PRESENTACIÓN
Rafael Silva Vega, Ph.D
Editor invitado, Universidad Icesi, Cali, Colombia. agosto 09 de 2016
Presentación
Este año se conmemoró el vigesimoquinto aniversario de la Constitución Política de Colombia. Durante las elecciones de 1990, un movimiento de estudiantes universitarios, al proponer la llamada ''séptima papeleta'', empujó al gobierno de turno a convocar nuevas votaciones para crear la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Carta de 1991. Antes de estas dos décadas y media el país traía a cuestas, como ahora, las atrocidades, los asesinatos, agresiones, ataques a la propiedad y el terror de la violencia política devenido de uno de los magnicidios más recordados por los colombianos: el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán. En aquella época, como ahora –aunque en sus nuevas formas–, el país estaba atravesado por la pobreza, la desigualdad social y económica y la discriminación de toda laya. A lo cual se sumaron, según relatan algunos estudios, cerca de 300.000 muertos y casi dos millones de desplazados producto de la Violencia, en una sociedad que alcanzaba los 11 millones de habitantes (Rueda Bedoya, 2000).
Estos acontecimientos, que marcaron a fondo el destino de Colombia en la segunda mitad del siglo XX, se entretejieron en el tenso contexto internacional de la Guerra Fría, definido en América Latina por la revolución cubana (1959), la revolución nicaragüense (1979), el conflicto político en El Salvador y las consecuentes intervenciones militares norteamericanas en la región, amén de las dictaduras militares del Cono Sur. De tal forma que América Latina vivió, en este periodo, en medio de conflictos, golpes militares, reformas políticas y económicas; así también, en un proceso de diversificación de las capas medias y del proletariado, como del crecimiento de las urbes –por efecto del aumento de la población y el desplazamiento de los campesinos a las ciudades–, que influyó directamente en la configuración de nuevos actores y movimientos sociales involucrados en el acontecer político de los distintos países.
En 1957, para poner fin al conflicto y a sus nefastas consecuencias en Colombia, los partidos tradicionales, actores centrales de la Violencia, pactaron alternarse en el ejercicio del poder y dividirse los cargos burocráticos del Estado, por igual, durante 16 años. Este acuerdo, concebido para poner fin al conflicto bipartidista, fue llamado el Frente Nacional. Se estima que con él más de diez mil guerrilleros liberales dejaron las armas y fueron perdonados (Henderson, 2006). Sin embargo, debido a una inadecuada solución del problema agrario por parte de las élites del país, a la no reparación de miles de víctimas desplazadas y despojadas de sus tierras por la Violencia, y a la falta de una respuesta apropiada por parte del Estado a las desigualdades estructurales que afectaban a la población, el conflicto persistió, se transformó y se degradó –con ayuda del narcotráfico y la corrupción– aún después de finalizada la Guerra Fría y de proclamada la Constitución Política de 1991.
Lamentablemente, la gran mayoría de los ciudadanos colombianos no conoce estas historias o se ha formado opiniones muy sesgadas y simplificadas sobre ellas. Las viejas generaciones, que fueron víctimas directas de la Violencia, contaron a sus hijos esa dolorosa experiencia, y estos últimos a sus descendientes, quienes ahora se acercan a ese pasado histórico a través de lo que les informan la escuela, los libros de los historiadores e investigadores sociales, y los medios de comunicación. En las tres últimas décadas el conflicto se desbordó y la barbarie se recrudeció en el campo y las ciudades, afectando a unos de forma directa y a otros solo indirectamente; pero, al fin y al cabo, con consecuencias para todos. En 2013, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) observó que entre 1958 y 2012 el conflicto armado colombiano dejó al menos 220.000 personas asesinadas, 25.000 desaparecidas y 4.744.046 desplazadas. En 2014 la Unidad de Victimas registró un total de 6.043.473 víctimas del conflicto en Colombia desde 1984. A estas cifras deberían agregarse la desigualdad, exclusión, corrupción, pobreza e intolerancia, entre muchos otros fenómenos sociales asociados al conflicto.
No obstante, de la época de la Violencia a la Constitución Política de 1991, la historia contemporánea de Colombia también registró intentos de apaciguar el conflicto, de tramitar acuerdos políticos por la paz como el Frente Nacional, o el que se logró el 2 de noviembre de 1989 entre el M–19 y el Gobierno Nacional, entre otros. Aun así, está mirada en retrospectiva sobre el devenir del conflicto colombiano, nos enseña lo fácil que es incentivar la violencia y la destrucción que, al parecer, nos ha sido más expedito el camino para fomentar la intolerancia, la corrupción y la injusticia; y que, aunque nos cueste reconocerlo, es mucho más difícil llegar a salidas negociadas a nuestras rencillas y odios, y a la consolidación de una sociedad más igualitaria. Y, lo que es peor aún, si bien hemos logrado hacer inflexiones en esta historia del conflicto, logrando acuerdos de paz, se nos ha dificultado –a sabiendas de que nunca van a cesar las diferencias y los desacuerdos entre nosotros, y que es mejor que así sea– el hecho mismo de la construcción de la paz.
Ahora que estamos en la recta final de una larga y compleja negociación para lograr un acuerdo de paz con las FARC –pacto que mientras es visto con buenos ojos en el contexto internacional, paradójicamente, es motivo de división entre los colombianos–, conviene llamar la atención acerca de la urgente necesidad que nos impone pensar cómo, de consolidarse el acuerdo, en adelante, en las décadas que siguen, construir la paz y hacerla estable y duradera.
En sintonía con esta preocupación, que es de gran momento para el país, fue que la Revista CS le apostó a construir este número titulado Sociedades en conflicto y construcciones de paz. El lector se encontrará con trabajos investigativos que indagan por las estrategias discursivas de aquellos que critican y se oponen al proceso de paz con las FARC en Colombia, o que evidencian el aporte del diálogo interreligioso para la consolidación de una paz duradera en un plano más universal –como los de Juan Manuel Caicedo Atehortúa y Dana Rosenzvit–; otros indican la necesidad que tienen las administraciones locales de construir diagnósticos integrales que contribuyan a un mayor nivel de goce efectivo de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto colombiano –así lo plantean Mariana Castrellón y Catherine Romero Cristancho–. Cécile Mouly y Maira Ixchel Benítez Jiménez muestran, desde la experiencia de Guatemala, la importancia de la participación de los grupos minoritarios y marginados y de la comunidad activista–legal, para la construcción de paz en el posconflicto; y el enfoque transversal del artículo de Juan David Luján Villar revela el aporte de la música en la consolidación de una paz duradera. Finalmente, evidencian la necesidad de evitar la violencia para poder comprender la paz, en cualquier contexto o en el específicamente colombiano, los trabajos de Amarela Varela Huerta y Amador Fernández Savater, y el de José Gregorio Pérez.
CS agradece a todos los autores e investigadores que hicieron parte de esta convocatoria, conscientes de que sus trabajos son de gran valor para la comprensión de las circunstancias actuales, y los invita a seguir colaborando en este proyecto que es, de algún modo, una forma de contribuir a la construcción de paz en Colombia.
Referencias
Rueda Bedoya, R. (2000). ''El desplazamiento forzado y la pacificación del país''. En Enfoques y metodologías sobre el hábitat: memorias de una experiencia pedagógica. Ensayos Forum, No. 15. Medellín: Universidad Nacional de Colombia.
Henderson, J. D. (2006). La modernización en Colombia: Los años de Laureano Gómez, 1889–1965. Colección Clío. Colombia: Editorial Universidad de Antioquia.