Por:Pedro Pablo Sanabria, Director de POLIS
Redacción: El País

La congestión judicial ha sido identificada como uno de los principales factores de la baja efectividad de la justicia colombiana. Diversos analistas han mostrado, por el lado de la oferta, cómo nuestros jueces se enfrentan a más casos de los que pueden atender eficazmente con los recursos a disposición. En términos de demanda, los estudios han encontrado, sin sorpresa, que los colombianos somos conflictivos y litigiosos.

Las demoras en la atención judicial tienen profundos efectos negativos y propician, desde el punto de vista de la actividad económica: inestabilidad jurídica, incumplimiento de contratos, mayores costos de transacción y el detrimento de la inversión privada, entre otros.

En términos sociales se deteriora aun más la ya débil convivencia ciudadana, en la medida en que estimula los ajustes de cuentas personales, el uso de la violencia y empeora el asinamiento de las cárceles. Y, como resultado de todo lo anterior, se deteriora la credibilidad del aparato judicial, catalizando el círculo vicioso de la violencia en nuestro país.

En Cali, por el atentado contra el Palacio de Justicia, el represamiento en las instancias judiciales se agravó. Si bien, con anterioridad al atentado, la ciudad ya presentaba una de las mayores tasas de congestión a nivel nacional, tras este hecho buena parte de los juzgados caleños no ha podido volver a operar; ni siquiera en unas condiciones mínimas, por cuenta de las necesarias refacciones al Palacio de Justicia.

En consecuencia, la línea de producción se cerró, cientos de audiencias y miles de casos se encuentran represados. De acuerdo con importantes actores de la justicia la cifra puede ascender a más de 50.000 casos embotellados. La situación aparece tan complicada que algunos han solicitado la declaración de la emergencia judicial como medida para agilizar el paso de la justicia.

Es claro que se requieren urgentes medidas gerenciales que faciliten la ubicación de unos 60 juzgados que faltan por ubicar. Por sus implicaciones, la solución de este problema debe ocupar un lugar prioritario en la agenda pública. Por la magnitud del problema, este es un asunto de importancia nacional que necesita un compromiso concreto del nivel central.

Es importante que las autoridades, locales y nacionales, tomen medidas urgentes que permitan solucionar el problema de ubicación espacial de los juzgados faltantes y brindar los requerimientos tecnológicos para los que ya encontraron oficina, pues no cuentan con teléfonos, redes o impresoras para operar apropiadamente.

En el caso de los juzgados aun sin ubicación, se podría, como han solicitado algunos, buscar la colaboración de entidades públicas que cuenten con instalaciones adecuadas para que sean habilitadas para la operación judicial mientras se termina el proceso de reconstrucción del edificio del palacio de justicia.

Pero, más allá de la coyuntura actual, es importante avizorar que, a largo plazo, se requiere un mayor estimulo a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos que no sólo tendrían la virtud de ayudar a descongestionar los juzgados sino también propiciar mejores niveles de convivencia entre los vallecaucanos.