, así que las actividades económicas -sobretodo las comerciales-, que antes habían sido el soporte del Archipiélago ya no se presentaban tan rentables como antes y comienzan a decaer, poniendo a la vista la fragilidad de la economía insular. La actividad turistica que se constituyó como otra de las grandes actividades económicas de la isla, comenzó a decaer, al consolidarse un turismo de bajo perfil, que no deja excedentes, ni reinvierte en la isla.

En los últimos años, la fragilidad de la economía local se ha evidenciado claramente en la recesión del sector hotelero y comercial, ocasionando la reducción de fuentes de empleo. A este conjunto de circunstancias negativas se suma la recesión de la economía colombiana desde mediados de la década (Polania: 2003). Desafortunadamente los cambios que se introdujeron con la constitución de 1991 para velar por la integridad económica, cultural, y ambiental del Archipiélago no han sido los esperados. Actualmente el Departamento se encuentra en un etapa de estancamiento económico y social, y se presentae además una gran tensión sociocultural entre los diferentes grupos sociales que lo habitan. La isla se ha degradado ambientalmente y el problema de superpoblación tiene una relación directa con la crisis en la que actualmente se encuentra. La realidad del Archipiélago, y las dinámicas que allí tienen lugar, difieren de los contextos que se presentan en la región continental, la más notables es la ausencia del conflicto armado. Sin embargo, en el Archipiélago hoy se vive un conflicto social que día a día se agudiza.

La formación de una cultura política propia

Las islas, como lo describe James Parsons han sido colombianas, no por la tradición centralista del Estado sino por la libre determinación de los isleños, que se adhirieron voluntariamente a la Constitución de Cúcuta en 1823. Este hecho constituye una de las particularidades más importantes de la historiografía regional del caribe colombiano, pues esta adhesión se hace voluntariamente, y no como una imposición o una conquista de un territorio por la fuerza. (Avella: 2002). A comienzos del siglo XX, Colombia decide integrar el Archipiélago a la Nación, imponiendo un poder formal ejercido desde el gobierno central. Este hecho tuvo como consecuencia que la población isleña comenzara a confrontar el poder del estado, desde los comienzos de la Republica, para posteriormente formalizar el reconocimiento a su diferencia, dando origen a lo que Avella denomina una cultura política propia[1] (Avella: 2002). Esta cultura política se ha cimentado en el sentido de afirmar el igualitarismo[2] propio de la sociedad isleña, contra las diferencias que buscaba imponer el Estado a través del proceso de integración o “colombianización”, visto en las diferencias entre gobernantes v.s. gobernados; católicos vs; protestantes; español v.s. ingles o identidad nacional v.s. identidad isleña”.

Desde la integración abierta que inicia Colombia sobre las islas a comienzos del siglo XX, son muchos los reclamos y reivindicaciones realizados por los pobladores de las islas. Desde allí los isleños -que no se llamaban raizales en esa época-, manifestaban continuamente su descontento ante la manera en que estaban siendo gobernados, planteando la necesidad de equidad y reciprocidad en la relación establecida entre ellos y el gobierno central. Relación que por lo demás, ha sido manifestada de diversas maneras y ha intentado resolverse mediante el uso de mecanismos formales, como pronunciamientos, envío de memoriales, denuncias a organizaciones e instituciones internacionales, protestas, paros, para obtener como resultado la formación de la cultura política propia de las islas, que se crea en respuesta a las acciones impuestas por el estado centralizador.

Lo cierto es que este proceso de integración o “colombianización” por las vías de carácter económico e ideológico para establecer soberanía, tales como la declaratoria de San Andrés como Puerto Libre y la de ‘integración’ económica –vía modernización y desarrollo- , junto con la continuación de la imposición del español, y la religión católica produjo el rechazo y movilización de algunos sectores isleños frente al Estado colombiano.

En términos muy generales, podríamos resaltar algunas de las movilizaciones de algunos sectores de la población isleña, como aquellas sucedidas durante la década de 1960 a 1970, que denunciaban el caso del pueblo isleño como víctima del colonialismo –en este caso colombiano- y se proponía la creación de un estado autónomo, soberano e independiente[3]. Otro ejemplo es aquel relacionado con “Sons of the Soil” una de las organizaciones políticas más tradicionales de las islas, que surgió durante la década de 1970 con el fin de defender la sostenibilidad ambiental ante el desequilibrio generado por la gran oleada migracional que se originó a partir de la declaratoria de puerto libre. Sons of the Soil fue conocido por sus reivindicaciones en cuanto a la defensa de la identidad isleña y el derecho a su autodeterminación, y para mediados de los años 1980, comienza a utilizar y reivindicar un nuevo discurso político, que establecerá un nuevo “enemigo”, causante de muchos de los problemas que existen en el Archipiélago: el paña, el continental, que ha sobrepoblado las islas, a diferencia del anterior “enemigo” que se remitía siempre al estado central.

Posteriormente gracias a la coyuntura ofrecida por el reconocimiento constitucional de 1991, pero también frente a la crisis económica y el recrudecimiento del conflicto social que comienza a vivirse, surgirán una serie de organizaciones sociales, particularmente de isleños-raizales, que se adjudicarán la lucha por la defensa de la identidad raizal, apropiandose de un discurso de base étnica y se encargarán de denunciar las situaciones de malestar económico, y ambiental a que hace frente el Archipiélago. De esta manera, un grupo de isleños sanandresanos liderado por pastores bautistas, retomando algunas de las ideas establecidas por Sons of the Soil, decide crear el hoy denominado Movimiento Raizal. Este movimiento, en sus orígenes, estuvo motivado por la idea de que la razón estructural del conflicto había sido la llegada de los continentales, y como tal, era necesario impulsar su salida

Pero ¿cómo entender el señalamiento de este nuevo “enemigo” y la necesidad de lograr su salida, en un pequeñísimo archipiélago de menos de 50 kms en sus dos islas, con una de población de mas de 60.000 habitantes concentrados en San Andrés? En donde además, una tercera parte de la poblacion es miti-miti o fyfty-fifty, es decir fruto de la relación entre pañas y raizales

Algunas de estas organizaciones se fortalecen, como el caso de Sons of the Soil, pero también se crearán otras nuevas. Lo común es que en su mayoría, las organizaciones tratarán de establecer una interlocución con el gobierno continental utilizando diferentes estrategias de reivindicación etno-política. Estas circunstancias particulares, permiten observar como la población isleña y el Estado colombiano siempre han tenido formas distintas de pensar e implementar la política en el Archipiélago.
Desde este punto de vista, la cultura política isleña se conforma en respuesta a las políticas de exclusión política y de integración cultural implementadas desde el gobierno central. De esta manera, si antes se resistía ante las políticas implementadas desde el gobierno central con la intención explícita de colombianizar la población isleña, ahora esta situación se vuelve más compleja ante el conflicto intercultural y las situaciones de crisis que continúan desarrollándose en la actualidad.
Lo cierto es que todos estos hechos han incidido de manera importante en la forma en que la población isleña se proyecta como comunidad, al interior del Archipiélago,en cómo establece sus relaciones con las otras poblaciones que lo habitan, y sobre todo, en la manera de crea y recrea una nueva identidad frente a Colombia, y frente a si misma.

De la consolidación de la cultura política a la afirmación de una identidad étnica

Como podemos ver, es a través de estas situaciones de diferencia y choque con el estado colombiano, como se ha creado una cultura política propia de la población isleña, que se ha conformado orientándose hacia la búsqueda de reciprocidad entre el pueblo isleño y el gobierno, y que se fundamenta además en nociones como la igualdad simbólica, la tolerancia religiosa y la capacidad de convivir con las diferencias, sean económicas, políticas o culturales, como históricamente ha sucedido en el Archipiélago. Esta cultura política deja entrever además como han existido dos formas de gobierno que prácticamente se han enfrentado en las islas: la del Estado colombiano que opta por la fuerza como instrumento de poder para gobernar una sociedad desigual -como la del continente- y la propuesta de reciprocidad hecha desde una sociedad más igualitaria -como es la isleña-. (Avella 2002).

Esta cultura política, fundamentada en la igualdad y la reciprocidad, que se ha hecho manifiesta en el descontento de la población isleña hacia el gobierno colombiano, ha sido abordado como un problema de gobernabilidad, el cual ha buscado ser solucionado por medio de la fuerza o la imposición de doctrinas y modelos ajenos a la tradición isleña; tal como ocurrió con el campo de la educación, la iglesia, o la propia economía, que produjeron un sin numero de conflictos, que hoy están a la espera de ser solucionados.

De esta manera las expresiones de esta cultura política isleña pueden considerarse como una manera de hacer frente al proceso de colombianización forzada, pero también como una respuesta al choque intercultural que se ha vivido en la isla, y que en los últimos años se ha intensificado como producto de la crisis económica y ambiental que se vive. Lo claro es que esta cultura política que se fundamenta en una especie de contrato social caracterizado por la búsqueda de la equidad, y que siempre busco llamar la atención al gobierno colombiano sobre la situación de las islas, hoy ha adquirido otro matiz.

Primero, porque además de ser producto de la exigencia del cumplimiento de este contrato social implícito, la cultura política isleña comienza a radicalizarse a partir del recrudecimiento de la crisis en que esta sumergido el Archipiélago. Segundo, porque de las reclamaciones realizadas al Estado colombiano a través del envío de memoriales o de las intenciones de separación, hoy se da un cambio en el discurso, el cual se sustenta en la lucha por la identidad y protección de la población isleña. Este cambio se materializa a través de las organizaciones sociales y culturales de los isleños que funcionan como articuladores del descontento popular. Una característica importante de este viraje discursivo es que ya no solo se objetiviza la responsabilidad en el Estado colombiano y sus instituciones, sino que la culpa y el señalamiento se ha extendido hacia la población continental que ha llegado a la isla como producto de las migraciones agenciadas por el gobierno. Es así como se ha quebrado el estado de convivencia intercultural que hasta hace varios años había caracterizado al Archipiélago, y que nunca antes se había presentado como problemático.

Actualmente la llegada de los continentales o “pañas”-como son denominados en el Archipiélago- ha sido vista como una imposición que logró cristalizar el proceso de colombianización. Igualmente en la opinión de muchos isleños, los continentales son catalogados como las responsables de diferentes procesos que han producido o profundizado la actual crisis en la que se encuentra sumergido el Archipiélago.

La importancia que cobran algunas de las organizaciones sociales isleñas, radica en que ha sido a través de estas como esta situación se ha socializado, pero sobretodo, es a través de ellas como el discurso de la diferencia se ha implementado. Las organizaciones asumen el rol de convertirse en interlocutoras o mediadoras ante el Estado y ante distintos organismos e instituciones tanto nacionales como internacionales, para dar a conocer la situación del Archipiélago y para emprender las luchas en defensa de la identidad isleña.

Esto puede observarse a partir de las innumerables reivindaciones y reclamos que este grupo ha realizado frente al Estado, frente al gobierno local y frente al resto de la comunidad isleña. Dichos reclamos se han caracterizado, primero, por la búsqueda de equidad en el manejo de las relaciones, y segundo, por la búsqueda de mayor participación en aquellos escenarios o situaciones en que las que la población isleña-raizal puede verse afectada. Así, como lo plantea Christian Gros, la organización social y étnica se moviliza en la búsqueda de una mayor participación en la sociedad nacional. Por estas razones se puede establecer que la conformación de esta cultura política propia, ha significado la utilización de la identidad isleña en términos políticos, sobretodo a partir de las acciones de las organizaciones sociales.

El aproximarse a las organizaciones y sus dinámicas, necesariamente se relaciona con la necesidad de abordar la noción y los discursos sobre la identidad isleña-raizal. Esta perspectiva nos invita, igualmente , a observar cómo cada organización posee una noción de identidad de acuerdo con sus intereses y construcciones políticas, las cuales inciden directamente en la manera en que se adscriben e identifican las personas y cómo se establecen las relaciones al interior de la población isleña y con el resto de la comunidad sanandresana. También es importante mencionar que los debates sobre identidad, sobre el ser raizal frente a discursos homogenizadores globales o frente al choque intercultural propio que vive la isla, han sido un motor para la conformación de dichas relaciones. Es importante aclarar que estas organizaciones son diversas y sus objetivos e intenciones políticas pueden diferir bastante unas de otras, negando así la existencia de una cohesión o la existencia de un movimiento social raizal unificado; aun así, lo común es que a pesar de las diferencias, el discurso de la diferencia cultural se mantiene y muchas de las estrategias para implementarlo, se realicen a través de relaciones establecidas con el gobierno central.

La manifestación de la cultura política isleña contemporánea: Una rápida mirada a las organizaciones sociales raizales

Frente a las actuales organizaciones existentes en el Archipiélago se pueden ubicar dos tendencias de acuerdo con su denominación, los mecanismos de auto identificación que son utilizados y también a la manera en que se desenvuelven las organizaciones dentro del Archipiélago y fuera de él, especialmente con respecto al establecimiento de relaciones con el gobierno central.

Estas organizaciones se pueden dividir en: (i) una tendencia radical, formalmente constituida, que se autodenomina “Pueblo Indígena Raizal” y está representada por las Indigenous Native Organizations, en la que se inscriben organizaciones como Amen, Barrack New Face, Infaunas, Ketna, SOS Foundation, SAISOL; y (ii) otra de tendencia más moderada y conciliadora, que se autodenomina “Comunidad Raizal”, representada por organizaciones como Native Foundation e Integración Isleña (cuadro 1).

Cuadro 1. Caracterización de las organizaciones políticas en San Andrés isla.

Intención o derroteros discursivos
Autodenominación
Organización

Separación
Pueblo Indígena Raizal
· Native Indigenous Organizations

· Sons of the Soil - S.A.I.S.O.L.

· Movimiento Amplia Reivindicación

Conciliación e integración
Comunidad Raizal
· Native Foundation

· Integración Isleña

Discursos y prácticas de las organizaciones

Los ejes estructurantes de los discursos del Pueblo Indígena Raizal están construidos en torno al respeto de la diferencia étnica y cultural, al derecho a la libre determinación, a la autonomía territorial y al derecho al libre desarrollo de acuerdo al reconocimiento brindado por la constitución de 1991. Para el Pueblo Indígena Raizal el fuerte choque intercultural es consecuencia de las políticas integracionistas promovidas por el gobierno central, y ha sido el causante de muchas de las situaciones de crisis en el Archipiélago. La autodenominación de indígenas parte de la idea de reconocerse como pueblo originario, diferente del resto que habita el Archipiélago y el territorio colombiano, que además posee una lengua -el creole-, una cultura y unas costumbres propias, lo cual debe legitimar sus derechos sobre el territorio que habitan y al ejercicio de la autonomía sobre éste. Para este sector raizal, esta autodenominación es construida a partir del concepto de nacionalidad de Will Kymlycka (1996), quien plantea la existencia de diferencias entre grupos étnicos y naciones. Para Kymlicka (1996: 112) las naciones son aquellos pueblos que residen en un territorio con anterioridad a la formación del respectivo estado y, por esta misma razón, tienen derecho a ser reconocidas como grupo distinto que ejerce poder y autonomía sobre el territorio que habita.

De otra parte, las nociones que estructuran los discursos de quienes se denominan Comunidad Raizal se fundamentan, si bien en la defensa a su particularidad cultural como raizales, también en el reconocimiento a ser colombianos y parte de una sociedad isleña conformada por distintos grupos étnicos y sociales. La Comunidad Raizal acepta que el Archipiélago sea territorio colombiano –diferente, por ejemplo, al Pueblo Indígena Raizal, que reconoce el Archipiélago como territorio propio- y, en esta medida, acepta su legislación y jurisdicción. Actitud que es evidenciada a través de los constantes mecanismos de concertación y negociación que esta tendencia organizativa siempre ha establecido con el gobierno colombiano.

Las reivindicaciones que realiza la Comunidad Raizal más que enfocarse únicamente al respeto de la diferencia cultural, se centran en la búsqueda de bienestar para la totalidad de la sociedad isleña, a partir de la conciliación y de soluciones puntuales que mejoren la calidad de vida en el Archipiélago. Este es un punto bastante diferente con el Pueblo Indígena Raizal, ya que ante grandes problemáticas como el fuerte choque intercultural y la sobrepoblación, establecen la necesidad de conciliación y búsqueda de soluciones.

La denominación de Pueblo Indígena Raizal deja entrever cómo este sector de la población quiere ser reconocido como originario del Archipiélago y, con ello, de alguna manera pretende demostrar la absoluta legitimidad y derecho a su diferencia, lo cual, para muchas personas, se hace presente en lo sustancial de sus discursos y sobre todo a través del enfrentamiento con el gobierno central desde distintos escenarios y acciones. Desde otra perspectiva, la Comunidad Raizal ha sido vista como el sector que trata de mantener una postura más conciliadora y pacifista, que ha tratado de dejar clara su intención de abordar las crisis y los conflictos como un problema de convivencia, haciéndolo a través de mecanismos formales, sobre todo a través del ejercicio de la política y su participacion en el gobierno central.

Pero esta diferenciación entre el Pueblo Indígena Raizal y la Comunidad Raizal no se da únicamente en la adscripción de las organizaciones o los discursos políticos y relaciones de poder que se manejan. Autodenominarse “indígenas raizales” o “comunidad raizal”, establece diferencias en la manera como las personas se reconocen a sí mismas y con el reconocimiento que le otorgan a los otros. En la actualidad dichas diferencias producen la emergencia de diversos conflictos identitarios, los cuales amenazan la convivencia intercultural que hasta ahora había caracterizado al Archipiélago.

Estas organizaciones actualmente nacen para mediar la relación con el estado y debatir las políticas que sean implementadas desde el gobierno central, por lo que puede decirse que la construcción de la identidad raizal se ha realizado utilizando unos canales predominantemente políticos.

Para ejemplificar esta situación es importante mencionar por ejemplo la existencia de una legislación orgánica especial para el Archipiélago –la Ley 47 de 1993-, que se origina a partir del reconocimiento a las particularidades geográficas, culturales y económicas del archipiélago. Específicamente legitima el derecho de la población isleña-raizal a tener autoridades propias, a tener estos mecanismos de interlocución e instrumentalización formales, formulados desde el mismo estado, que de alguna manera están fortaleciendo esta mediación con el campo de la política formal El Estatuto Raizal, como legislación propia, creada por los isleños y como propuesta que apela a estos canales formales propuestos por el estado, puede verse también como su expresión.

El Desafío

Los procesos de construcción de la cultura política isleña-raizal, vía la negociación con los poderes centrales, sustentan en la actualidad los diferentes discursos sobre la identidad isleña-raizal. En estos términos podría decirse que los actuales discursos que sustentan la identidad raizal se han construido como respuestas frente al choque socio-cultural que produjo la colombianización, y que ha encontrado en la política el mejor canal de expresión.

Como consecuencia de este largo proceso se puede establecer que la identidad isleña-raizal como “Ideología étnica” -en los términos que lo propone Cardoso (1992)- se hace manifiesta en el ejercicio de la política. Esta situación se puede demostrar a través de los usos y apropiaciones que las organizaciones sociales y étnicas de la isla han implementado sobre el discurso de la diferencia cultural y por medio de las innumerables expresiones políticas realizadas por la población isleña en esta misma dirección.

En el transcurso de este texto fueron descritas varias de las situaciones en las que los isleños manifiestan continuamente su descontento ante la manera en que estaban y están siendo gobernados, reclamando el derecho a su diferencia étnica y cultural, y a la necesidad de encontrar equidad y reciprocidad en la relación establecida entre el gobierno central y los pobladores del Archipiélago. Estas diferentes manifestaciones que trataron de enfrentarse a los procesos de absorción cultural promovidos desde el gobierno central son una muestra de la cultura política propia que rechaza el poder y la integración por medio de la imposición.

¿Pero realmente ha sido este mecanismo de identificación a través de la política, el que mejor resuelve las innumerables situaciones que han afectado a la población raizal?

Por mucho tiempo, a pesar de las innumerables situaciones de conflicto socio-cultural producto de la colombianización, la convivencia intercultural en el Archipiélago se hizo latente. Hoy en día las diferencias se hacen más fuertes, en la medida en que la crisis y el conflicto se recrudecen, y aunque finalmente la convivencia permanece, esta se encuentra seriamente amenazada.

Un problema que amenaza la convivencia intercultural isleña se relaciona con la manera como las organizaciones sociales y étnicas de la isla han utilizado e interpretado los mecanismos formales propiciados por el gobierno central, para construir diversas ideologías e identidades étnicas que han servido como plataformas de lucha política. Es así como, en el contexto cotidiano de las diferentes poblaciones que habitan la isla esta dinámica ha dificultado la tradicional apuesta isleña por la convivencia intercultural. Desde este punto de vista, paradójicamente, el discurso de la “diferencia cultural”, en un contexto de competencia por la representación política frente a un lejano y discontinuo poder nacional, ha producido un ambiente de conflicto y segregación cultural.

Otro problema en este mismo sentido tiene que ver con los distintos términos que se utilizan, en la actualidad, tanto desde adentro como desde afuera del Archipiélago para denominar a la población raizal, ya sea pueblo, comunidad, clase, grupo étnico o población. Este aspecto se ha convertido en uno de las más grandes obstáculos y retos a los que hoy se enfrenta la convivencia y la unidad de las diferentes organizaciones raizales. La falta de conciliación respecto a su propia denominación inevitablemente ha influido en los actuales procesos de autoidentificación y autoadscripción que son los que finalmente establecen diferencias en la manera en que las personas se están reconociendo a sí mismas y en la manera en que reconocen y se establecen relaciones con los otros.

Los problemas anteriores evidencian que los mecanismos bajo los que han operado las organizaciones étnicas y sociales raizales no han sido los más apropiados para mejorar las condiciones de negociación frente a los poderes centrales, porque, además de contraponerse a la naturaleza intercultural del Archipiélago, han creado rupturas y diferencias al interior de la misma población raizal.

El conflicto no radica en el reconocimiento a la diferencia, porque ésta es la naturaleza misma de la identidad, sino en la manera en que la identidad raizal se ha instrumentalizado desde la política. La identidad representa el encuentro, el choque, el enfrentamiento, la tensión, el conflicto, que se construye a través de la diferencia, nutriéndose de ella, no desconociéndola o desvirtuándola. Lo problemático con la identidad raizal es que esta se ha construido desde la política primordialmente y, por lo tanto, ha coartado su naturaleza libre y dinámica y dificultado su aceptación por la mayoría del grupo cultural.

Igualmente, vale la pena señalar que en la medida que desde las organizaciones sociales han realizado una determinación de la identidad raizal sobre la base de la segregación y la exclusión de los otros grupos que habitan el Archipiélago -en su mayoría afrocaribes también- se ha chocado con el sentido de igualdad y reprocidad de la sociedad isleña que históricamente es la que impide la segregación entre la gente del Caribe. (Avella: 2001).

Si la cultura política isleña en un inicio se conformó como respuesta a las imposiciones realizadas por el Estado colombiano, y fue sustentada en ideas de reciprocidad e igualdad, hoy su transformación –en cabeza de las organizaciones sociales- se presenta como problemática, y más que presentar soluciones reales a los múltiples problemas que se presentan en el Archipiélago, los ha agudizado; en la medida en que han creado un nuevo conflicto: la ruptura de la convivencia a partir del establecimiento de diferencias entre isleños raizales y continentales, situación que se ha fortalecido en razón de las acciones emprendidas por las organizaciones sociales como extensión de la cultura política propia.

Pero vale la pena decir que el problema de la ruptura de esta convivencia intercultural, no es solo culpa a la manera como han actuado las organizaciones raizales. Porque sus reivindicaciones y luchas, han sido justamente creadas como respuesta a un conflicto, que no solo se ha conformado a través de la diferencia cultural de las diferentes poblaciones que hoy habitan la isla. Sino un conflicto originado en razón del monopolio de las actividades comerciales y de la apropiación de la mayoría de los recursos económicos, por un sector de la población, una elite, que excluye tanto a la población isleña como a la caribe continental, y que casi nunca es percibida como actor y responsable en este conflicto.

Es a esta diferenciación económica real y concreta que se opone el principio básico de la cultura política de la isla: el de la creación de un igualitarismo simbólico que independientemente de las diferencias sociales y económicas reales preserva la igualdad como el elemento simbólico que asegura la cohesión social, frente a la desigualdad que la destruye, la cual ha permitido la convivencia dentro de la diferencia.

Hoy como hemos visto, comienza a existir un ambiente menos convivial en las islas. Un ambiente marcado por el recrudecimiento de las diferencias, que ha surgido, y digámoslo con franqueza, se ha potencializado a partir del mismo reconocimiento constitucional y la entrada en vigencia de un marcado discurso que defiende la particularidad étnica y cultural., que por lo demás tiene consecuencias sobre la construcción de identidades, las confrontaciones a las que se ven sometidas las minorías étnicas, la manera en que se relacionan con otros grupos y las dinámicas que demarcan sus procesos de inserción en la sociedad nacional. Creo que las problemáticas sobre la identidad y la etnicidad, son elementos que nos conllevan a reflexionar sobre cómo se configuran los procesos de construcción de nación que hoy oscilan en una dicotomía, actuar en razón tanto del reconocimiento y la autonomía, como el fortalecimiento de un proyecto de estado-nación.

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[1] Por cultura política se entiende el conjunto de conocimientos, sentimientos, representaciones, valores, costumbres, actitudes y comportamientos de determinados grupos sociales, partidos o movimientos políticos, con relación al funcionamiento de la acción política en la sociedad, a las fuerzas de oposición, a la relación con el antagonista político. Lopez de la Roche: 2001. En este caso, en el desarrollo de este texto veremos como se puede llegar a conformar un cultura propia de la población isleña raizal.

[2] La noción de igualdad más que representar igualdad formal o material, es una filosofía, una forma de pensamiento que ha caracterizado a la cultura isleña. El igualitarismo fue la ideología de la sociedad isleña a partir de la abolición de la esclavitud, y se formulaba en los términos establecidos por la iglesia bautista, la cual a su vez recogía, los antiguos ideales sociales de los puritanos calvinistas que inicialmente poblaron el Archipiélago. Nina Sánchez de Friedmann estableció que esta igualdad que caracteriza a la cultura isleña proviene de dos aspectos. De la práctica protestante bautista que se caracterizo por incluir a todas las personas, particularmente a aquellas personas que fueron esclavizadas en un momento, y segundo por el tipo de organización social propia de los grupos africanos, que se han caracterizado por su cohesión tanto a nivel familiar como grupal. Esta filosofía del igualitarismo como lo denomina Isabel Clemente fue promovida por el credo bautista, “que le convenía perfectamente a la nueva sociedad que se estaba formando ante la desaparición de la esclavitud” (Clemente 1991:55). Uno de los pilares de ese igualitarismo fue la educación, abierta a todos e instrumento fundamental de la evangelización. Y con la estrecha relación entre la religión y la educación esta filosofía se promovió y acepto notablemente.

Lo que demuestra P.J. Wilson en un famoso trabajo de doctorado Crab Antics, publicado en 1972, traducido por la Universidad Nacional, Sede Caribe, como “Las travesuras del Cangrejo” y que funda una nueva vision de la Etnologia del Caribe.

[3] Para 1965 un memorial firmado por varios isleños fue remitido a la Corona británica solicitando la soberanía de Inglaterra sobre las islas; posteriormente, en 1972, un grupo de isleños residentes en Nueva York, autodenominados Comité Pro-Independencia de San Andrés, elevaron una petición a la comisión de descolonización de las Naciones Unidas para obtener su separación de Colombia bajo la forma de un estado llamado Federal Republic of Old Providence, por considerar que las islas se encontraban en condiciones de dominación.

Este movimiento consiguió hacer llegar a la Organización de Naciones Unidas un documento respaldado por más de diez mil firmas, donde se presentaba el caso del pueblo isleño como víctima del colonialismo –en este caso colombiano- y se proponía la creación de un estado autónomo, soberano e independiente.