De lo global a lo local en los repertorios de acción de las organizaciones negras frente al conflicto armado en Buenaventura¹

Adriana Espinosa Bonilla

Universidad del Valle, Colombia adrianespinos@yahoo.com.

Artículo de investigación recibido el 31/01/2011 y aprobado el 27/04/2011

Resumen

Este artículo examina los efectos del conflicto armado sobre la población negra en Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia y los repertorios de acción desarrollados por las organizaciones negras en ese contexto en el período de 2000-2009. Simultáneamente analiza el uso de las escalas local y global para la acción colectiva del actor Proceso de Comunidades Negras -PCN.

Palabras clave: Repertorios, Escalas Global y Local, Conflicto Armado, Actor-red, Organizaciones Negras

Abstract

From Global to Local in the Action Repertoire of the Black Organizations in the Midst of the Armed Conflict in Buenaventura

This article examines the effects of the armed conflict over black people in Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia and the action repertoires developed by black organizations in this context in the period of 2000-2009. At the same time, it analizes PCN’s use of teh local and global scales in their collective action.

Key words: Repertoires, Local and Global Scale, Conflict Armed, Actor Network, Black organizations

Resumo

Do global ao local nos repertórios de ações das organizações negras diante do conflito armado em Buenaventura

Este artigo examina os efeitos do conflito armado entre as populações negras em Buenaventura (Valle del Cauca, Colômbia) e os repertórios de ações desenvolvidos pelas organizações negras no período 2000-2009. Assim mesmo, analisa a ação coletiva do Processo de Comunidades Negras/PCN nos âmbitos local e global.

Palavras-chave: Repertórios, Âmbitos global e local, Conflito armado, Ator-rede, Organizações negras

Introducción

El conflicto armado en el municipio de Buenaventura ha constituido un factor desestabilizador del proyecto de territorialidad de las comunidades lideradas por el actor-red denominado Proceso de Comunidades Negras- PCN. Frente a los graves efectos de esta guerra, entre los que se cuentan el desplazamiento forzado de gran parte de la población, las masacres en los espacios rurales y urbanos, el desalojo, la ocupación dirigida de los territorios por los actores armados, el asesinato selectivo de líderes y personas pertenecientes a los consejos comunitarios² y la cooptación forzada y voluntaria de los jóvenes a los grupos y ejércitos al margen de la ley, entre otros, las organizaciones negras han dirigido y revitalizado su acción hacia la protección y conservación de sus territorios y la defensa de la vida y los Derechos Humanos de sus habitantes, tanto a nivel urbano como rural. Sus estrategias han variado desde el uso de repertorios como las marchas, campañas, manifiestos, firma de peticiones, entre otras, hasta repertorios de confrontación como las tomas de edificaciones, denuncias internacionales, bloqueos de tráfico y obra, entre otros. Aunque los repertorios no son en sí mismos novedosos, lo que sí constituye un logro del actor-red PCN es la utilización de las escalas global y local con las cuales ha establecido coaliciones con aliados poderosos, que han logrado potencializar la acción colectiva con resultados exitosos. Entre estos resultados se cuentan la inclusión de la población afrocolombiana con derechos especiales en las leyes y decretos sobre población desplazada, los planes de contingencia frente al conflicto, los planes de retorno de población desplazada y las sanciones y recomendaciones realizadas al Gobierno colombiano por parte de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH– y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han incidido de manera importante en la formulación de políticas públicas para la población afrocolombiana.

El argumento central de las organizaciones, que coincide con las investigaciones más recientes (Escobar, 2008; Oslender, 2008; Restrepo, 2005; Castillo, 2007), consiste en concebir el conflicto armado en esta región como una estrategia del capital transnacional, apoyado por inversionistas nacionales y por sectores económicos y políticos dominantes en Colombia, dirigida a desalojar y expropiar a las comunidades negras de sus territorios con el objetivo de utilizarlos para explotación de recursos naturales y la construcción de mega-proyectos para fortalecer la capacidad portuaria y de transportes a nivel nacional y continental. Pese a que los intereses sobre la región son principalmente económicos, lo que se pone en juego es la supervivencia de grupos étnicos, que han convivido en sus territorios, hasta hace poco "invisibilizados", pero que, recientemente, han cobrado protagonismo político en la nación como sujetos de derechos especiales.

En este artículo se describirán algunas de las consecuencias del conflicto armado en el municipio de Buenaventura y se analizarán los repertorios de acción desarrollados a escala local y global por el actor-red PCN, para hacer frente a dicho problema.

El Proceso de Comunidades Negras-PCN

Como resultado del proceso que generó la Constitución de 1991, aparecen en el escenario político nacional nuevos actores, entre los cuales podemos mencionar a las minorías negras organizadas. Aunque el proceso organizativo de las poblaciones negras empieza a consolidarse a partir de los años setenta del pasado siglo, es posible afirmar que en el período comprendido entre finales de los ochenta y la década del noventa, se configuró un actor reconocido como Movimiento Social de Comunidades Negras. La movilización, sin precedentes históricos, en torno a los nuevos derechos de las poblaciones negras, adquiridos en la carta constitucional, señaló un cambio en la acción colectiva y una nueva forma de relación entre el Estado y la sociedad civil organizada en torno a los derechos de las minorías étnicas. El Proceso de Comunidades Negras o PCN surge como resultado de esta nueva relación y recoge los principios que una vez fueron enarbolados por el movimiento social.

El PCN nace en 1993, durante las discusiones entre las diferentes instancias representativas de las poblaciones negras y del, hasta entonces denominado, Movimiento Social de Comunidades Negras, quienes no logran unificar una propuesta a nivel nacional que recoja estas expresiones. Debido a esto, un sector de representantes entre los que se cuentan los de la Costa Pacífica Sur, la Costa Caribe y algunos sectores del Norte del Cauca, deciden organizarse bajo la forma de "proceso" y abanderar la titulación colectiva de territorios y la defensa de los principios de territorialidad y de identidad de las poblaciones negras por ellos representadas.

Actualmente, el PCN es una actor-red que cobija cerca de 120 organizaciones de base y de ley a nivel regional y nacional, entre las cuales las más representativas son los Palenques, contándose entre ellos el Palenque Alto Cauca, Palenque Kusuto, Palenque Nariño y Palenque El Congal-PEC (ver Anexo No. 1). Este último, opera a nivel del municipio de Buenaventura y recoge a su vez los consejos comunitarios de las cuencas de los ríos Yurumangui, Calima, Alto y Medio Dagua, Mayorquín, Raposo, Consejo Mayor de Anchicayá y las zonas de Puerto España, Miramar y Bahía Málaga. Del mismo modo, pertenecen también al PEC seis organizaciones étnico-territoriales, varios colectivos urbanos y cuatro equipos técnicos (Derechos Humanos, Territorio y medio ambiente, Educación y Género) (ver Anexo No. 3).

La guerra en la ciudad

El territorio del Pacífico ha sido objeto, desde la época colonial hasta nuestros días, de la explotación indiscriminada de sus enormes recursos mineros y maderables. Dichos recursos, al parecer, aún hoy no han sido agotados. Mientras el interés en sus riquezas se renueva en el presente siglo, las poblaciones negras que han habitado por siglos este complejo sistema de ríos, esteros y selva fluvial están siendo expulsadas y diezmadas por la acción de los actores armados en su lucha por el control territorial.

La confrontación armada actual, que tiene móviles económicos vinculados con las rutas de comercialización de la coca y el interés de explotación de sus recursos, ha instaurado un nuevo orden por fuera del institucional y ha involucrado y cooptado, voluntaria e involuntariamente, a una gran masa de población.

Las declaraciones del extinto jefe paramilitar Carlos Castaño, según las cuales los comerciantes del Puerto, ante el acoso de las extorsiones a las que eran sometidos por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC, son los que piden y pagan la presencia de los grupos paramilitares en el casco urbano de Buenaventura (Chaparro, 2009), pone en entredicho algunas de las hipótesis acerca de la explicación del advenimiento de este actor armado en el Puerto.

Por un lado, existe la versión de que a raíz de los secuestros realizados por parte del Ejército de Liberación Nacional-ELN y las FARC, (Casos de La María, KM 18, Diputados de la Asamblea Departamental) entre 1999-2002, se recrudece la acción de las Fuerzas Militares en las zonas a donde fueron llevados los plagiados, ubicadas en la parte alta de los ríos Naya y Yurumanguí en el municipio de Buenaventura. Así mismo, se sostiene que ante la incapacidad del Ejército de someter a la guerrilla, entran los grupos paramilitares a tratar de ejercer el control.

Por otro lado, una segunda explicación estaría asociada a la expansión paramilitar y a los efectos del Plan Colombia sobre las regiones cultivadas de coca, que hicieron que la presencia paramilitar se "desplazara" en busca de nuevos "nichos" de poder relacionados con el control del comercio del narcotráfico y de la economía ilegal vinculada a la puesta en marcha de Mega-proyectos en la región del Pacífico. En esa nueva estrategia el frente Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC pretendía controlar la zona alta de las cuencas del municipio, que conectan el mar con la zona del Valle del Cauca y norte del Cauca y que se convierte en un corredor estratégico para los grupos armados. Esto con el objetivo final de controlar las vías de comunicación entre Cali, el Puerto de Buenaventura y desde luego la salida al mar (Guzmán et. al., 2007).

A pesar de la escalada de muerte que dejó como resultado las masacres del Alto Naya y El Firme, las características de la zona rural no facilitaron el posicionamiento de las AUC.³ Ante este hecho, terminan por replegarse en el casco urbano en el que encuentran redes de apoyo, sobre todo de la Fuerza Pública.⁴ Luego de la desmovilización de las AUC ocurrida a finales del 2004, las FARC retomaron el control de algunas zonas de la ciudad, de las que habían sido expulsadas en el 2001. Ante la inoperancia del programa de desmovilización del Gobierno, muchos de los paramilitares no se desmovilizaron de forma real, es decir al parecer entregaron las armas, pero siguieron delinquiendo al servicio de las bandas del narcotráfico o ejerciendo control como paramilitares no desmovilizados.

Finalmente, las AUC logran establecerse en gran parte de la comuna 12, que ocupa una porción de la zona continental de la ciudad y a su vez tienen comunicación por esteros y quebradas con la bahía de Buenaventura y las bocanas de los ríos de Anchicayá y Dagua, así como a la zona de la carretera Cabal Pombo. Por su parte, las FARC controlan algunos barrios de la isla Cascajal y la zona continental. De las 12 comunas del Puerto cerca de 10 están bajo el control de alguno de los grupos armados⁵ (ver Mapa No. 1).

Si el panorama rural resulta complejo en términos de las particularidades geográficas, en el escenario urbano confluyen factores que a veces están relacionados con aquel, pero que son elementos únicos propios de la ubicación del Puerto. En esencia se trata del espacio en el cual se han consolidado todos los factores y variables que hacen posible el conflicto en la región. Este escenario es tan complejo, que presenta dos fenómenos relacionados con el conflicto armado que son muy poco frecuentes a nivel nacional. Por un lado está el microdesplazamiento dentro de la ciudad y, por el otro, el alto número de masacres en el espacio urbano.

De acuerdo con lo señalado por María Victoria Uribe (2004), existen dos rasgos comunes entre las masacres del período de la Violencia del siglo XX y las del conflicto contemporáneo: los espacios donde ocurren, que son eminentemente rurales, y los actos atroces. Al parecer Buenaventura cumple parcialmente con el primer rasgo, puesto que un número importante de masacres ocurren en el espacio urbano.⁶ Esto podría tener explicación en los fuertes vínculos campopoblado, que hacen que la movilidad de la gente, entre uno y otro espacio, los convierta en blanco de la violencia, ya sea en la ciudad o en los ríos.

La crisis de los desplazados es mayor en el casco urbano de Buenaventura donde los actores armados se disputan de manera literal, calle a calle y cuadra a cuadra, su control sobre el territorio. Después de la escalada de las AUC, entre el 2000-2003, este grupo logró el control relativo sobre el casco urbano del municipio y particularmente sobre la zona continental de la ciudad. Sin embargo, como este grupo vivió un proceso de desmovilización, perdió durante el período del 2004-2005, cierto control sobre las áreas urbanas y el vacío dejado por sus estructuras, fue ocupado rápidamente por otros grupos y capitalizado por la guerrilla de las FARC, para reclutar jóvenes milicianos en las comunas. Posteriormente, en el 2007, llega un nuevo contingente paramilitar al Puerto que intenta recuperar el terreno perdido e inicia un nuevo período de confrontación que continúa hoy en día (Defensoría Delegada para la Evaluación de Riesgos en la Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado, SAT, 2008).

El re-posicionamiento de los actores varía, pero esencialmente las FARC logran consolidarse en la zona rural tomando el control de las áreas de cultivo y las AUC desplazan a las FARC de gran parte de la zona urbana, sobre todo la zona continental de la ciudad, donde pueden tener el control de la salida de la droga. Esta distribución explicaría la dinámica del conflicto en la región. Mientras la guerrilla controla el tránsito en los corredores fluviales, los grupos de autodefensa actúan como tapón para ese tránsito, al controlar el Puerto y el corredor marítimo. Así, los enfrentamientos se concentran sobre esas "puertas" que comunican la porción continental del municipio con el mar. No en vano la zona urbana es la que presenta mayor número de hechos de conflicto en el período estudiado (ver Gráfico No. 2).

Para el PCN en particular, el posicionamiento y acción en la zona urbana se debe a que gran parte de la población de los territorios colectivos se desplazó a la ciudad. Muchos de los líderes de los consejos comunitarios rurales hicieron un seguimiento a las familias que se habían desplazado y promovieron y cogestionaron el retorno a la zona rural. Las gestiones hechas por los consejos comunitarios de Calima, Anchicayá y Naya, garantizaron el retorno de una parte de la población. Sin embargo, como ellos mismos lo expresan, la mayor parte de ella se quedó en el Puerto o migró a otras ciudades como Cali. Las familias desplazadas se establecieron en las comunas 11 y 12 principalmente, en zonas colindantes con esteros o de bajamar, el crecimiento demográfico de la ciudad, del 21% en menos de 10 años,⁷ da cuenta de este gran impacto. Aunque esto resultó una salida momentánea, al lado de la población llegaron también los actores armados. El estigma de los vínculos con la zona rural, hizo que muchos de los desplazados fueran revictimizados en sus lugares de llegada. Muchos de los asesinatos y masacres en la zona urbana ocurrieron gracias al señalamiento de los desplazados como aliados de la guerrilla y como si esto fuera poco, muchos de los desplazados ubicados en la ciudad, tuvieron que volver a desplazarse dentro del mismo casco urbano. El conflicto, pues, se trasladó de los ríos a las comunas de Buenaventura.

Por otra parte, existe un efecto de baja intensidad y de largo plazo, que podría señalarse como grave y definitivo: el deterioro de las relaciones de vecindad entre los habitantes del área urbana y en especial el clima de desconfianza para con la gente que llega de los ríos. Esto produce como consecuencia un aislamiento de la gente desplazada, que rompe los fuertes vínculos de confianza y solidaridad característicos de la región.

La magnitud de la tragedia

Son tres los fenómenos que resumen la fenomenología del conflicto armado en el período comprendido entre los años 2000-2009 en el Distrito Especial Portuario de Buenaventura: deslocalización, victimización y usurpación de los espacios.

El concepto de deslocalización se adapta de la teoría desarrollada por Mary Kaldor (2001) en su análisis de Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global. En el marco de esta teoría, la deslocalización es entendida como un insuficiente o precario arraigo en redes o bases locales de la población civil afectada por la guerra. Es posible decir que el desplazamiento de la población en el municipio de Buenaventura, supera la mera definición de desplazamiento, debido a que la población desplazada participa en un ciclo en el cual es expulsada del municipio hacia otras ciudades y regiones del país, hasta perder, en buena medida, la conexión con sus bases locales.

El término victimización, por su parte, se toma del texto Sobre la violencia de Hannah Arendt (2005), en el cual se habla de la victimización secundaria como una expresión en la cual hay resultados concretos de violencia en la integridad humana, ejercida sobre la población más débil y vulnerable.

Por último, la usurpación de los espacios se refiere al proceso concreto que desarrollan los actores armados, que constituye el punto final en la espiral de violencia: una vez que la población ha sido deslocalizada o victimizada, el paso siguiente es ocupar sus espacios (casas, parcelas, calles de barrio, entre otros).

Deslocalización

El desplazamiento forzado ha expulsado de los territorios rurales un total aproximado de 69.373 personas⁸ en el período comprendido entre el 2000-2009. Esto significa en términos demográficos una relocalización de aproximadamente el 21.4 % de la población del municipio.

La relocalización cumple un ciclo a veces interminable. Se inicia con la gente que es expulsada del área rural y se relocaliza en el casco urbano, posteriormente muchos, debido a nuevas amenazas de los actores armados que controlan los barrios, deben realizar micro-desplazamientos dentro del área urbana para, finalmente salir expulsada hacia otras ciudades. Para la gente reubicada en la ciudad, la situación se vuelve crítica en la medida en que los actores armados, instauran un nuevo orden donde la posibilidad de ser revictimizados es frecuente.⁹

Victimización: la fatalidad de los vínculos

Muchos de los asesinatos cometidos en la ciudad fueron dirigidos contra gente que había sido expulsada de los territorios colectivos. Las masacres en la ciudad, se convirtieron en una señal de poder que los nuevos señores de la guerra enviaban a quienes presuntamente tuvieran algún tipo de relación con los actores armados. Por otra parte, la mayoría de las víctimas eran jóvenes. Las masacres de Las Palmas (7), Punta del Este (12) y otras tantas dejaron un total de 69 víctimas ubicadas en un rango de edad de 16- 32 años. Del total de 18 masacres cometidas en municipio para el período de 2000-2005, 11 ocurrieron en la ciudad (ver Tabla No. 1).

El debilitamiento del dominio armado ejercido por el desmovilizado Bloque Calima, y la posterior desmovilización del Frente Pacífico¹¹, que hacen parte de la estructura zonal de las AUC, acabaron con la hegemonía de este actor armado irregular en el Puerto, lo cual profundizó la confrontación entre la guerrilla, integrantes de las Autodefensas que no se desmovilizaron, y grupos privados al servicio del narcotráfico por detentar el control territorial. En el 2006 fueron asesinadas 485 personas, Buenaventura fue la ciudad más violenta del país (Hernández, 2006). También se presentaron 38 atentado terroristas. Cerca de 3000 hombres de la policia y la infantería fueron dispuestos en el 2006 para vigilar la ciudad.

Si observamos las cifras de homicidios cometidos en el período 2003-2007 (Gráfico No. 1), es evidente el clima de deterioro del orden público que vivió el municipio. De acuerdo con esta información, la tasa de homicidios en el municipio aumentó abruptamente en el 2006, en que se registró una tasa de 121,5 por cada 100.000 habitantes, por encima de la tasa departamental (82,31) y triplicando la nacional (40,27). Vale decir que en todos los años del período, Buenaventura superó las tasas departamentales y triplicó las tasas a nivel nacional.¹² Según el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia de la República, el 20% del total de homicidios presentados entre 2003-2007 está asociado a la confrontación armada.

La usurpación de los espacios

La situación de desplazamiento, seguida por la ocupación de terrenos y casas por parte de foráneos, se presenta tanto a nivel urbano como rural. Dicha práctica fue constatada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, quien después la visita de campo a Buenaventura, realizada en mayo de 2007,¹³ declaró lo siguiente:

[…] numerosos relatos referidos al impacto del desplazamiento interno e intraurbano sobre comunidades enteras. Por ejemplo, el desplazamiento masivo de comunidades de la región del Bajo Calima, Valle del Cauca, por acción de grupos paramilitares; el desplazamiento de los afro-colombianos que residen en la ciudad de Buenaventura quienes al regresar encuentran que sus casas han sido ocupadas por orden de grupos paramilitares (CIDH, 2008).

Si observamos el comportamiento geográfico del conflicto (Gráfico No. 2), podemos encontrar diferencias entre las sub-zonas de las áreas rural y urbana. Para la categoría de zona de ocurrencia de las acciones bélicas y las violaciones de Derechos Humanos, observamos que un 41% de las acciones ocurren en la zona urbana continental, un 30% acontece en la zona rural de carretera y un 15% en la zona urbana insular. Esto muestra una clara tendencia de la concentración del conflicto en la zona urbana y en particular, en las áreas de actividad portuaria. La tendencia obedece al interés de los actores armados por controlar las rutas de embarque, circulación, transporte y salida al mar tanto de la droga, como de armas, insumos para la coca, además del cobro de "vacunas" o impuestos por mercancías, obras de infraestructura y otra serie de aspectos propios de la actividad del Puerto.

Finalmente, es muy difícil tratar de establecer el número de víctimas que ha ocasionado el conflicto en Buenaventura. La recopilación de la información presenta dificultades ya que la misma aparece dispersa y debido a la dinámica del conflicto y a los altos niveles de corrupción e ineficiencia de las instituciones encargadas de los registros, no hay sistematización confiable de los hechos. Prueba de ello son las denuncias sobre desaparición forzada que cada vez se hacen más frecuentes, cuyo trámite es bastante lento y riesgoso. Numerosas personas son intimidadas por los grupos armados para que no denuncien la desaparición de sus familiares. Cuando se logra hacer la denuncia, el inicio de la investigación puede tardar hasta un año.¹⁴ Las cifras de la organización Palenque El Congal- PEC,¹⁵ evidencian la gravedad del clima de violencia. Según los registros, entre los años 2006-2009, ocurrieron 357 casos de desaparición forzada, cifra que también es corroborada por la Personería Municipal de Buenaventura.¹⁶

Además de las cifras parciales sobre homicidios y masacres, existen datos no oficiales como son las declaraciones del ex-jefe paramilitar Ever Veloza García, alias "HH", quien confesó que junto a varios de sus hombres, fueron autores de más de mil crímenes en Buenaventura entre el 2001 y 2002.¹⁷

En el reciente Auto No. 005 de 2009, la Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo mediante el cual ordena al Estado atender de manera urgente la situación humanitaria de la población afrocolombiana en condición de desplazamiento. Entre las explicaciones que ofrece la sentencia de la Corte a la continua desterritorialización de afrocolombianos, específicamente ubicados en los territorios colectivos de comunidades negras, se menciona:

La pérdida de control social y cultural de sus territorios por parte de las comunidades negras ha estado asociada a fenómenos de repoblamiento y cambio de la composición étnica, como por ejemplo, en el Urabá, en algunos lugares de la costa de los departamentos del Cauca y de Nariño, en el Norte del Cauca y en Buenaventura. El repoblamiento del territorio en el norte del Cauca y más concretamente en los municipios de Suárez y Buenos Aires, ha sido causado por personas provenientes de Nariño, en Buenaventura por "paisas" y en el Urabá por "chilapos", venidos de Córdoba (Corte Constitucional, Auto 005, 2009).

El Para-Estado en las comunas

Los testimonios de la forma en que las AUC instauran un nuevo orden en la ciudad, son una prueba de la vulnerabilidad de las poblaciones, y a su vez, una evidencia de la ausencia de gobernabilidad del Estado.

En una asamblea de la JAC se presentaron unas personas que se presumían eran paramilitares y dijeron a todos los presentes que ellos venían a cuidar el barrio, que eran mandados a cuidar el barrio, y a partir de allí, todo se hacía de acuerdo a lo que ellos habían establecido, se toman el barrio los paramilitares y yo como miembro de la Junta empiezo a decir: ¿hey qué vamos a hacer ? [...]no podemos quedarnos aquí […] la gente en ocasiones que no tiene esa concepción de los derechos, dicen no pero es que ellos están cuidando para que no haya ladrones, no hayan delincuencia común, para que no haya viciosos, para que los guerrilleros no se vayan a meter, […] fue transcurriendo el tiempo y empezaron a haber muertes, aparecían cuando bajaba la marea personas muertas del mismo barrio, ya empezaban a desarrollar acciones que suplantaban a las organizaciones a la Junta de Acción Comunal […] que por ejemplo todos los jóvenes del barrio están convocados a una jornada de limpieza y todos tenían que ir, eran las más masivas, mucho más que cuando la JAC convocaba, y todo mundo las mamás preocupadas por […] a ver tal julano vayan, vayan pa que lo vean que usted está trabajando y vean que usted es un niño de bien, los jóvenes iban por lo general, yo no asistía y les decía a los de la Junta: ¿ qué vamos a hacer?, tenemos que hacer algo, no podemos permitir que nos vengan a suplantar y que unos aparecidos vengan y tengamos que hacer su voluntad, máxime cuando sabemos el peligro que estamos corriendo teniendo esta gente aquí en el territorio [...] (Entrevista activista PEC, 2010).¹⁸

Frente a este panorama devastador, en el cual la acción estatal ha sido ineficaz, las organizaciones negras, algunas de ellas lideradas por el actor-red Proceso de Comunidades Negras-PCN y su representante local el Palenque El Congal-PEC, enfocan su acción en la defensa de los Derechos Humanos y la territorialidad de las poblaciones afectadas por el conflicto.

¿Cómo defender el territorio en la ciudad?

Como lo manifestaba Alfonso Cassiani, activista del PCN, en 1999:

Para las comunidades del área rural hay un elemento que cohesiona, que es el territorio, además de que fueron ellas uno de los motores impulsores de este proceso. Para el caso de las comunidades negras urbanas ese elemento cohesionador del negro en las ciudades no ha estado claro. Además de que el negro en las ciudades ha sido víctima de toda esa carga de alienación, pero no se ha encontrado ese elemento que lo despierte. Tú vas al campo y dices: "tú vas a perder la tierra […] El elemento básico para las comunidades urbanas es la diferencia. El reto es que los negros de las áreas urbanas, puedan identificar ese elemento que les permite a ellas ser negras sin necesidad de ser urbanas (Entrevista Alfonso Cassiani, activista PCN, Cali, 1999).

Esta era la forma en que se visualizaban los elementos cohesionadores en el discurso de la organización hace diez años. Sin embargo, al parecer la defensa del territorio se está convirtiendo, hoy en día, en un tema crucial también en la ciudad.

A pesar de un cese relativo en los desplazamientos de la zona rural y una momentánea disminución de las masacres, las modalidades de guerra de los actores armados se han centrado ahora en el escenario urbano y sobre la población joven tal como lo narra el siguiente comunicado:

Comunicados PCN - Sábado 07 de Noviembre de 2009 12:07. No es verdad la imagen que se está difundiendo de que Buenaventura ya está en paz, lo que ha cambiado son los métodos que han silenciado la voz de las víctimas. En medio de la guerra que aun se viene desarrollando en Buenaventura, en donde se siguen dando homicidios, desapariciones, desplazamientos y amenazas a la población, los adolescentes y jóvenes son ahora en quien se han focalizado las acciones de los grupos paramilitares. Estas situaciones se están manifestando en: reclutamientos forzados en donde les ofrecen 1.000.000 y 2.000.000 de pesos para que ingresen a sus filas, reciban entrenamiento y luego los mandan a sitios como Guapi, Tumaco, Mosquera, López de Micay, Olaya Herrera, Charco, en general al Pacifico sur nariñense y caucano y a diferentes ríos y barrios de Buenaventura en donde los paramilitares buscan y tienen control. Estos jóvenes nunca regresan, (desaparecidos) porque están siendo usados como carne de cañón dentro de la estrategia paramilitar, que busca expropiar y desalojar a la población que está ubicada especialmente en los barrios de bajamar (barrios que tienen acceso al mar) para poder continuar con la implementación de los grandes mega-proyectos como los puertos que están siendo construidos Aguadulce, Terminal de Contenedores del Pacífico –TCBuen y otros que están proyectados; acondicionando la infraestructura para la exploración, explotación y exportación de la riquezas del Pacífico colombiano, en beneficio de los grandes capitalistas a costa de la vida y bienestar del pueblo afro quienes son sus legítimos dueños (Página web PCN, www.renacientes.org.co)

Como se puede observar en el anterior comunicado, el conflicto se ha concentrado sobre la población joven, pues la mayoría de las víctimas de los actores armados están ubicadas en rangos de edad que oscilan entre los 16-30 años.¹⁹ Este es otro hecho sugerente, en términos de los análisis de la lógica interna que subyace a la acción violenta, como lo indica el estudio que sobre el tema que desarrolla Oscar Almario:

En estudios sobre guerras y conflictos recientes en distintos lugares del mundo, especialmente el caso de la ex Yugoslavia, se muestra que los actos de violencia apuntaban directamente a la filiación étnica y al sexo de las víctimas, como una manera de redoblar su "[...] coeficiente de eficacia ideológica, si puede decirse, que permite apuntar al enemigo colectivo en tanto que colectividad capaz de reproducirse" (Nahum-Grappe, 2002:70). En el caso del Pacífico cabe preguntarse si, con variables, esta modalidad de violencia también se está dando como lo indicaría el hecho de que los sujetos mayoritarios del desplazamiento sean los jóvenes y las mujeres, sectores en los que precisamente se cifran buena parte de las esperanzas y expectativas de reproducción étnica y social de las comunidades (Almario, 2002 : 12).

Dentro de las instancias que se han pronunciado frente a esta crisis humanitaria, están las declaraciones del Relator Especial Para los Derechos de los Afrodescendientes y Contra la Discriminación Racial en las Américas de la CIDH, quien en su informe sobre la visita a Colombia en mayo del 2007, solicitada por el PCN, declaró lo siguiente:

La estigmatización por parte de los actores armados, la omisión de cumplir con el deber de protección por parte de la Fuerza Pública, las omisiones en la atención de la crisis humanitaria que afecta a los desplazados, la usurpación de tierras, la impunidad y, en general, el racismo y la discriminación racial, afligen a los afrocolombianos quienes se han visto particularmente golpeados por el conflicto armado (CIDH, 2007).

Frente a esta situación, el PCN se plantea nuevos retos en las estrategias a desarrollar para que la gente resista y no abandone sus lugares en la ciudad. Porque el riesgo final, de acuerdo con lo que ellos manifiestan, son los territorios urbanos y rurales desocupados y repoblados a conveniencia de los actores armados. Tres han sido las principales líneas de acción estratégicas desarrolladas a partir del 2005 en ese sentido por el Palenque El Congal:

1. La defensa de los Derechos Humanos de la población afectada por el conflicto.
2. La formación política y el fortalecimiento organizativo.
3. Movilización, fiscalización, evaluación de impactos y denuncia frente a la ejecución de mega-proyectos en el municipio de Buenaventura. Dentro de los cuales figura el apoyo al Comité por la defensa de los derechos territoriales de las comunidades asentadas en las zonas de bajamar de la isla de Cascajal.

La defensa de los Derechos Humanos y el uso de redes locales y globales

El repertorio más utilizado a partir del año 2000, ha sido la denuncia pública. Esta modalidad de acción surge motivada por la grave crisis humanitaria que experimenta el municipio y también como último recurso frente a la caótica situación de la justicia que no opera debidamente a nivel local. Frente a esta situación el PCN, acude a las instancias internacionales de Justicia y al Derecho Internacional Humanitario, para hacer visibles las violaciones a los Derechos Humanos e impedir que la situación siga deteriorándose.

De acuerdo con lo explicado por un activista miembro del equipo de Derechos Humanos del PCN, la denuncia funciona en varias etapas. La primera consiste en la verificación y documentación del hecho (entrevistas a los implicados, observaciones en campo), el siguiente paso es la recolección de la información. A continuación, se lleva a consideración del equipo de derechos humanos del PEC, quien valora la gravedad del caso. Si éste no es muy grave, sólo el equipo de derechos humanos lo hace público, en caso contrario se le envía el documento de la denuncia a las organizaciones aliadas a nivel nacional e internacional que trabajan por la defensa de los Derechos Humanos. El paso siguiente es lograr la aceptación y la firma de estas organizaciones, que se unen a la denuncia. Para la divulgación de estas denuncias se utilizan variados medios como la radio local, la Internet y el envío de correspondencia a instancias gubernamentales y ONG’s.

La denuncia a escala internacional: el caso de la Terminal de Contenedores de Buenaventura-TCBuen

Dentro de la estrategia de expansión portuaria diseñada por el Gobierno Nacional, figuran, entre otros, el Proyecto Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura –TCBuen– el cual hace parte de un conjunto de proyectos portuarios, que obedecen y se articular en la denominada "ampliación portuaria", la cual tiene como propósito central estructurar territorialmente y profundizar la plataforma económica de enclave en Buenaventura. La obra de TCBuen inició construcción en octubre de 2007.²⁰ La empresa agrupa accionistasocios del sector privado y público entre los que se encuentra la Gobernación de Valle del Cauca (1%), Alcaldía de Buenaventura (1%), Corporación Autónoma Regional del Valle –CVC– (10%), el grupo portuario español CROUP TCB LC de Barcelona operador internacional de puertos con presencia en trece instalaciones portuarias a nivel mundial en países como España, México, Cuba y Brasil (30%), el grupo Empresarial del Pacífico S.A. –GEPSA– (44%) y socios minoritarios (14%). (Fundación Rostros y Huellas, 2010).

La construcción de la terminal se inició hace dos años y se han causado afectaciones sobre la población residente en los barrios La Inmaculada y Santa Cruz, zona de influencia directa del proyecto. Entre estas se cuenta el daño a las viviendas y el cierre de los espacios de circulación de la gente del barrio. Se suma a esto el hecho de que el Gobierno hizo la concesión a la empresa que operará la Terminal, pero ésta no realizó la Consulta Previa a las comunidades afectadas.²¹

Frente a esta situación La Fundación Rostros y Huellas del Sentir Humano- FRH²² en conjunto con el PCN realizaron el "Foro por los derechos de los afrodescendientes frente al desarrollo de megaproyectos en Buenaventura" entre el 25 y 26 de Junio de 2009, auspiciado por la Iglesia y algunas ONG y organizaciones de base.

El argumento central que moviliza a las organizaciones frente a este proyecto, está relacionado con la postura del PCN según la cual las comunidades asentadas en las zonas de bajamar y de expansión portuaria, así como en algunas de las cuencas de los ríos, vienen siendo desplazadas y desalojadas de sus territorios, como parte de una estrategia del Estado, en conjunto con empresas inversionistas extranjeras, que tienen puestos sus intereses y capitales en los proyectos de expansión en el Puerto. De acuerdo con esto, se hace necesario, por parte de las organizaciones, unir esfuerzos para hacer valer los derechos constitucionales adquiridos a través de la Ley 70 y los mecanismos de Consulta Previa, como los estipulados en el convenio 169 de la OIT.

Así pues, la estrategia de trabajo conjunto entre el Palenque y la FRH originó una serie de acciones, de documentación y registro en campo para proceder a interponer una demanda ante la Corte Penal Internacional –CPI. Pese a las amenazas proferidas contra los activistas de la FRH, por parte del grupo paramilitar que opera en el barrio donde se construye la obra, se continúo el procedimiento puesto en marcha por la coalición entre las dos organizaciones. La ruta de acción desarrollada fue la siguiente:

[…] entonces lo que decidimos fue documentar ese caso, se acompañó. Ha estado en frente de eso la organización Rostros y Huellas, nosotros como PCN, hemos estado allí acompañándolos. En el último foro que hicimos frente a los Mega-proyectos, fue que nosotros empezamos como con más fuerza. Lo que hicimos fue colocar una demanda internacional ante la Corte Penal Internacional y en estos días vinieron compañeros de allá, y se reunieron con nosotros y luego con los del proyecto TCBuen. Estuvieron aquí conociendo cuál es la posición de nosotros, y porque la petición frente al proyecto y nosotros exponíamos de manera clara cuáles eran los impactos que había causado la construcción del terminal allí en esa comunidad y, finalmente, ellos deben sacar un veredicto. También se acompañó un recorrido por los barrios y ahorita el proyecto está parado, que los impactos han sido muchos y no se había dado ninguna respuesta aquí. El proyecto está parado hasta que la Corte tome una decisión frente a esto (Entrevista activista del PEC, 2010).

Los procedimientos seguidos frente al proyecto hacen parte de una serie de modalidades de acción que vinculan al tiempo esfuerzos locales e internacionales en una compleja red de vínculos que hacen efectivas las acciones, a pesar de las distancias culturales y geográficas. La apelación en este caso a la Corte Penal Internacional –CPI– y al Defensor del Pueblo del Banco Mundial²³ es una muestra de los alcances de estas acciones.

De acuerdo con la Ilustración No. 1, las coaliciones puestas en marcha para la demanda ante la CPI sobre el caso TCBuen, muestran cómo se mueven las acciones en diferentes escalas. Primero tenemos a escala local (municipal) las organizaciones como el PEC y la FRH, a escala nacional está la Coordinación Nacional del PCN y cambiando de escala, tenemos a la Oficina para asuntos Latinoaméricanos-WOLA en Washington y, finalmente, las instancias ante las cuales se ha interpuesto la demanda, que son: la CPI y la oficina del Defensor del Pueblo del Banco Mundial.

La particularidad de las acciones emprendidas por el PCN muestra cómo la transnacionalización de las demandas hace posible que se tomen medidas locales para la solución de los problemas. Como lo indica un activista del PCN, a propósito de uno de sus viajes a EE.UU.:²⁴

También tuve la oportunidad de entablar relaciones con otros grupos que trabajan por la defensa de los derechos humanos de los grupos étnicos, en el caso particular de la oficina en Washington para Latinoamérica –WOLA– el PCN ha establecido una relación de trabajo con ellos en el caso de las denuncias que nosotros necesitamos elevar a nivel internacional. A través de esa ONG, tuvimos la oportunidad de entablar una conversación con un grupo de congresistas demócratas donde se les dio a conocer los efectos perversos del Plan Colombia y del Plan Democracia, sobre la cultura de los grupos étnicos. La lesión que esa política viene causando sobre nuestras comunidades y sobre nuestros territorios ancestrales. […] Pudimos notar la sensibilidad de ellos frente a la aflicción de nuestras comunidades, los efectos de la Seguridad Democrática. Luego por los medios nos pudimos enterar de los cuestionamientos hechos a la protección de los derechos humanos por parte del Gobierno colombiano, como condición para la firma del TLC (Entrevista activista PCN, 2009).

Las denuncias a nivel internacional han surtido efectos como lo señala el anterior testimonio. Estos se reflejan, entre otros aspectos, en las amonestaciones y recomendaciones hechas al Gobierno Nacional por parte de congresistas norteamericanos, acerca de la situación de las poblaciones negras y de los Derechos Humanos, como condición para la firma del TLC.

Al preguntarles por qué no recurren a instancias nacionales para hacer sus denuncias y reclamos, una activista responde:

Nosotros ya aprendimos que Colombia no funciona desde Colombia, que funciona desde las instancias internacionales, esas instancias son los accionistas, los países que generalmente tienen una relación económica con Colombia y que cuando uno denuncia casos de derechos humanos y todas estas violaciones entonces se ve afectada esta relación y ahora si el presidente Uribe le interesa, empieza a buscar excusas, empieza a negociar a brindar ciertas condiciones, se hace como a nivel de incidencia allá, de lo contrario acá en lo local no hay ninguna respuesta, siempre ya aprendimos que este país funciona desde allá, en E.U. o en Europa, aquí en Colombia no hay ninguna respuesta efectiva (Entrevista activista PEC, 2010).

Las acciones que vinculan a diferentes organismos, dependen de la fortaleza de las coaliciones y de los nodos de poder que concentran los recursos necesarios para que las acciones sean eficaces. De acuerdo con la tendencia, las acciones emprendidas en los últimos cinco años por el PCN, muestran que el interés se ha centrado en los nodos de poder que manejan la llamada "Justicia Transnacional", es decir aquellos organismos que fiscalizan el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que han suscrito los países a escala regional y global. Estos acuerdos, expresan la coexistencia simultánea de procesos globales de poder y dominación, al tiempo que la transnacionalización de las luchas de los movimientos sociales.

La versatilidad y la adaptabilidad de la red PCN, es notoria en el caso de la adscripción a redes globales cuya finalidad es la defensa de los Derechos Humanos. Un ejemplo de esto es la apelación a organismos como La Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH.²⁵ Este organismo ha recogido y tramitado algunas de las denuncias interpuestas por el PCN referidas a las violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

La CIDH opera a través de audiencias públicas, visitas in locu y recomendaciones a los estados miembros de la OEA sobre la promoción y protección de los Derechos Humanos de los ciudadanos. El mecanismo, puesto en marcha por el actor-Red PCN para las denuncias ante CIDH, es complejo e implica a su vez el apoyo de intermediarios (ONG), que hagan el puente entre las organizaciones comunitarias y el organismo. En general requiere el apoyo de ONG’s locales (aquellas relacionadas con los Derechos Humanos) y ONG internacionales. Requiere además de la denuncia escrita, una concertación de agendas, un despliegue de recursos logísticos (los necesarios para llevar a Washington a los actores implicados) que incluyen la citación de funcionarios del Estado Colombiano, que interpelen y den respuesta a las denuncias y el traslado de los representantes del actor demandante. Por otra parte, posterior a la denuncia y a la audiencia en Washington, se requiere de visitas de verificación por parte de la CIDH al terreno donde se desarrollan los hechos. Hasta el momento las denuncias hechas en las audiencias de la CIDH han surtido efectos importantes sobre las medidas que el Estado ha tomado frente a las comunidades negras. La insistencia en dichas sesiones, por parte de los delegados de las organizaciones afro y sus aliados, dieron como resultado la recomendación al Gobierno Nacional de diseñar una plan de desarrollo para comunidades negras, que por primera vez tuviera en cuenta el largo plazo, y que reconociera las existencia del "racismo estructural" al que han estado sometidas históricamente estas poblaciones. Otro resultado, es la presión para que se ejecute de manera ágil lo estipulado en el Auto 005 de 2009 que ordena la protección de los derechos fundamentales de la población afro víctima del desplazamiento forzado. Estas medidas y recomendaciones representan logros importantes, que sólo han sido posibles luego de varias audiencias y del seguimiento a las recomendaciones dadas por la CIDH al Gobierno colombiano.

Hasta el momento, el PCN ha participado en siete audiencias ante la CIDH (ver Anexo No. 2), en las cuales se ha solicitado al Estado colombiano medidas que garanticen la protección de los derechos de las poblaciones afrocolombianas, con especial énfasis en las poblaciones desplazadas y la generación de medidas contra la discriminación estructural e histórica de los afrocolombianos. Estas audiencias que transcurren en la ciudad de Washington, sede de la CIDH, han significado la visibilización del actor-red PCN a escala internacional y una interlocución directa con funcionarios delegados por el Gobierno Nacional de Colombia. El interesante diálogo establecido en el transcurso de las mismas, es significativo en la medida en que el escenario local no ha propiciado, por sí sólo, la toma de decisiones en torno a los asuntos referidos a los efectos del conflicto sobre las poblaciones negras.

El uso de Internet para las denuncias

Las denuncias, las alertas y las declaraciones son modalidades de protesta que han tenido mayor difusión y efectividad gracias al uso de herramientas virtuales como el Internet. En el 2001, por ejemplo, las alertas emitidas por el PCN a sus aliados de la Acción Global de los Pueblos-AGP, movilizaron la acción internacional que presionó al gobierno de Andrés Pastrana, para evitar más incursiones de grupos armados en territorios de comunidades negras.²⁶ La rapidez de las respuestas y la efectividad de las mismas tal vez no hubieran sido posibles sin el uso de esta herramienta virtual.

Pero mas allá de las bondades de esta herramienta tecnológica, algunos estudiosos de los movimientos sociales se preguntan si este recurso está efectivamente transformando la acción colectiva. Según Rheingold, acciones como las llevadas a cabo en la histórica Batalla de Seattle (octubre del 1999), en la cual grupos de manifestantes autónomos pero interconectados, protestaron en la reunión de la Organización Mundial del Comercio, y usaron tácticas "en red", teléfonos móviles, páginas web y ordenadores portátiles para lograr una respuesta multitudinaria sin precedentes, son una prueba del poder de estas herramientas. El autor denomina a este fenómeno "Smart Mobs: gente que es capaz de actuar coordinadamente incluso sin conocerse" (Rheingold, citado por Tilly, 2005 : 13).

Es importante mencionar la alusión de Manuel Castells a este recurso, cuando describe la utilidad de las nuevas tecnologías para el caso de la guerrilla Zapatista en México: "Sin la capacidad de comunicación que permitió a los zapatistas llegar al México urbano y al mundo en tiempo real, habrían continuado siendo una fuerza guerrillera aislada y localizada" (Castells, 2001 : 130).

Igual podría mencionarse para el caso del Pacífico, donde el aislamiento geográfico no permite una comunicación directa y efectiva por medios diferentes a los virtuales. Es posible que se hubieran perdido muchas más vidas, de no ser por el anuncio oportuno a través de Internet de la incursión de grupos armados en los territorios de comunidades negras. En el caso del desalojo de la comunidad de La Toma,²⁷ por ejemplo, se recolectaron firmas en menos de dos días y se evitó que 1.500 familias fueran desalojadas de sus territorios. Tal como fue divulgado en un Comunicado de página Web del PCN:

Suspenden desalojo de La Toma- Miércoles 18 de Agosto de 2010 02:18. Compartimos la resolución del día de ayer – 17.09.2010 (resolución número 648 del 17 del agosto 2010)- con la que se suspende de manera indefinida el desalojo de los mineros de la Comunidad Negra de La Toma. La lucha para derogar todos los títulos, licencias o permisos de explotación o exploración otorgados de manera ilegal, y para que las comunidades puedan ejercer a plenitud sus derechos a la identidad, territorio, cultural, participación y desarrollo acorde con sus aspiraciones continua. Sabemos que no será fácil pero contamos con la solidaridad de todos lo que hasta ahora nos han apoyado y de muchos más que se irán sumando. La lucha de La Toma y la de todas las comunidades mineras del Norte del Cauca, son en este Vicentenario – así escrito – una manera de celebrar la dignidad de nuestros pueblos más allá de las simples menciones formales y protocolarias, y contribuir a superar la brecha de desigualdad que heredamos del pasado. Gracias a todos ustedes por la solidaridad, sus comentarios como voz de apoyo y la firma uniéndose a la petición han sido claves. Este es tan solo el primer paso del camino que debemos seguir, su apoyo es fundamental contamos con ustedes (Fuente: www.renacientes.org).

Continuidad e innovación en los repertorios de acción de las organizaciones negras

Como lo dice Tilly (2006) los repertorios dibujan una larga historia de previas luchas. Al respecto dice Tilly:

La palabra repertorio identifica un conjunto limitado de rutinas aprendidas, compartidas y actuadas a través de un proceso de elección relativamente deliberado. Los repertorios son creaciones culturales aprendidas, pero no descienden de la filosofía abstracta ni toman forma como resultado de la propaganda política, sino que surgen de la lucha. Es en la protesta donde la gente aprende a romper ventanas, atacar presos sujetos al cepo, derribar casas deshonradas, escenificar marchas públicas, peticionar, mantener reuniones formales u organizar asociaciones de interés especial. Sin embargo, en un momento particular de la historia aprende una cantidad bastante limitada de modos alternativos de acción colectiva (Tilly, 2002 : 8)

Según el esquema de análisis de Tilly, los procesos de formación estatal y desarrollo del capitalismo marcarían la transformación de los medios de acción de la contienda política y dependiendo de la secuencia evolutiva de tales procesos, a cada época le correspondería un repertorio distinto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el caso colombiano no estamos hablando de un desarrollo estatal en largos períodos de tiempo, como el tratado por Tilly que corresponde a Europa occidental, ni muchos menos de un desarrollo capitalista como el de los países del Viejo Continente. Con bastantes diferencias en cuanto a la configuración de los actores políticos, también podríamos hablar de una situación similar con relación a los movimientos sociales y las diferentes formas de acción colectiva en nuestro país.

La modernización del Estado y el surgimiento del actor PCN, es un ejemplo claro de la apertura de un régimen con baja capacidad que fortalece su espacio democrático, permitiendo así la configuración de formas específicas de protesta, como las desarrolladas por los indígenas y afrocolombianos. En este período predominaron repertorios como las movilizaciones, toma de entidades del Estado, las marchas y la campaña "telegrama negro" que presionaron para que se aprobara la carta constitucional incluyendo los nuevos derechos de las poblaciones negras.

El último período, que corresponde a lo que va del siglo XXI, tiene características que hacen pensar en la configuración de un régimen que retrocede en el espacio democrático y trata de ganar mayor capacidad de control sobre sus territorios, a través de una abierta política de seguridad basada en la confrontación y el fortalecimiento de su estrategia de guerra. En esta etapa, el movimiento social de comunidades negras se constriñe a nivel local y empieza a abrir nuevos espacios a nivel internacional, ya que el espacio nacional no atiende sus demandas. Las coaliciones con movimientos globales, así como una reiterada campaña en defensa de los territorios colectivos recién ganados, representan una serie de oportunidades políticas que dan pie al fogueo en nuevos escenarios como las cumbres mundiales de las organizaciones que regulan la economía globalizada o los contra-hegemónicos Foros Sociales Mundiales y la Conferencia Mundial contra la discriminación y el racismo. Las nuevas alianzas allí adquiridas facilitarán luego el acceso a escenarios como los de la Justicia Transnacional en la cual los sistemas de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario representados por la CIDH, entran a jugar un papel fundamental.

Sin embargo, hay que señalar que, en los últimos cinco años también ha contribuido, de manera definitiva, el hecho que el escenario nacional se empiece a transformar en términos de legislación, y se abran oportunidades como las que figuran en el Auto N° 005 de 2009, que ordena la protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004. Lo mismo ocurre en el caso de la Ley de Justicia y Paz y la conformación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR– que facilita espacios de denuncia y reparación.

El paso del escenario transnacional al local, nos recuerda lo dicho por Tarrow en el sentido de que "El activismo transnacional es más parecido a series de olas que chapotean sobre una playa internacional retirándose repetidamente al interior del mar local, pero permitiendo incrementar cambios en la tierra" (Tarrow, 2005 : 219). Así mismo, aunque el internacionalismo ha generado nuevas oportunidades para los actores de las organizaciones afro, la gente negra está todavía en gran parte motivada por asuntos que los afectan a ellos directamente a nivel local. Tal es el caso de la protección de los Derechos Humanos y el DIH de la población afectada por el conflicto. De hecho, el trabajo del PEC, en los últimos cuatro años ha estado enfocado a fortalecer y reconstruir los procesos organizativos en los barrios más afectados, así como a hacer un acompañamiento más cercano a las víctimas del conflicto. En este sentido, asuntos disímiles requieren diferentes cursos de acción, dependiendo de los actores involucrados, las condiciones políticas y culturales que ellos enfrentan y la naturaleza de las estructuras internacionales con las cuales trabajan (Tarrow, 2005).

El cambio entre escenarios locales y globales no ha sido demasiado drástico para el PCN, ya que desde 1995 a la fecha, se ha hecho presencia en los escenarios internacionales como las cumbres de los organismos económicos como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los Foros Sociales Mundiales y la Conferencia de Durvan, en por lo menos 13 ocasiones. Posteriormente, participa en siete ocasiones en audiencias ante la CIDH entre los años 2002-2009. Al mismo tiempo y teniendo en cuenta la transitoriedad de las alianzas globales, se fortalecen las locales y la conexión con la sociedad civil organizada, bajo la forma de ONG. Aquí las denuncias en el marco de audiencias públicas, se convirtieron en el repertorio novedoso estimulado por los nuevos escenarios de protesta. Entre los años 2007- 2009 tenemos dos audiencias defensoriales y dos ante la comisión V del Senado. También es posible observar, entre los años 2009-2010, el énfasis de las denuncias públicas (38), la realización de una campaña, un foro y de cinco encuentros y movilizaciones regionales. Sin embargo, en el "oleaje" local-global de la protesta, para el período estudiado, son más numerosas las acciones en el escenario transnacional, aunque la tendencia de los últimos tres años sea hacia lo local (ver Tabla No. 2).

En cuanto a los tipos de repertorios, tenemos que los más utilizados entre los años 2000-2009 son las denuncias en escenarios internacionales (siete), seguido de las movilizaciones en escenarios locales e internacionales (cinco y cinco respectivamente) y por último las denuncias en audiencias locales (cuatro) (ver Tabla No. 2).

La presión del PCN en las audiencias internacionales ante la CIDH, reiteran la necesidad de acudir a la justicia transnacional para resolver en otros escenarios, lo que a nivel local no es posible. Revelan además una serie de factores como la inoperancia, negligencia, falta de voluntad, falta de recursos presupuestales, entre otros, asociados a la pérdida de credibilidad de las instituciones del Estado, así como la vulnerabilidad y debilidad de las organizaciones que hacen parte del PCN.

Por otro lado, estos eventos permiten hacer explícita la forma en la que operan los nuevos repertorios de acción implementados por las organizaciones negras. El uso de un mecanismo formal como las audiencias, en espacios oficiales como la CIDH, revela también la búsqueda y esfuerzo por innovar en los repertorios. Modalidades como la denuncia pública en espacios locales han estado altamente limitadas por las instituciones nacionales, debido a su "porosidad" frente a la corrupción o a su inoperancia institucional. En otras palabras, debido a que el escenario de la reclamación no ofrece las condiciones para que la denuncia sea resuelta, se acude al escenario internacional y a los organismos ubicados en esta escala que puedan presionar al Estado y facilitar el éxito de la misma.

Los aspectos discutidos en las denuncias hechas ante la CIDH, merecen también un análisis detenido pues nos pone en el espacio de los movimientos sociales. Las denuncias giran sobre temas como las medidas cautelares tanto para líderes y comunidades negras, la situación de la población afrocolombiana desplazada, los Derechos Humanos de los afrocolombianos desplazados y la discriminación racial y el acceso a la justicia de estas poblaciones (ver Anexo No. 2). Estas motivaciones de las denuncias presentan un escenario en el que el contexto del conflicto armado interno es determinante, pero también en el fondo de las discusiones siguen estando presentes los aspectos históricos fundamentales del discurso, la identidad y las reivindicaciones del movimiento negro: el respeto y reconocimiento de su identidad como afrocolombianos y el derecho a un espacio de vida dentro de sus territorios.²⁸

Lo anterior permite deducir, que no sólo se buscan estos espacios para resolver asuntos coyunturales, sino para el logro de conquistas a más largo plazo, como las esbozadas por los representantes del PCN al pedir la visita del Relator Especial de la CIDH, para asuntos de comunidades afrodescendientes, la insistencia en la implementación del Plan de desarrollo para comunidades negras (Audiencia CIDH, 2007), entre otros. Una muestra de lo anterior es el análisis hecho por uno de los representantes del PCN, en la audiencia citada:

[…] Nosotros creemos que en Colombia la combinación de factores como las consecuencias devastadoras del conflicto armado y la adopción de legislaciones que afectan los derechos territoriales de las comunidades están generando las condiciones para que la brecha existente entre nuestras comunidades y otros sectores de nuestro país se mantenga se profundice y no permita que nuestras comunidades puedan superar las profundas desigualdades sociales en las que viven (Audiencia CIDH, 2007).

En la misma dirección, estos espacios abiertos por la Comisión han permitido poner en evidencia a nivel internacional aspectos estructurales como el racismo y la exclusión social de los afrocolombianos, lo cual se ha incorporado en el discurso de los Derechos Humanos como tema de discusión y ha generado nuevas oportunidades discursivas²⁹ y poderosos aliados. Entre ellos podemos también mencionar: el apoyo de la bancada de parlamentarios afro de los EE.UU., académicos de universidades extranjeras y diputados de la Unión Europea, entre otros. El reconocimiento, hecho en las sesiones de la CIDH, por parte del Relator para asuntos de poblaciones afrodescendientes sobre la existencia de un racismo estructural en Colombia, ha contribuído, a su vez, a que los delegados del Gobierno Nacional consideren ésta condición y recomienden su tratamiento en los programas y políticas como el Plan Integral de Largo Plazo para la Población Negra, Raizal o Afrocolombiana y el Plan Nacional de Desarrollo de Comunidades Negras, Afrocolombianas, raizales y palenqueras 2010-2014. Un seguimiento a la secuencias de las audiencias, muestran como, en cada ocasión, los representantes del Gobierno colombiano tratan de demostrar su buena voluntad y esfuerzos.³⁰ La vigilancia hecha por la CIDH, del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado colombiano, hacen que la cuestión de las comunidades negras sea un asunto a tener en cuenta en las agendas de las entidades oficiales. Sin embargo, todavía hay mucha falta de concreción en las medidas para atender a la población afrocolombiana.

En ese sentido, las audiencias ante la CIDH permiten también conocer el comportamiento del actor estatal. La presión ejercida por este organismo ha hecho que el Gobierno colombiano se esfuerce por mostrar resultados reales, lo cual ha sido capitalizado por el PCN y las organizaciones aliadas. En las últimas audiencias, por ejemplo, el PCN ha presentado argumentos fundamentados por estudios tan serios como los del Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes, sobre racismo en Colombia y los análisis de la información estadística de los Censos del DANE sobre población afrocolombiana.³¹

Por su parte, los repertorios desarrollados a escala local siguen su curso. Las denuncias utilizando internet como medio de difusión o en el marco de las audiencias con las comisiones del Senado, ponen de manifiesto la necesidad de continuar las acciones buscando canales institucionales (la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República) que permitan la presión directa sobre el actor estatal. Los efectos de estas acciones pueden darse en el corto plazo, como lo ocurrido con la audiencia de la comisión V en el 2007, que hizo posible que las FF.MM. disminuyeran los atropellos y la presión sobre la población civil, el apoyo prestado por el Estado en los procesos de retorno de las comunidades del Bajo Calima y Naya y la implementación del Sistema de Alertas Tempranas-SAT y el Plan de Contingencia, que han logrado, en algunos casos, resguardar a la población de los ataques de los actores armados.

Este doble juego entre lo local y lo global muestra como las amenazas a la acción colectiva finalmente pueden derivar en oportunidades nuevas para el ejercicio de las demandas. Tal como lo planteaba Tarrow:

La represión sobre una manifestación política y social puede ser un factor desestabilizador y desarticulador de la movilización, pero también puede llegar a ser un factor fuerte de dinamización de la acción, al movilizar grupos de simpatizantes, audiencias hasta ahora alejadas y apoyos externos que antes del episodio represivo no se habían movilizado (Tarrow, 2005 : 220).

La importancia del análisis escalar ³²que tiene en cuenta la confluencia entre oportunidades discursivas y tipos de escenarios, nos permite tener una visión más amplia y a la vez compleja de la acción colectiva de los movimientos sociales contemporáneos. En ese sentido, permite entender también, de manera más clara, los aportes de la acción colectiva de los actores-red como el PCN en el establecimiento de una "democracia radical" en el sentido introducido por Laclau y Mouffe, citados en Archila (1995), y la consecuente apertura del campo político. Por otra parte, es posible vincular el discurso basado en el "sentido de lugar" del movimiento negro, con el análisis de la acción colectiva "glocal".³³ Las formas de conocimiento local sobre la naturaleza y el territorio se convierten en poderosos dispositivos de resistencia en la medida en que se incorporan a los discursos expuestos en escenarios globales, en donde se convierten en "contra-discursos".³⁴

Finalmente, es posible afirmar que si bien el conflicto armado ha afectado, a nivel local, la capacidad política y de acción del actor red PCN y de su componente el PEC, no ha ocasionado un reflujo organizativo tan fuerte como el ocurrido en otras regiones del Pacífico (Restrepo, 2005). La explicación a esto puede estar relacionada con la manera en que los activistas del PCN se vincularon al activismo transnacional y con la forma en que aprovecharon la experiencia ganada en esos escenarios para incorporar innovaciones en los repertorios locales, que les han permitido fortalecerse y sostenerse en el tiempo. A diferencia de otros actores-red regionales, que han mantenido la prevalencia de los repertorios a escala local, los miembros del PCN han fortalecido su trabajo internacional, sin descuidar los escenarios propios. Aunque los activistas de otras zonas del Pacífico han hecho parte de las delegaciones que han viajado a Europa y EE. UU., al parecer quienes más han capitalizado las alianzas internacionales han sido los líderes de Buenaventura y del Norte del Cauca. Esto permite concluir que una exitosa combinación de repertorios en las distintas escalas, es decir la acción colectiva "glocal", garantizará la presencia a mediano y largo plazo de este actor-red en el escenario político nacional.

A manera de conclusión: la convergencia entre asuntos locales y globales

El cambio de escala de las acciones colectivas implica también la adaptación de los objetivos de la acción colectiva a los problemas de cada escenario. Esta flexibilización es una estrategia de los actores para lograr la solidaridad de los aliados locales y globales.

En sus primeras participaciones en los espacios propiciados por la AGP, el PCN adoptó el discurso contra-hegemónico de la lucha contra el neoliberalismo, lo que le permitió reformular algunas estrategias a nivel local en torno a la lucha por el territorio. Este se convirtió en un recurso de "disputa global", en el que confluían los intereses del gran capital. Aunque el discurso por la defensa de la biodiversidad, no perdió vigencia, el eje del mismo se orientó a la territorialidad basada en la autonomía y el control sobre los recursos disponibles en los territorios por parte de sus "propietarios ancestrales".

En su trabajo en la zona urbana de Buenaventura el PCN ha incorporado, recientemente, el discurso sobre el territorio como espacio vital y lo visualiza como una "extensión" simbólica del espacio rural. En términos concretos, las organizaciones vienen creando consciencia, a través de la formación política, de la necesidad de no desalojar los barrios y de hacer resistencia a los planes y proyectos institucionales de reubicación de población. La defensa del territorio urbano se ha convertido en una prioridad para este actor-red. La territorialidad en la ciudad carece del peso legal de la Ley 70, razón por la cual la resistencia de la gente en el casco urbano es más riesgosa e inviable a largo plazo. El principal reto del PCN consistirá en desarrollar estrategias efectivas para garantizar la permanencia de los habitantes en ciertos sectores estratégicos del Puerto.

Los efectos devastadores del conflicto armado en el municipio de Buenaventura que han tenido un impacto negativo sobre el proyecto de territorialidad de las organizaciones amparadas por la Ley 70, al mismo tiempo y de manera inesperada, han permitido el reposicionamiento del actor-red PCN en el escenario político local y su aparición en escenarios internacionales.

Las organizaciones cobijadas bajo la red PCN han redireccionado su acción colectiva y desarrollado repertorios como las movilizaciones, las campañas, la erradicación manual de cultivos, las alertas, los comunicados y la denuncia pública. Este último se ha convertido en el repertorio más exitoso en tanto que ha involucrado acciones en escenarios globales y la adquisición de aliados influyentes a nivel internacional. Las presiones recibidas por el Estado colombiano en la CIDH, la bancada afro del congreso de E.U. y algunos organismos como la Unión Europea, han posibilitado la vigilancia sobre el cumplimiento de medidas a nivel local para la protección de los derechos de los afrocolombianos.

Las transformaciones producidas en el campo de la acción colectiva, por los intercambios entre el actor-red PCN y la "sociedad civil global", sugieren nuevas rutas de investigación en este campo y señalan la importancia de profundizar en aspectos significativos como los de la cultura política y el discurso político de las organizaciones negras.

NOTAS AL PIE DE PÁGINA

1. El presente artículo se deriva de la Tesis de grado titulada "De lo global a lo local en los repertorios de acción del PCN y conflicto armado en Buenaventura". Este trabajo de investigación se adelantó como requisito para optar al título de Magíster en Sociología, en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle.

2. Los consejos comunitarios son los encargados de la administración de los Territorios Colectivos de comunidades negras, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 70 de 1993.

3. Según relatos de algunos Nayeros, las FARC que reaccionaron tarde después de las masacres, realizan una fulminante persecución a las AUC, quienes huyen a la parte baja del Naya y Yurumanguí en donde la Armada Nacional, los "rescata" capturando a un gran número de paramilitares.

4. De acuerdo con las declaraciones de alias HH desmovilizado jefe del bloque Calima de las AUC : "Toda la Fuerza Pública tenía relación con nosotros. Yo andaba enfusilado, con mis escoltas enfusilado y no me capturaban. pero ¿Por qué no nos capturaban? Por que todos nos apoyaban" (Chaparro, 2009)..

5. Informes Sistema de Alertas Tempranas-SAT, 2008.

6. El Manual de calificación de conductas violatorias de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos del 2010, define como masacre al hecho que cumpla las siguientes características: 1. Las ejecuciones extrajudiciales de carácter colectivo perpetradas en un mismo hecho; 2. La manera cruel en que fueron ejecutadas esas personas. La muerte de las víctimas tiene que ser acompañada de elementos de ferocidad o barbarie y; 3. El estado de indefensión de las víctimas. En las masacres acaecidas en la zona urbana todos los cuerpos fueron encontrados con señales de tortura, desfigurados o mutilados, según lo informes forenses las torturas y mutilaciones fueron cometidas antes del asesinato ( Informe Defensorial No 8).

7. Según el DANE, la población de Buenaventura era de 260.000 habitantes en 1997 y pasó a 328.000 en el año 2005.

8. Cifras tomadas de la base de datos sobre población desplazada de Acción Social de la Presidencia de la República. Estos datos se registran según la modalidad de municipio de llegada. Por su parte, los datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y la población desplazada CODHES, reportan un total de 59,796 personas desplazadas en el mismo período. Sin embargo, un dato significativo es que mientras Acción Social reporta una drástica disminución de desplazados para el año 2009 (704), CODHES, por su parte, registró un total de 8,198 para el mismo año, cifra similar a la del año 2000. Esto indica, entre otras cosas, que para la fuente CODHES, el asunto del desplazamiento se está agudizando en vez de desaparecer, como lo señalan las fuentes oficiales.

9. Defensoría Delegada para la Evaluación de Riesgos en la Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado. Sistema de Alertas Tempranas–SAT, Informe de riesgo Nº 032- 2008.

10. La Oficina de Gestión de Paz y convivencia de la Gobernación del Valle del Cauca-OGP, registra los datos sobre hechos de conflicto utilizando la bitácora de la prensa local y nacional y los datos de la Policía Nacional. Los datos del Centro de Investigaciones y Educación Popular-CINEP, fueron tomados de la Revista Noche y Niebla (Ediciones 2000-2005). También se consultaron los informes de Derechos Humanos del PCN de 2008 y 2009.

11. El 23 de agosto del 2005, en Istmina- Chocó, se desmovilizaron 150 combatientes, que entregaron 144 armas de fuego y municiones; del mismo modo el 27 de agosto, en Santafé de Ralito, se desmovilizaron medio centenar de combatientes de la guardia personal de Francisco Javier Zuluaga alías Gordo Lindo, máximo jefe del frente.

12. Ver Diagnóstico de DH y DIH del Valle del Cauca 2009, elaborado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

13. Esta visita fue solicitada por el PCN en audiencia ante la CIDH en el mes de marzo del 2007 en la ciudad de Washington, E.U.

14. Declaraciones de un miembro del equipo de DH del Palenque El Congal.

15. El Palenque El Congal-PEC, es una organización regional del Proceso de Comunidades Negras, que fue encargada por el CINEP de hacer el registro de los casos de violencia política y violación de DH y DIH. Dichos datos aparecen en la revista Noche y Niebla.

16. PCN, WOLA (2010). Buenaventura: Entre la guerra y la desesperanza.

17. Audiencia en la fiscalía de Medellín, www.terra.com Colombia, Mayo 13 del 2008.

18. República de Colombia-Corte Constitucional-sala segunda de revisión. Auto N° 005 de 2009.

19. Estimativos extraídos de la base de datos diseñada por la investigadora, que utiliza como fuentes los registros del CINEP y la OGP.

20. El Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Concesiones INCO le concede por 30 años, con licencia ambiental expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, declarado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN como Zona Franca permanentemente especial.

21. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ordena que se debe adelantar consulta previa, libre e informada con las comunidades, tribales e indígenas en los casos en que se desarrollen proyectos en sus territorios, que puedan afectar directa o indirectamente a estas comunidades. Colombia acogió este convenio.

22. Esta fundación trabaja en algunos casos en red con el Palenque El Congal.

23. Se acude a la figura del Defensor del Pueblo del Banco Mundial, porque el proyecto TCBuen involucra créditos de esta entidad.

24. Algunos de los activistas del PCN, tienen una extensa lista de viajes a E.U. y Europa, en busca de apoyo para sus demandas. Este activista, en particular, ha participado en la Conferencia Mundial de Durvan, sobre discriminación, racismo y otras formas conexas de intolerancia, tres cumbres de la organización mundial del comercio-OMC, dos sesiones ante la CIDH y una gira por 5 países europeos en 2001, para dar a conocer junto a otros delegados, la situación de las poblaciones negras víctimas del conflicto armado en Colombia.

25. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Tiene su sede en Washington, DC. El otro organismo del sistema es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete personas de reconocida trayectoria en Derechos Humanos; electos a título personal y no como representantes de ningún gobierno. Es un órgano de la Organización de los Estados Americanos creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos además de servir como órgano consultivo de la OEA en esta materia.

26. Ver alertas AGP disponible en Archivos de protestas globales AGP, disponible en http:/www.nadir.org/initiativ/agp/es.

27. La Toma es un corregimiento del norte del Cauca, en el cual se estaba adelantando un proceso de expulsión de la población minera que, de acuerdo a la documentación referida por los activistas, habita la zona desde el siglo XVII. Dicha expulsión estaba sustentada en el otorgamiento de títulos de explotación minera otorgados por el Gobierno Nacional a empresarios de otras partes del país.

28. Para mayor ilustración, sobre estas discusiones, se puede acceder a los audios de las audiencias del PCN ante la CIDH, disponibles en www.cidh.oas.org

29. Término introducido por Ferree Myra y Gamson William (2002) que es una ampliación del término oportunidad política y se refiere a la apertura de espacios para discutir e influenciar a la opinión pública, sobre temas particularmente importantes para ciertos colectivos sociales.

30. Un ejemplo de esto son las apreciaciones del Gobierno en torno al tema del racismo estructural. Mientras en la audiencia de Marzo de 2008, el representante del gobierno afirmó que la causa de la precaria situación de las poblaciones negras en Colombia, eran las mismas del resto de la población pobre del país; en una audiencia posterior, en octubre del mismo año, es el mismo delegado del Gobierno quien afirma que se ha reconocido la existencia del racismo estructural y que en consecuencia este planteamiento se ha incluido en el Plan Integral a largo plazo para las poblaciones negras, palenqueras y raizales (Material de audio disponible en la página Web de la CIDH).

31. Audiencias ante la CIDH, Marzo 6 -2007 y octubre 23 de 2008 (Material de audio disponible en la página Web de la CIDH).

32. El análisis escalar implica la adopción del concepto de escala como una red de asociaciones, coaliciones y agentes que generan distintas dinámicas estrechamente imbricadas (Pillét, 2008).

33. Los concepto de "Glocal" y "glocalización" fueron introducidos en Sociología por Robertson (2000), quien señala que la globalización ha implicado la incorporación de la comunidad y de la vida cotidiana en la comprensión del mundo como un todo. En este sentido, lo local puede ser visto, no como lo opuesto a lo global, sino como parte de él. Esto es lo que se denomina glocalización. Lo Glocal implica una serie de procesos cambiantes, complejos y asimétricos.

34. De acuerdo con la definición de Foucault "Un discurso es un sistema simbólico de ordenamiento de las prácticas" la resistencia al poder está intrincablemente ligada a la dinámica misma del poder (sin por lo tanto desaparecer como resistencia), e inicia la interminable espiral de las estrategias de poder y de las contra-conductas a estas estrategias. Estas contra-conductas o contra-discursos no pueden por consiguiente venir de los intelectuales que desvelan las condiciones ideológicas en las que viven aquellos que están expuestos a las estrategias del poder. Tienen que venir más bien de aquellos mismos que están implicados, captados por el poder mismo (Muhle, 2009 :162).

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