ISSN 1657-6535 | e-ISSN 2805-993X
PRECEDENTE 2024 VOL. 25 / JULIO-DICIEMBRE, 142-161. CALI – COLOMBIA
* Abogado por la Universidad del Rosario. Magíster en Derecho y Candidato a Doctor en Derecho
por la Universidad de los Andes. Miembro del Grupo de Investigación en Derecho y Género y
Supervisor del Semillero de Investigación en Trabajo y Derecho de la Facultad de Derecho de la
Universidad de los Andes. Correo electrónico: a.rodriguezm10@uniandes.edu.co. ORCID https://
orcid.org/0000-0002-1845-3062
Reseña realizada por:
Andrés Rodríguez Morales*
Injusticia sin fin: La brecha pensional
de género e ideas para cerrarla
Porras-Santanilla, L. y Ramírez-Bustamante, N. (Eds.) (2023).
Injusticia sin fin: La brecha pensional de género e ideas para cerrarla.
Universidad de los Andes.
DOI:
https://doi.org/10.18046/prec.v25.7228
Esta obra se distribuye a través de una licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.
ISSN 1657-6535 | e-ISSN 2805-993X
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Resumen
Este texto presenta la reseña del libro Injusticia sin fin: La brecha pensional de género e
ideas para cerrarla, editado por Laura Porras-Santanilla y Natalia Ramírez-Bustamante.
A lo largo del texto, sostengo que el libro contribuye a documentar un fenómeno clave
que ha sido poco desarrollado en Colombia: la doble brecha pensional de género. Para
ello, presento la agenda de investigación previa que llevó a la publicación del libro,
sus principales hallazgos y las líneas de investigación que abre. También relaciono los
hallazgos con una de sus principales causas: la distribución injusta de las cargas de
cuidado.
Palabras clave: derecho laboral; género; pensiones; brecha pensional; trabajo de
cuidado.
Abstract
This text presents a review of the book Injustice Without End: The Gender Pension
Gap and Ideas to Close it, edited by Laura Porras-Santanilla and Natalia Ramírez-
Bustamante. Throughout the text, I argue that the book contributes to documenting a
key phenomenon that has been understudied in Colombia: the double gender pension
gap. To this end, I discuss the prior research agenda that led to the book’s publication,
its main findings and the research directions it opens. I also relate the findings to one
of its main causes: the unfair distribution of care responsibilities.
Keywords: Labour Law; Gender; Pensions; Pension Gap; Care Work.
Resumo
Este texto apresenta uma recensão do livro Injustiça sem fim: A diferença de pensões
entre homens e mulheres e ideias para a colmatar, editado por Laura Porras-Santanilla e
Natalia Ramírez-Bustamante. Ao longo do texto, defendo que o livro contribui para
documentar um fenómeno fundamental que tem sido pouco explorado na Colômbia:
a dupla diferença de pensões entre homens e mulheres. Para isso, apresento a agenda
de investigação prévia que levou à publicação do livro, os seus principais resultados e
as novas linhas de investigação que abre. Além disso, relaciono os resultados com uma
das suas principais causas: a distribuição injusta dos encargos de cuidado.
Palavras-chave: direito do trabalho; género; pensões; disparidades nas pensões;
trabalho de assistência.
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Introducción
En este texto, presento una reseña del libro Injusticia sin fin: La brecha pensional
de género e ideas para cerrarla, editado por Laura Porras-Santanilla y Natalia
Ramírez-Bustamante (2023). Esta obra responde a la necesidad de visibilizar en la
agenda de discusión pública una injusticia que podría catalogarse de estructural
(McKeown, 2021): la doble brecha pensional. Por un lado, las mujeres tienen
menor cobertura de protección en la vejez (menos mujeres logran pensionarse).
Por otro, para las mujeres que logran pensionarse, esta cobertura es inferior (las
mesadas pensionales de las mujeres son menores). El libro muestra que esta es
una discusión pendiente en Colombia, aunque ya ha sido abordada por otros
países de América Latina.
El contexto de publicación del libro no puede ser más provocador. Nos
encontramos en pleno inicio de la implementación de una reforma pensional (Ley
2381 de 2024). Paralelamente, la constitucionalidad de esa ley se está poniendo
en duda por vicios de procedimiento en su formación (Cadavid Ballesteros y
Acosta Boada, 2024). En el marco del debate generado por esta reforma, se
empezó a discutir cómo a raíz del diseño del sistema pensional establecido por
la Ley 100 de 1993, que carece de cualquier enfoque de género, las mujeres
pierden en el juego social (Alviar García y Jaramillo Sierra, 2012; Jaramillo
Sierra, 2000) y deben asumir esa doble brecha, que las deja desprotegidas en
términos de cobertura para la vejez. Incluso si la reforma pensional es declarada
inconstitucional por los vicios de procedimiento, a raíz de este debate, la Corte
Constitucional intervino y ordenó una disminución progresiva de las semanas
para los dos regímenes pensionales que reglamenta la Ley 100 de 1993, con el
fin de reducir esa brecha (Corte Constitucional, C-197-2023 y C-054-2023).
En este texto, mi objetivo es, por supuesto, invitar a las y los lectores
interesados en este número especial de Precedente a leer el libro editado por
Porras-Santanilla y Ramírez-Bustamante. A lo largo de esta reseña, valiéndome
del libro, sostengo que la distribución injusta del trabajo de cuidado, impuesto
históricamente a las mujeres (Federici, 2000; Hochschild, 1989), y la contribución
del derecho en la reproducción de ese arreglo social (Cortés-Nieto y Rodríguez
Morales, 2024) inciden en la existencia de esa brecha.
Con este propósito, este texto se divide en tres partes. En la primera sección,
doy a los lectores más contexto sobre el trabajo previo de Porras-Santanilla y
Ramírez-Bustamante, útil para comprender su apuesta política al editar el libro
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y su inserción en una agenda más amplia que visibiliza los efectos negativos para
las mujeres de la imposición histórica del trabajo de cuidado. En la segunda
sección, sintetizo brevemente cuáles discusiones abre cada uno de los capítulos
del libro. Finalmente, en la última sección, propongo agendas de investigación
futuras que podrían ser construidas sobre los hallazgos del libro.
No es posible comprender cómo funciona el trabajo
sin estudiar el cuidado
En Colombia es difícil situarse como una voz relevante dentro del campo jurídico
(Bourdieu, 2000) del derecho laboral. A mi juicio, esto se debe a dos factores. Por
un lado, el campo del derecho laboral ha sido poco desarrollado respecto de sus
pares. Por otro lado, también existe una imaginación muy limitada sobre lo que
es “un laboralista”. Los profesores de derecho laboral con dedicación de tiempo
completo son escasos y, dentro de este campo, los magistrados, magistrados
auxiliares y abogados litigantes tienen un mayor peso que los académicos (Porras-
Santanilla y Caselles Hernández, 2019; Rodríguez Morales, 2024).
Estos factores hacen que sea especialmente valiente que dos abogadas
feministas, profesoras de tiempo completo, se sitúen dentro del campo jurídico
del derecho laboral. Pero Porras-Santanilla y Ramírez-Bustamante han ido más
allá. Su inserción dentro del campo ha implicado una apuesta por transformarlo,
y lo han hecho de varias maneras. En primer lugar, han incluido dentro de los
productos del campo investigaciones sociojurídicas, cuando tradicionalmente
la academia legal laboral colombiana ha girado en torno a la publicación de
manuales de derecho. En el campo del derecho laboral, esas investigaciones
doctrinales se enfocan en sintetizar la regulación de la relación estándar de
empleo (Porras, 2018a).
Concentrar la mayoría de las investigaciones alrededor de esa regulación
evidencia una clara desconexión con la realidad colombiana. Para 2020, 36%
de la población económicamente activa estaba conformada por trabajadores
por cuenta propia (Ramírez-Bustamante, 2021, p. 25). A estos trabajadores
no les aplica la regulación estándar de empleo, que requiere la existencia de
una relación bilateral; en otras palabras, de un empleador (Countouris, 2019).
Porras-Santanilla y Ramírez-Bustamante han denunciado esta desconexión
y se han opuesto a ella mediante el uso de metodologías de investigación
sociojurídica, como el trabajo etnográfico de larga duración (Porras-Santanilla,
2019), las entrevistas semiestructuradas (Ramírez-Bustamante y Santamaría
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Uribe, 2021) y el uso de investigaciones cuantitativas (Tribín et al., 2019 y
2023), todas dirigidas a revitalizar el campo. Al mismo tiempo, han resaltado
la importancia de analizar el trabajo desde una perspectiva de género y han
abierto espacios para esas discusiones (Buchely et al., 2019; Porras-Santanilla
y Ramírez-Bustamante, 2021a).
En específico, Porras (2018b, 2019) realizó un trabajo etnográfico de larga
duración con rebuscadores de la calle. Como resultado, mostró que el derecho
laboral es ineficaz para proteger a los rebuscadores (Porras, 2018a), los limitados
casos en los que el derecho constitucional sí puede hacerlo (Porras- Santanilla
y Rodríguez Morales, 2022; Porras-Santanilla y Fleischer, 2023) y las duras
implicaciones de la implementación del derecho de policía (Porras-Santanilla,
2022). En síntesis, como lo resalta la autora, el derecho funciona más como una
espada que como un escudo para esos trabajadores (Porras, 2017).
Aunque el cuidado no es el protagonista en este nodo de la investigación,
sí está presente. Las estrategias de las rebuscadoras para hacer compatible el
trabajo en la calle con el cuidado y los límites de la oferta pública de cuidado
están documentados en otro trabajo (Porras-Santanilla y Rodríguez Morales,
2019). De hecho, en algunos trabajos, Porras ha resaltado que en los procesos
judiciales se suele invisibilizar las cargas de cuidado que asumen las mujeres,
lo que repercute en el reconocimiento de esas actividades como un trabajo
(Porras-Santanilla y Caselles Hernández, 2019) o en el acceso a prestaciones
de la seguridad social (Porras-Santanilla y Rodríguez Morales, s. f.).
Por su parte, Ramírez ha impulsado la renovación del campo de tres maneras.
En primer lugar, ha liderado la investigación sobre un fenómeno reciente y
que seguro será objeto de discusión durante los siguientes años: cómo impacta
en el disfrute de los derechos laborales la irrupción del trabajo en plataformas
digitales (Parra Rosas y Rodríguez Morales, 2024; Ramírez-Bustamante et al.,
2023; Ramírez-Bustamante, Parra Rosas, Celis Noguera, et al., 2021; Ramírez-
Bustamante, Parra Rosas y Rodríguez Morales, 2021).
En segundo lugar, ha iniciado la discusión sobre la necesidad de vigilar
el cumplimiento de la ley laboral durante el periodo precontractual del
contrato de trabajo en Colombia (Ramírez-Bustamante, 2024a), que repercute
negativamente en la equidad de género (Ramírez-Bustamante et al., 2024). Por
ejemplo, Ramírez encontró que, según la Encuesta Nacional de Salud de 2020,
al 68% de las mujeres se les realizó una prueba de embarazo, práctica que solo
es legal en ciertos casos (Ramírez-Bustamante y Camelo-Urrego, 2021). De
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hecho, en general, Ramírez ha denunciado cómo las normas laborales tienen un
sesgo antimaternidad, lo que hace que ser madre y trabajar sean prácticamente
excluyentes (Ramírez-Bustamante et al., 2021).
En tercer lugar, en su trabajo doctoral, Ramírez (2017 y 2019) estudió el
tránsito entre “la formalidad” y “la informalidad” de las mujeres que trabajan
en satélites de confección. Allí resaltó cómo las mujeres transitan entre trabajos
más rígidos y menos rígidos para hacer compatibles sus actividades profesionales
con el cuidado, así como las conexiones entre “lo formal” y “lo informal”. Este
interés por documentar la distribución injusta de las cargas de cuidado llevó a
Ramírez a fundar el Proyecto Quanta (s. f.), un proyecto interinstitucional de
investigación sobre trabajo y cuidado que buscaba visibilizar la inequidad en el
reparto de cuidado y formular políticas públicas para superar esa distribución
inequitativa. Posteriormente, creó el Proyecto Digna (s. f.), que tiene un enfoque
más amplio e indaga por “las condiciones que favorecen la equidad de género”.
Estos hallazgos sobre las desigualdades necesariamente repercuten en el
acceso a la protección social. Nuestros sistemas de pensiones, salud y riesgos aún
contienen un alto porcentaje de prestaciones contributivas, lo que genera que las
personas que tienen una permanencia menos estable en el mercado laboral no
puedan acceder a las prestaciones diseñadas para cubrir esas contingencias. En
otros términos, es innegable que existe una relación entre el trabajo y la seguridad
social; una participación desigual en el mercado de trabajo lamentablemente
se traduce en una cobertura inequitativa por parte del sistema de seguridad
social (Álvarez y Villaveces Niño, 2021). Injusticia sin fin avanza en visibilizar
ese fenómeno respecto de la cobertura en la protección para la vejez.
Los trabajos que recopila Injusticia sin fin: los orígenes
de la brecha y su magnitud
El libro inicia con un capítulo de Jaime Tenjo G. (2024), clave para entender
los orígenes de la doble brecha pensional, pues documenta qué sabemos y qué
no sobre la participación de las mujeres en el mercado laboral colombiano. En
particular, señala tres ámbitos en los que dicha participación resulta inequitativa.
El primero tiene que ver con la participación de las mujeres en el mercado
laboral. El texto resalta que en los últimos cincuenta años la participación
laboral femenina se ha duplicado, gracias al ingreso al mercado laboral de
mujeres casadas. No obstante, el número de horas trabajadas suele reducirse
en los casos en los que hay presencia de niñas y niños en el hogar.
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En segundo lugar, tenemos el fenómeno más documentado: la brecha salarial
de género. Tenjo (2024) encontró que, aunque existen varios estudios sobre la
brecha, la mayoría no son recientes y se concentran más en cuantificarla que
en explicar sus causas. En ese sentido, podría ser pertinente tener en cuenta
el trabajo de Raquel Badillo et. al. (2021), quienes, a partir del procesamiento
de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del año 2018, encontraron
que la brecha salarial es de 24% en contra de las mujeres en el sector informal,
mientras que en el sector formal las mujeres ganan 5% más. Esto se podría
explicar por el hecho de que las mujeres tienen, en promedio, más años de
educación que los hombres (Badillo et al., 2021). En tercer lugar, otra causa de
la participación desigual es el reparto inequitativo del cuidado. Según la GEIH
de 2023, las mujeres invierten 25 horas más a la semana en el cuidado que sus
pares masculinos (Ham et al., 2023).
Los siguientes dos capítulos se centran en medir la brecha. Por un lado, Soraya
Quiroga Camacho (2024) solicitó a Colpensiones (que administra el Régimen de
Prima Media) y a las Administradoras de Fondos de Pensiones (que administran
el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad) los datos anonimizados de
las mesadas pensionales. Para obtener esos datos, la autora tuvo que solicitarlos
a cada uno de los fondos, los cuales no utilizan las mismas variables en su
recopilación estadística. De hecho, lamentablemente, la investigación no incluyó
los datos de Colfondos, toda vez que fue imposible acceder a ellos. Esto demuestra
que una de las limitantes para hacer investigación en esta materia es la falta de
disponibilidad de información confiable.
Tras unificar los datos, Quiroga calculó la brecha teniendo en cuenta el último
salario devengado, mediante el uso de regresiones multivariadas. Encontró que
las mujeres tienen una brecha pensional de -14,2% en los fondos privados y de
-6,7% en Régimen de Prima Media. La autora también encontró que cada hijo
adicional incrementa la brecha en 2,7% y que un número importante de mujeres
se pensiona a través de la garantía de pensión de mínima del Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, que permite a las mujeres con más de 57 años y
con 1150 semanas de cotización pensionarse con un salario mínimo (Quiroga
Camacho, 2024). Me parece importante resaltar que esta investigación solo
incluye un análisis de las personas que logran obtener su pensión (ya que parte
de esos datos) y solo mide una parte de la brecha (la diferencia entre la mesada
de las mujeres y de los hombres) y no la brecha en la posibilidad de pensionarse.
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Por otro lado, Andrea López Rodríguez (2024) utilizó los datos de la GEIH
de 2018 y simuló las trayectorias laborales posibles utilizando las cadenas de
Markov. Aunque esta investigación parte de más supuestos y utiliza información
censal y no microdatos, permite medir la brecha en la posibilidad de acceder a
la pensión. Las mujeres en zonas rurales tienen una probabilidad de -4,89% de
pensionarse, mientras que en las zonas urbanas es de -11,44%. Respecto de la
mesada, en áreas rurales es de -16,62%, y en áreas urbanas, de -8,63%. López
Rodríguez (2024), además, simuló varios escenarios para encontrar cuáles serían
los que más cerrarían la brecha. Al hacerlo, encontró que la medida más eficaz
para cerrar las brechas es una medida combinada de aumentar la edad de retiro,
reducir a 1150 las semanas para pensionarse en el Régimen de Prima Media y
otorgar a cada mujer 25 semanas adicionales por hijo.
Posteriormente, Parra Rosas et al. (2024) realizaron una revisión de literatura
sobre las medidas que se han tomado en otros países de América del Sur para
cerrar la brecha. Entre las experiencias destacadas, los autores sugieren igualar
la edad de pensión para hombres y mujeres, usar tablas de mortalidad únicas
para ambos sexos en regímenes de capitalización individual, otorgar pensiones
semicontributivas (con cotizaciones de las familias) para las personas que
realizan trabajos de cuidado en el hogar y reducir los costos previsionales para
las mujeres para las pensiones de sobrevivencia e invalidez.
Antes de finalizar, sin embargo, quisiera referirme a un informe de Becerra et
al. (2023) que fue producido en paralelo a la edición del libro y que es útil para
enriquecer el debate, pues llena algunos de los vacíos identificados en Injusticia
sin fin. En él se utilizaron datos de la GEIH de 2021, 2022 y 2023, así como
registros administrativos, que fueron procesados usando el modelo pensional
del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Facultad de
Economía de la Universidad de los Andes. El informe encontró que la brecha
total del sistema pensional (incluyendo otras prestaciones, no solo las de vejez)
es del 11%. Según el informe, las medidas para cerrar la brecha se dirigen en tres
frentes. En primer lugar, es necesario reducir las desigualdades en el mercado
laboral. Para ello, se debe promover un reparto más equitativo del trabajo de
cuidado, sancionar de forma efectiva la discriminación basada en género durante
la etapa precontractual y reducir la brecha de género en la participación en
los sectores con salarios más bajos en el mercado laboral. En segundo lugar,
respecto del sistema de pensiones, se propone reconocer el trabajo de cuidado
a través de semanas de cotización, permitiendo que las mujeres accedan a
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pensiones con menos requisitos y, sobre todo, aumentando las pensiones no
contributivas. Finalmente, de una forma más holística respecto del Sistema
de Protección Social, los autores proponen fortalecer el sistema de salud para
que sea más preventivo respecto de una población que envejece cada vez más.
Interesantemente, los autores sostienen que una de las medidas que más cierra
la brecha es establecer prestaciones semicontributivas (Becerra et al., 2023).
Futuras agendas: preguntas para una protección social
más equitativa
En esta reseña argumenté que Injusticia sin fin es un libro que contribuye a
documentar la existencia de una doble brecha pensional de género en Colombia,
un fenómeno vinculado a la participación diferencial de las mujeres en el
mercado laboral, causada en gran parte por las cargas de cuidado que les ha
sido impuesta históricamente. Hacia el futuro, este libro abre múltiples futuras
agendas de investigación. La primera y más importante es el estudio del impacto
de la reforma pensional en la reducción o ampliación de la brecha. Como ya lo
expliqué, el libro sugiere que las medidas tomadas por la reforma pensional no
son suficientes para cerrar la doble brecha.
En segundo lugar, es necesario pensar en las nuevas desigualdades que podrían
surgir a partir de esta brecha pensional. Por ejemplo, es posible que exista una
brecha inversa en las pensiones de sobrevivientes. Me explico: la literatura ha
mostrado que esta prestación, diseñada para cubrir el riesgo asociado a la pérdida
de un familiar, tiene un carácter feminizador. Según datos recientes, el 88,99% de
los beneficiarios de pensiones de sobrevivientes son mujeres (Porras-Santanilla
y Rodríguez Morales, s. f.). Esto podría implicar que la minoría de hombres
beneficiarios de esa prestación (11,02%), al serles reconocidas pensiones a
partir del valor de las mesadas o de los salarios de sus parejas, tengan pensiones
más bajas. Tal situación tendría implicaciones de género desfavorables para los
hombres que asumen la carga de cuidado de sus parejas; es decir, masculinidades
inclusivas. En otro trabajo expuse cómo ser hombre y más joven que la pareja
puede tornarse en un prejuicio utilizado para negar la pensión de sobrevivientes
(Rodríguez Morales, 2022).
En tercer lugar, el libro nos invita a pensar en la importancia de proteger
a las personas de la discriminación durante el periodo precontractual y en la
necesidad de una cobertura real para el desempleo (Álvarez y Villaveces Niño,
2021). Por ejemplo, perder el empleo aproximándose a la edad en la que se
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logra cobertura para la vejez podría tener consecuencias severas que impidan
acceder a la prestación. La edad no suele ser tenida en cuenta como un criterio
sospechoso en casos de discriminación precontractual (Ramírez-Bustamante,
2024b) y las políticas públicas están destinadas a fomentar la contratación de
adultos mayores (Villar et al., 2020), no de personas de mediana edad.
Finalmente, me parece relevante resaltar que, aunque este libro se une a
un naciente nicho de literatura académica de derecho laboral con enfoque
de género (Arango Gallego et al., 2024; Morad Acero, 2020; Muñoz Segura,
2022; Porras-Santanilla y Ramírez-Bustamante, 2021a), su contribución es aún
más pertinente teniendo en cuenta que, dentro de los estudios sobre el trabajo
publicados en las últimas décadas, el campo de la seguridad social ha sido uno
de los menos desarrollados (Porras-Santanilla y Ramírez-Bustamante, 2021b).
Aunque, afortunadamente, ese poco desarrollo conceptual se está superando,
la mayoría de los estudios sobre seguridad social se están concentrando en el
sistema pensional (Muñoz Segura y Zúñiga Romero, 2021; Rodríguez Morales,
2024; Zúñiga Romero, 2018).
Aunque lograr la equidad de género en el sistema de protección a la vejez es
fundamental, no debería ser la única prioridad dentro de la discusión pública.
Por ejemplo, en otros países se han documentado las notorias inequidades de
género en el sistema de riesgos laborales (Cox y Lippel, 2008; Lippel, 2003),
un fenómeno que, salvo por dos contribuciones recientes que se concentran
específicamente en los riesgos psicosociales (Álvarez Joya, 2023; Camacho
Ramírez, 2020), ha pasado prácticamente inadvertido en Colombia. Espero que
la contribución de Porras-Santanilla y Ramírez-Bustamante (2023) en Injusticia
sin fin sea una invitación para abrir más agendas en pro de la equidad de género
en el trabajo y la seguridad social, como ellas lo han hecho con las pensiones.
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