Por:Inge H. Valencia, Antropóloga, profesora de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Icesi.
Redacción: El País

La experta en el conflicto nos hace reflexionar sobre la degradación de los grupos armados frente a los pueblos indígenas.

Hace dos semanas un número aún no establecido de indígenas pertenecientes a la etnia Awá fueron asesinados por las Farc, en un condenable hecho que se suma a muchos otros. En nuestra memoria también están nombres de diferentes lugares de la geografía nacional como Chengue, Trujillo, el Salado, Mapiripán, donde han muerto a manos de los grupos armados cientos de campesinos, indígenas y afros, convirténdo a la población civil en el mayor aportante de víctimas al conflicto colombiano.

Para el caso de la población Awá y de las poblaciones indígenas en general, la postura frente al conflicto armado y sus actores ha sido clara: no involucrarse, lo cual significa no colaborar con ninguno de los actores generadores de violencia dentro de sus territorios, ser neutrales. Postura que, aunque ha protegido a dichas comunidades de una violencia generalizada, también ha significado el asesinato de cientos de personas. En medio del conflicto y del fuego cruzado, mantenerse al margen se convierte en argumento suficiente para señalar al otro como colaborador del enemigo.

Esta postura, defendida por varias poblaciones indígenas, fue vulnerada en el caso de los Awá, en la medida en que su territorio (ubicado en zona selvática del departamento de Nariño), se convirtió en lugar de disputa entre el Ejército, las Farc, grupos paramilitares y los narcotraficantes. No fue sino cuestión de tiempo para que, en medio del conflicto y un complejo entramado de intereses, las poblaciones indígenas fueran las que pagaran el precio de la guerra.

A pesar de las propuestas hechas por algunos líderes Awá, quienes solicitaron el traslado de varias poblaciones para evitar quedar en medio del fuego cruzado, y de la alerta temprana realizada por la Defensoría del Pueblo, que avisaba sobre el peligro que corrían los cabildos señalados como objetivo militar, la masacre fue perpetrada el 4 de febrero bajo el argumento que se realizaba “contra personas que, independiente de su raza, religión, etnia, condición social, aceptaron dinero y se pusieron al servicio del Ejército en un área que es objeto de un operativo militar” (comunicado oficial columna Antonio José de Sucre, FARC-EP, febrero 11 de 2009).

Este hecho demuestra una vez más cómo se irrespetan los derechos, no sólo de las poblaciones indígenas, sino de cualquiera que se niegue a participar en el conflicto armado colombiano. Comparto la opinión de la ONIC en que este episodio demuestra lo urgente de los compromisos humanitarios que señalan la necesidad de exigir “…el respeto a la población civil, el derecho a la neutralidad en medio de las confrontaciones militares y el cese de hostilidades no sólo en territorios étnicos sino en todo el país” (comunicado ONIC, Febrero 17 de 2009) porque, contrario a lo que anunciaron las Farc, la muerte de ningún civil se justifica, independientemente de su etnia, raza, género o religión.