MICROCRÉDITO EN COLOMBIA*

BERNARDO BARONA Z.

Ph.D. Decano Académico, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Javeriana, Cali

Fecha de recepción: 15-12-2003 Fecha de aceptación: 1-4-2004

* Reseña histórica y descripción de un programa de investigación internacional en el que participan dos universidades colombianas y sus resultados parciales.

ABSTRACT

The paper presents a cursory review of the main programs and activities conducted in Colombia in the last decades to satisfy the need of financial resources of micro businesses. It also introduces a Research Program that two Colombian Universities have been conducting on the subject of micro credit in association with several universities and research centers of North America, Asia and Africa. The Program‘s main objective is to improve our understanding of the way in which financial co-operatives operates and, based on this, to put forward recommendations to increase the efficiency of this kind of intermediaries of micro credit, which are particularly important to this sector given their better prospects of being financially sustainable in the long run. A secondary objective of the program is to asses if the credit services provided by financial co-operatives have contributed to reduce poverty. The Research Program is still in progress and the results so far are preliminary. However, our findings suggest that small co-operatives are more efficient than large ones. The potential benefits of economies of scale are overcome by the expense preference behavior of managers of large co-operatives. In addition, financial co-operatives in general have not been using credit assessment and monitoring technologies that have been developed elsewhere and seems more appropriate in dealing with micro enterprises than the technology of credit used by large banks. With respect to the effect of micro credit services provided by co-operatives on poverty reduction our preliminary results indicate that it has not been important, although it has great potential, especially in rural areas.

KEY WORDS

Microfinance, microcredit, cooperatives, expense preference behavior, economics of scale, poverty alleviation.

Classification: A

RESUMEN

El artículo tiene como propósitos: proporcionar una visión general de la forma en que el financiamiento de los microempresarios y los estratos más vulnerables de la población ha sido abocada en Colombia; resumir los grandes retos que enfrenta en la actualidad el programa de microfinanzas en el mundo, presentar el programa de investigación que están adelantando las Universidades Icesi y del Valle en Colombia en asocio con la Universidad de Laval en Canadá y con algunos centros de Investigación de Filipinas, Marruecos y Benin y algunos resultados parciales de este esfuerzo investigativo; y, presentar algunas recomendaciones tendientes a fortalecer a las organizaciones microfinancieras en el país.

Una revisión de la historia y el estado actual del microcrédito en Colombia indica que los esfuerzos hasta ahora realizados parecen haberse quedado muy cortos frente a las necesidades de financiación de los microempresarios: la cobertura de microemepresarios alcanzada por instituciones gubernamentales, ONG y la banca convencional ha sido muy baja. En cuanto a los retos que afronta el movimiento microfinanciero en el mundo dos muy importantes son (i), clarificar el efecto de los diferentes esfuerzos de microcrédito realizados en la reducción de la pobreza de la población del país y, (ii), identificar mecanismos para lograr un aumento significativo de la cobertura mediante un balance adecuado entre regulación, supervisión y disciplina de mercado.

Los principales resultados (parciales) obtenidos en la línea de investigación descrita en este artículo son (i), contrario a lo que con frecuencia se asume, a medida que una organización cooperativa crece en tamaño no necesariamente se torna más eficiente: los posibles beneficios de la mayor escala fueron más que compensados en las empresas estudiadas por nosotros por la propensión al gasto excesivo que exhiben los gerentes en caso de instituciones de mayor tamaño (ii), las cooperativas rurales colombianas, a pesar de tener un gran potencial para irrigar el crédito en ciertas zonas del país, no parecen estar empleando tecnologías de microcrédito desarrolladas y utilizadas de manera exitosa por instituciones como el Banco Grameen en Bangladesh o la Fundación WWB en Colombia.

PALABRAS CLAVES

Microfinanzas, microcrédito, cooperativas, preferencia al gasto, economías de escala, reducción de pobreza.

Clasificación: A

1. INTRODUCCIÓN

El término microfinanzas se ha tornado muy popular en los últimos años, tanto entre académicos como en los medios masivos de comunicación. Lo anterior no es sorprendente ya que en muchos países el sector microempresarial ha ganado un peso importante en sus economías. Microfinanzas puede entenderse como las finanzas de las microempresas. Sin embargo, el término ha tendido a usarse en el sentido más restringido del crédito a las microempresas, excluyendo otros servicios importantes, como facilidades de ahorro y seguros. Estos últimos han sido incorporados a la discusión en años recientes por su relación con el crédito y con la supervivencia y crecimiento de las organizaciones microempresariales.

Por su misma naturaleza el tamaño del mercado de microcrédito es muy difícil de estimar. En uno de los pocos estudios que ha hecho este intento, la firma Econometría estimaba para el año 2001 un tamaño de mercado de US$3,817 (Ver un resumen de este estudio en Dinero, diciembre 17 de 2001). La misma fuente encontró que sólo el 3.4% de los microempresarios se había beneficiado de un crédito otorgado por una institución formal. Una fuente diferente (Carpintero, 1998: 82) estimó una cobertura ligeramente superior: entre un 5% y un 10%. En un estudio más reciente Westley (2001) estimaba el número de microempresas en Colombia en 6.5 millones; de éstas sólo el 3,37% había recibido crédito de una institución microfinanciera. Las anteriores cifras ponen de manifiesto la importancia de aumentar la oferta de recursos crediticios al sector microempresarial a tasas razonables.¹

El presente artículo tiene como propósitos: proporcionar una visión general de la forma en que el financiamiento de los microempresarios y los estratos más vulnerables de la población ha sido abocada en Colombia (sección 2); resumir los grandes retos que enfrenta en la actualidad el programa de microfinanzas en el mundo (sección 3); presentar el programa de investigación que están adelantando las universidades Icesi y del Valle en Colombia, en asocio con la Universidad de Laval en Canadá y con algunos centros de investigación de Filipinas, Marruecos y Benin y algunos resultados parciales de este esfuerzo investigativo (sección 4); presentar algunas recomendaciones tendientes a fortalecer a las organizaciones microfinancieras en el país (sección 5).

2. LOS ESFUERZOS PARA FINANCIAR A LAS MICROEMPRESAS EN COLOMBIA. BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Colombia no ha sido ajena al movimiento que surgió desde mediados del siglo XX en varios países, para apoyar las necesidades financieras de la población más pobre. Siguiendo a Kirkpatrick y Maimbo (2002) puede decirse que tal movimiento ha tenido las tres etapas que se describen a continuación.

Era del crédito subsidiado a la agricultura

Se extendió desde la década de los años cincuenta hasta la de los setenta. Se caracterizó porque varias instituciones formales, principalmente del sector público, fueron las principales proveedoras de servicios financieros a los pobres. El supuesto que prevalecía en los gobiernos de diferentes países era que la pobreza podría ser superada mediante un incremento en productividad si se les otorgaba crédito a los pequeños agricultores. Entidades gubernamentales, entonces, concedían crédito prácticamente sin garantías, a bajas tasas de interés, usualmente al sector agrícola. El sector bancario tradicional se mantenía alejado de este segmento porque lo consideraba de alto riesgo, sus miembros no disponían de colateral y por los altos costos de transacción y los bajos montos de créditos unitarios (y, en ciertas áreas, por la dificultad de acceso).

Problemas como el paternalismo, arbitrariedad, prácticas corruptas, topes a las tasas de interés y otros condujeron a que las instituciones mencionadas antes fallaran en prestar servicios financieros efectivamente a los pobres. La provisión de servicios financieros subsidiados mediante entidades financieras estatales mostró no ser sostenible y finalmente fue abandonada después de perder apoyo político. El caso de la Caja Agraria en Colombia se inscribe dentro de esta etapa.² Esta institución fue establecida en 1931 como una entidad estatal. La nación invirtió en ella durante los casi setenta años de su existencia cuantiosos recursos públicos. Sin embargo, muchos estudios pusieron en evidencia que las buenas intenciones que se tuvieron con su creación no se estaban materializando ya que los recursos subsidiados habían ido en su mayor volumen a personas que no los necesitaban y los esperados efectos en el incremento en la productividad y mejoramiento tecnológico no se presentaron. Por esta razón, y por encontrarse a finales de la década de los años noventa en un estado de insolvencia originado en una cuantiosa cartera irrecuperable, el gobierno de turno decidió liquidar esta institución y crear una mucho más pequeña, el Banco Agrario, cuya sostenibilidad financiera según algunos analistas está en duda ya que parece haber heredado clientes con muy malos hábitos de pago (Cuevas and Taber, 2002). La creación de bancos de los pobres en Colombia, que parece estar en la mira de muchos políticos (de hecho desde hace algún tiempo existe uno en Medellín), no debería adelantarse sin una cuidadosa evaluación previa de los factores que llevaron al fracaso a muchas instituciones públicas con objetivos similares en el pasado.

La era de los microempresarios

Instituciones semi-formales (conocidas genéricamente como Instituciones Microfinancieras-IMF) se volvieron prominentes entre 1980 y 1996, cuando se asoció a los pobres con mujeres microempresarias que no tenían activos para dar en garantía. Enfoques nuevos para financiar a los pobres, denominados colectivamente como microfinanzas, comenzaron a emerger particularmente entre organizaciones registradas como sin ánimo de lucro o bancos con estructura jurídica especial (Ej. Banco Gramen en Bangladesh, Banco Sol en Bolivia, Banco Mundial de la Mujer -WW Bank- en Colombia).³ Estas instituciones se concentraron en prestar pequeñas cantidades a individuos y grupos, empleando técnicas muy básicas de crédito y una variedad de mecanismos para incentivar el pago. El concepto que prevalecía entre estas organizaciones era que a pesar de carecer de colateral, los pobres eran capaces de amortizar los préstamos si se les proveía de incentivos apropiados, tales como acceso a préstamos adicionales a una fecha predeterminada. La oportunidad de los préstamos y la consistencia de la disponibilidad del crédito era considerada más importante para el prestatario que la tasa de interés que ellos pagaban (Kirkpatrick y Maimbo).

Desde finales de los años noventa las actividades crediticias de las IMF dejaron de considerarse marginales (la cartera consolidada de 206 instituciones incluidas en un estudio del Banco Mundial se estimó en US$7 billones en septiembre de 1995, la cual estaba distribuida entre catorce millones de individuos y grupos (Más información en Kirkpatrick y Maimbo, 2002: 294/295).

En Colombia el esfuerzo más grande que se puede ubicar como perteneciente a esta era es el Programa de Crédito para la Microempresa, apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Dicha institución inició su programa de pequeños proyectos inicialmente en asocio con la Fundación Carvajal pero para 1984 ya había ocho ONG comprometidas con esta actividad. De acuerdo con Castañeda y Fadul (2002: 109/10) el programa buscaba principalmente acelerar la industrialización del país. El concepto que prevalecía era que por carencia de conocimientos y capacitación gerencial los microempresarios tenían mucha dificultad en hacer crecer sus negocios. La actividad de crédito se diseñó como un señuelo para atraer a este tipo de emprendedores al programa: como condición para recibir este servicio deberían participar en actividades de capacitación orientadas a desarrollar habilidades gerenciales. A mediados de la década de los años ochenta Acción Internacional comenzó a promover su metodología de crédito solidario en diferentes partes del país. Por esa misma época se creó también en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) una unidad especializada cuyo propósito era dar continuidad a las políticas públicas relacionadas con el microcrédito.

La década de los años noventa se inició con profundos cambios políticos y económicos. En 1991 se promulgó una nueva Constitución Política y la reglamentación del sistema financiero sufrió cambios radicales: por constitución el Banco de la República se constituyó como ente autónomo con una sola responsabilidad: preservar el poder adquisitivo del peso. Se creó una nueva unidad para manejar los fondos gubernamentales asignados a la capacitación y asesoría de los microemepresarios. El DNP y todas las organizaciones envueltas en actividades de microcrédito fueron convocadas a participar.

En 1993 el BID hizo un segundo crédito grande para promover microcréditos (el primero se había realizado en 1989); la responsabilidad de intermediar dichos recursos fue asignada al Instituto de Fomento Industrial, IFI. Algunas otras IMF como la Fundación Santo Domingo y Finamérica comenzaron a jugar un papel importante en el financiamiento de los microempresarios. De acuerdo con el estudio de Castañeda y Fadul (2002), del total de recursos prestados por todas las organizaciones afiliadas al Programa en el año, Finamérica prestó el 43.27%, la Fundación Santo Domingo el 26.43% y la Fundación WW Bank de Cali el 10.43%.

La era de los servicios microfinancieros

Hacia finales de los años noventa comenzaron a hacerse públicos algunos estudios bastante críticos de las prácticas de las IMF, en particular por su incapacidad de satisfacer las necesidades de los más pobres entre los más pobres. Autores como Hulme, Rutherford y Wrigth y Matin (ver Matin, Hulme and Rutherford, 2002) empezaron a hacer ver que los pobres tenían también necesidades de otros servicios financieros como ahorros y seguros, servicios que las IMF no venían prestando. Las críticas al modelo de microcrédito que se venía consolidando iban más allá de la no provisión de ciertos servicios diferentes del crédito y cuestionaban uno de los supuestos primarios sobre los cuales se venía promoviendo el microcrédito: su habilidad para reducir la pobreza. La creciente conciencia en muchas de las IMF, de su fragilidad al depender de donaciones, las había llevado a la búsqueda de autosostenibilidad financiera y ésta a su vez a concentrarse en las capas más pudientes de los microempresarios, ignorando a los más necesitados.

La búsqueda de la corrección de las anteriores falencias, así como el creciente interés global en el campo de las instituciones, introdujo a la agenda microfinanciera la discusión del rol que debería jugar la regulación en la promoción de IMF más flexibles y con portafolios más diversificados de servicios y que incentiven la provisión de crédito a los más pobres entre los pobres (Kirkpatrick and Maimbo, 2002). Otros autores (ver Westley and Branch (2000); Cuevas y Taber (2002)) han llamado la atención acerca del importante papel que han desempeñado en el campo de las microfinanzas unos actores diferentes de las ONG: las cooperativas de ahorro y crédito.

Finalmente, ante el tamaño de la demanda insatisfecha de servicios financieros a las más pequeñas unidades económicas, en los últimos años se ha venido estudiando la creación de condiciones que facilitarían que la banca convencional incursione de manera masiva en este segmento. Para completar la descripción del panorama microfinanciero en el país, a continuación se reseñará tanto el rol del sector solidario como el del bancario institucional, dándole énfasis al papel que estos sectores desarrollarán en el futuro.

Con respecto al sector solidario, éste tiene una larga historia en Colombia cuyos orígenes formales se remontan al año 1931 (Vesga y Lora, 1992). Al igual que el sector bancario institucional, el sector cooperativo fue duramente golpeado por la recesión económica y la crisis financiera de la última parte de los años noventa: después de representar cerca del 9% de los activos del sistema financiero colombiano en 1996, en el 2000 esta cifra se había reducido al 3.3% (Cuevas and Taber, 2003.) La cooperativa colombiana, que antes de la crisis llegó a alcanzar el mayor tamaño tanto por su número de asociados como por el valor de sus préstamos, fue la Cooperativa de Ahorro y Crédito-Cupocrédito, una institución creada en Bogotá en 1960. En 1985 comenzó su expansión a las áreas rurales de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta. De acuerdo con Castañeda y Fadul (2002: 119-121) en 1996 Cupocrédito mostraba las siguientes impresionantes cifras: número de cuentas de ahorro: 447.370; número de asociados 486.272; valor del patrimonio en US$113,3 millones; valor de los créditos en US$302,5; valor promedio del crédito en US $2.483. Adicionalmente, 51% de los créditos eran para empresas; 28% para vivienda y el resto para consumo, salud y otros usos. Como resultado de los eventos económicos del final de la década de los años noventa, Cupocrédito se vio forzada a fusionarse con otras tres cooperativas (Coopdesarrollo, Bancoop y Coopsibaté); de esta fusión nació Megabanco, institución que adoptó la figura legal de empresa limitada, aunque sus propietarios son los asociados de las cuatro cooperativas mencionadas. Megabanco redujo su tamaño significativamente, en relación con el tamaño agregado de las cuatro cooperativas que le dieron origen: el número de oficinas en el país pasó de 450 a 216 y, aunque ha mantenido su orientación hacia los segmentos socioeconómicos medios y bajos de la población, ha planeado abandonar la oferta de créditos a los sectores más bajos, los cuales tenían preferencia en Cupocrédito (Castañeda y Fadul, 2002). Varias otras cooperativas grandes que estaban en operación al final de los años noventa salieron de la crisis peor libradas que Cupocrédito: algunas fueron intervenidas por el Gobierno y otras fueron liquidadas; se estima que el número de depositantes afectados asciende a 900.000.4 La estrategia del gobierno colombiano para hacer frente a la crisis financiera mencionada antes incluyó la redistribución de la supervisión de las cooperativas entre dos superintendencias: la Bancaria y una nueva, la Superintendencia de Economía Solidaria (que había sido abolida hace algunos años). Aunque para la fecha en que fue escrito este artículo el sector cooperativo parecía estar bajo control, no es claro todavía si recuperará la importancia y la senda expansionista que tuvo hasta 1996. Un estudio reciente mostró que aunque los niveles de créditos y de activos en el 2001 eran ligeramente mayores que los de 1997, los niveles de depósitos permanecían en términos reales bastante por debajo (Cuevas and Taber, 2003).

A pesar de la contracción experimentada por el sector cooperativo en los últimos años, algunos analistas lo consideran como una de las alternativas más prometedoras para proporcionar servicios financieros a los más necesitados, particularmente en las áreas rurales:

A pesar de que sus actividades están concentradas en las mismas regiones favorecidas por el sector financiero (Antioquia, el Distrito Capital y el Valle), sus raíces locales y su base de clientes diversa puede proveer una mejor plataforma que el sector público para mejorar el acceso de los hogares y las microempresas rurales a los servicios financieros. Más aún, las denominadas cooperativas financieras, cuyo número alcanza varios millares,⁵ y cubren una diversidad amplia, incluye muchas organizadas alrededor de actividades agrícolas, las cuales juegan un papel en el suministro de insumos, el mercadeo de productos y el procesamiento. Su presencia en las áreas rurales no puede ignorarse como un agente detallista actual o potencial de productos financieros tales como remesas y seguros [Cuevas and Taber (2003:590)].

Westley and Branch (2000) comparten la visión optimista acerca del papel de las cooperativas en las áreas rurales, particularmente de aquellas de tamaño pequeño, las cuales son mucho más flexibles y pueden disfrutar de costos menores que las sucursales de los bancos grandes y por estas razones prestar mejores servicios a sus propietarios/clientes. [Aunque refiriéndose a la situación de Ecuador y no a la de Colombia, Da Ros (2001) es también bastante entusiasta con respecto al papel de las cooperativas rurales en la provisión de servicios de crédito y, en general, en la promoción del desarrollo local].

El sector bancario institucional y el microcrédito

Hasta hace muy poco la mayor parte de las instituciones con la supervisión de la Superintendencia Bancaria de Colombia se habían abstenido de prestar masivamente servicios crediticios al sector microempresarial. Las excepciones han sido la Caja Social de Ahorros y recientemente Finamérica S.A., Compañía de Financiamiento Comercial. En los últimos meses, como respuesta al estancamiento en la demanda de crédito en actividades privilegiadas por el sector bancario institucional (como el crédito a vivienda) y a los estímulos establecidos por el Gobierno, este sector ha comenzado a incursionar en el segmento microempresarial.⁶ A continuación se reseñarán las actividades de la Caja Social y de Finamérica y se analizará el estado actual de la actividad de los intermediarios vigilados por Superbancaria en el sector de los negocios más pequeños.

La Caja Social de Ahorros fue fundada en 1911 por el sacerdote jesuita José María Campoamor, con el propósito principal de promover ahorros entre el segmento más pobre de la población. En 1984 se convirtió en la cabeza de un Holding que tomó el nombre de Fundación Social. En 1991, aprovechando la desregulación del sistema financiero colombiano, se convirtió en un banco. En el año 2000 tenía 1.640.210 ahorradores, 99% de los cuales tenían un saldo en su cuenta de ahorros inferior a US$2,406 (en promedio, US$67). Con respecto a sus actividades crediticias, la Caja tenía en 1999 un número total de créditos de 204.745, 98% de los cuales eran por una cantidad inferior a US$2.406 (en promedio, US$1.821). Cuando el análisis anterior se hace a partir del valor de los créditos US$471.832, y no de su número, la situación es algo diferente. Del valor total indicado antes, el 78% caía en la categoría de un valor inferior a US$2.406 y 22% en la categoría de valores mayores a esta cifra. A pesar de lo anterior, los fondos asignados por la Caja Social a clientes pequeños es considerablemente mayor que los destinados al mismo sector por el Programa de Microempresas reseñado antes (el valor total de los créditos de este programa en el año 2000 llegaba solamente al 5.8% de los recursos provistos por el Banco Caja Social).

Con respecto a Finamérica, se creó como resultado de la reestructuración en 1997 de la ONG Finansol, entidad que por algún tiempo fue considerada como una de las IMF modelo en Colombia, pero que finalmente colapsó debido a una expansión incontrolada (Steege, 1998). En la actualidad esta compañía de Financiamiento Comercial ofrece los siguientes productos: Crédito en Grupo Solidario para Microempresarios: cubre necesidades de capital de trabajo y activos fijos; Crédito Automático, Crediamérica: línea de crédito rotativo para clientes especiales; microleasing: servicios de arrendamiento para maquinaria o equipos; créditos individuales: otorgados a microempresarios para capital de trabajo y activos fijos; Crediamérica proveedores: línea de crédito para clientes especiales con el fin de aprovechar el cupo aprobado para la consecución de insumos a través de una tarjeta inteligente (tomado de www.expopymes.com.co). Como resultado de la fusión de dos organizaciones financieras estatales, el IFI y Bancoldex, el 46% de la propiedad de Finamérica pasará a ser propiedad del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin, "el cual aspira a vender su participación antes de dos años al sector solidario y a las cajas de compensación" (El Tiempo, septiembre 2 de 2003, p.1-10).

En un estudio que cubre la situación de toda América Latina, Marulanda (en Westley y Branch, 2000, Capítulo 1) analiza el desafío que para las cooperativas representa la incursión de la banca comercial en las actividades de microcrédito. La autora analiza dos casos diferentes, el de las compañías financieras chilenas y el de los bancos españoles,⁷ los cuales, aunque presentan diferencias importantes, apuntan al mismo mercado: el estrato de ingreso medio y bajo. La mayor competencia notada por Marulanda, y que se observa en Colombia a través del interés manifestado por los bancos comerciales de irrumpir en el microcrédito, significa un gran desafío para las ONG como la Fundación WWB Colombia y las cooperativas de ahorro y crédito. "Si estas cooperativas van a mantener o a ampliar su participación en el mercado, tendrán que volverse más eficientes, tanto hacia la clientela como en relación con sus procesos internos, con el fin de ofrecer a su clientela una diversidad de productos, en forma ágil y en condiciones competitivas" (Marulanda, 2000: 53).⁸

2.1 Ley 590 del 2000

Esta ley constituye el más reciente esfuerzo del Estado colombiano para promover el desarrollo de las micros, las pequeñas y las medianas empresas. Su intención es apoyar a estas organizaciones mediante un conjunto amplio de mecanismos, entre los cuales los más importantes son:

(a) La creación del Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas-FOMI- PYME, "cuyo objeto es la financiación de proyectos, programas y actividades para el desarrollo tecnológico de este tipo de organizaciones y la aplicación de instrumentos no financieros, dirigidos a su fomento y promoción" (Artículo 17). (b) La creación del Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Rurales, EMPRENDER, "cuyo objeto es apoyar a los micro, pequeños y medianos productores asentados en áreas de economía campesina, estimulando la creación y fortalecimiento de MIPYMES rurales, mediante el aporte de capital social y el financiamiento de la preinversión, en asocio con los productores y las entidades territoriales" (Artículo 24). (c) El otorgamiento de facultades al Gobierno para que, cuando verifique la existencia de fallas del mercado u obstáculos para la democratización del crédito, que afecten a las Mipymes, determine temporalmente, en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República, la proporción mínima de los recursos del sistema financiero que, en la forma de préstamos o inversiones, deberán destinar los establecimientos de crédito al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (Artículo 34). (d) La autorización a los Fondos de Pensiones para "adquirir títulos de emisión colectiva por grupos organizados de MIPYMES, que a su vez obtengan el respaldo de emisores debidamente inscritos y registrados, y de conformidad con las disposiciones que regulan dichos fondos (Artículo 37). (e) La autorización "a los intermediarios financieros y a las organizaciones especializadas en crédito microempresarial,⁹ para cobrar honorarios y comisiones, de conformidad con las tarifas que autorice el Consejo Superior de la Microempresa, no reportándose tales cobros como intereses, para efectos de lo estipulado en el artículo 68 de la Ley 45 de 1990" (Artículo 39). En esta parte del Decreto se reconoce que la concesión de crédito a los microempresarios puede requerir más costos a las entidades financieras ya que el análisis de la capacidad de pago requiere el empleo de una tecnología que puede ser más costosa que la tradicional por ser más intensiva en el uso del tiempo de los analistas de crédito [una descripción de los rasgos generales de tal tecnología se encuentra en Westley, 2001. Carlos Ortiz y Clara Sierra de Akerman (2002) describen en algún detalle los procedimientos empleados por la Fundación WWW Bank (conocida antes como Banco Mundial de la Mujer), una de las IMF más exitosas de Latinoamérica]; (f) La determinación de que "serán beneficiarios de los recursos destinados a la capitalización del Fondo Nacional de Garantías, prevista en el artículo 51 de la Ley 550 de 1999, todas las micro, pequeñas y medianas empresas, sin que para ello sea necesario que se acojan a lo establecido en dicha Ley (Artículo 41); (g) Para las empresas que se "constituyan e instalen " a partir de la fecha de la promulgación de la Ley, la reducción transitoria de los aportes parafiscales destinados al SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar (Artículo 42); y, finalmente, la indicación en el artículo 45 de que el Instituto de Fomento Industrial y el Fondo Nacional de Garantías establecerán, durante el primer trimestre de cada año, el monto y las condiciones especiales para las líneas de crédito y para las garantías dirigidas a los creadores de micro, pequeñas y medianas empresas.

El tiempo transcurrido desde la emisión de la Ley es aún corto para que muestre todos sus beneficios potenciales. Esto posiblemente explica la ausencia hasta la fecha de estudios sistemáticos de evaluación de sus efectos. Basándonos en informes de algunos gremios y de la prensa popular puede afirmarse que, a pesar del incremento notado antes en el valor de la cartera, los principales beneficios de la Ley aún no se han materializado. Aunque, como se anotó antes, la cartera del sistema bancario con los microempresarios se incrementó en el último año en un porcentaje cercano al 25%, cifras provistas por la ANIF (2003, p.7) indican que entre el año 2000 y el 2002 el apalancamiento financiero¹⁰ de las Pymes prácticamente se mantuvo constante (15.3% y 15.2%), mientras que para las empresas grandes aumentó de 16.4% a 18.1%. La misma asociación, en un escrito de mayo de 2002 (ANIF, 2002, pp.8-10), manifiesta su desacuerdo con algunos de los apartes de la Ley y clama por un replanteamiento en la política para las Pymes con el fin de trabajar en políticas ya probadas con éxito en otros países, que permitirían una mayor vinculación de las Pymes con el resto de los sectores económicos". La Asociación sugiere que los costos de transacción relacionados con los préstamos a este sector son tan elevados que la banca privada sola no puede asumirlos y aconseja la creación de una calificadora de riesgo especializada que "sería creada con recursos de todos los entes interesados en apoyar a estas empresas y se encargaría de construir sistemas de información financiera de las empresas Pymes, así como de certificarlas para tener acceso al crédito del sector financiero". Para un análisis complementario que confirma lo expresado aquí que el problema de un adecuado suministro de recursos financieros a las microempresas (y también a las pequeñas y medianas empresas) está todavía lejos de ser resuelto en el país (ver Dinero, No 183, pp. 46 y 47).

3. LOS PRINCIPALES RETOS QUE ENFRENTA EL MOVIMIENTO DE APOYO A LAS MICROFINANZAS

Estos incluyen: (a) la determinación de si efectivamente las microfinanzas han tenido éxito en reducir la pobreza, como claman muchos de sus proponentes; (b) el aumento significativo de la cobertura del sector microempresarial mediante el establecimiento de un balance adecuado entre regulación, supervisión y disciplina de mercado en el sector financiero colombiano. Esto último, como se enunció antes, es un problema del mercado financiero general y no exclusivo del microfinanciero (ver Chami, Khan and Sharma) pero es particularmente relevante en la coyuntura actual del país a este último mercado.

3.1 Efecto de las microfinanzas sobre los niveles de pobreza

La literatura que examina este tema es muy amplia. Por lo menos desde finales de la década de los años noventa comenzaron a publicarse estudios que pedían cautela y más investigación, para medir con mayor precisión los efectos de las microfinanzas sobre los niveles de pobreza (Ejs. Johnson & Rogaly, 1997; Khandker, 1998), asunto que aún hoy no es suficientemente claro. Se admite que algunas organizaciones en países como Bangladesh y Bolivia han sido exitosas principalmente en aumentar la cobertura de los servicios crediticios en segmentos pobres de la población. Sin embargo, grandes dudas existen aún acerca de la autosostenibilidad de muchas IMF y su impacto sobre los más pobres entre los pobres. Se reconoce hoy en día la existencia de varias capas o sustratos entre los pobres; algunos de estos son tan vulnerables que la provisión de crédito no aparece como una opción viable (en estos casos las donaciones podrían cubrir los objetivos de los programas sin tener efectos negativos sobre el funcionamiento de los mercados financieros). "El desafío de servir a los más pobres es determinar quién puede beneficiarse solamente de los servicios financieros, quién necesita servicios financieros a la par con no financieros y quién necesita servicios no financieros antes de participar en una financiación orientada hacia el mercado" (Meyer 2002:30).

Los autores no conocemos de estudio alguno en Colombia que haya examinado de manera empírica el efecto del microcrédito sobre la pobreza. En el estudio adelantado por las universidades Icesi y del Valle, con el apoyo de la Universidad de Laval y de otras instituciones canadienses, esta relación es un tema central de análisis. Sin embargo, los datos recolectados están a la fecha en proceso de análisis y discusión. Los resultados del estudio serán publicados próximamente, tanto haciendo referencia al país individual como teniendo en cuenta los hallazgos en otros países que recogieron datos equivalentes a los nuestros empleando metodologías y cuestionarios similares.

3.2 Aumento significativo de la cobertura mediante un balance adecuado entre regulación, supervisión y disciplina de mercado

El bajo porcentaje de los microempresarios que tradicionalmente se han beneficiado de los servicios crediticios del sistema financiero regulado, las ONG y las cooperativas ha llevado a los gobiernos de turno a pensar en mecanismos para aumentar la oferta de estos servicios. La relativamente larga tradición que tiene el país en supervisión bancaria (la Superintendencia Bancaria fue creada en 1923), y la reciente crisis del sector financiero y cooperativo que afectó a un porcentaje importante de la población, han influido para que las soluciones que se hayan formulado reconozcan los peligros que una regulación laxa podría tener en la presentación de una crisis generalizada del sistema financiero. A raíz de los problemas del sector cooperativo de finales de los años noventa se modificó la regulación pasándose las cooperativas de mayor tamaño a la supervisión de la Superintendencia Bancaria y colocándose a las otras cooperativas bajo la vigilancia de un nuevo ente: la Superintendencia de Economía Solidaria (Ley 454 de 1998). Esta Ley y sus decretos reglamentarios buscaban dar mayor solidez al sistema financiero colombiano y alejar el fantasma del riesgo sistémico, pero establecieron claras barreras de entrada de nuevas cooperativas de naturaleza financiera, las cuales tomaron la forma de montos mínimos de capital11 y de obligatoriedad de remitir con periodicidad frecuente informes y estados financieros a los entes de vigilancia. Desarrollos recientes a nivel internacional, sin embargo, han puesto de manifiesto que las habilidades de los entes regulados para gerenciar sus cifras contables y financieras es ilimitada (Ej. los índices de solvencia que se calculan de los estados financieros -preparados con normas contables escogidas por los gerentes- resultan ser satisfactorios cuando los que resultarían de otras prácticas contables más sanas o menos riesgosas serían preocupantes). Adicionalmente, en una gran variedad de países, incluyendo Colombia, la capacidad de las instituciones estatales para supervisar apropiadamente a sus entes vigilados ha probado ser bastante limitada, particularmente en los países en desarrollo con déficit crónicos en sus finanzas públicas y con escasez de personal adecuadamente capacitado para las complejas labores de supervisión de entidades financieras. Además, en los países en los que el poder económico está concentrado en unos pocos grupos es alta la posibilidad de que estos capturen a los entes reguladores y estos últimos terminen actuando en beneficio de unos pocos y no de la sociedad en su conjunto.

El reconocimiento de las fallas del esquema regulación-supervisión ha hecho que se desvíe la atención más hacia el mercado, hacia la disciplina que este provee en condiciones de competencia. Hoy se conoce, sin embargo, que la competencia en los mercados no es algo que se dé en todos los casos espontáneamente. Es necesario crear las condiciones para que la competencia florezca y se mantenga. La agenda para establecer un mercado de microfinanzas competido en Colombia parece apenas estarse construyendo. Esta debe incluir mecanismos como la extensión de los servicios de las agencias calificadoras de riesgo a instituciones microfinancieras, el fortalecimiento de instituciones como la revisoría fiscal y el mejoramiento de las prácticas contables y de revelación financiera de las IMF.¹² No debe olvidarse que una condición necesaria para la estabilidad de cualquier intermediario financiero es la existencia de un conjunto de incentivos operativos externos e internos que sean coherentes con la gestión financiera prudente (Poyo, 2000: 161).¹³ La adopción de prácticas de supervisión delegada a organismos de segundo nivel como las empleadas en Alemania (Fischer, 2001; ver también Desrochers and Fischer, 2003) es algo que amerita estudiarse con detenimiento ya que se fortalecería la supervisión sin incrementar la carga administrativa de las superintendencias. Finalmente, el programa de desarrollo del mercado de microcrédito debe también examinar aspectos tales como el número y tamaño de intermediarios que deberían existir, mecanismos de entrada y salida de estos, y pros y contras de los seguros de depósitos en el caso de este tipo de intermediarios (Kirkpatrick and Maimbo, 2002).

4. DESCRIPCIÓN DE UN PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN MICROFINANZAS EN DOS UNIVERSIDADES COLOMBIANAS

Formalmente el programa se inició con el convenio firmado entre la Universidad de Laval del Canadá y la Universidad Icesi en octubre del año 2000, aunque con antelación a esa fecha se venían realizando algunos trabajos aislados en ese campo (ver Barona, 2000 y Barona y Valenzuela, 2001). El programa en Colombia, en el que además de la Icesi participa también la Universidad del Valle, se enmarca dentro de un programa internacional liderado por el profesor Klaus Fischer, en el que figuran además universidades e institutos de investigación de Filipinas, Marruecos y Benin (ver Abdelkhalek, Barona, Fischer, Lamberte, Sinzongan y Coté). El programa busca explorar cinco grandes temas, de los cuales dos fueron tratados en Colombia por investigadores de las dos universidades antes citadas: (1) alivio de la pobreza mediante financiación de microempresas: eficiencia y test; y, (2) gobierno corporativo: regulación y supervisión de intermediarios financieros orientados hacia la comunidad (COFI). Los otros tres temas (monitoreo delegado, estándares financieros y de capital para COFI y contratos financieros y resolución de costos de agencia) fueron examinados en lo teórico, principalmente por investigadores de Canadá. Para estudiar el impacto de la financiación provista por ciertas IMF (cooperativas rurales) en Colombia se aplicó un cuestionario diseñado conjuntamente por los miembros del equipo internacional de investigación a 510 hogares (255 de ellos habían sido beneficiados de los servicios de crédito de las IMF y 255 no). Debido a limitaciones presupuestales y de seguridad, los hogares seleccionados se limitaron a las zonas rurales de Puerto Tejada, Buenaventura, Candelaria y Santander de Quilichao. Por lo tanto, nuestras conclusiones sólo tienen validez en dichas áreas y no en todo el país. Sin embargo, cuando los datos obtenidos en esta parte de Colombia se combinen con los de otros países se obtendrán resultados con un mayor grado de generalidad y será posible obtener conclusiones más firmes sobre el efecto de los créditos en el alivio de la pobreza. Al momento de escribir este artículo se estaban realizando unos análisis estadísticos preliminares, razón por la cual no podemos anticipar en este escrito conclusiones sobre esta parte del estudio.

El tema del gobierno corporativo de las COFI es examinado en diferentes proyectos que se enmarcan en el programa. Un tema que se consideró particularmente relevante de explorar y se le dio bastante importancia fue el de la preferencia al gasto de los gerentes de las cooperativas.¹⁴ Esta expresión fue primero acuñada por Oliver Williamson en el desarrollo de su enfoque de costos de transacción al estudio de las organizaciones. Según dicho autor, las personas exhiben en las transacciones en que participan una conducta oportunista, lo cual es el principal factor para que los arreglos cooperativos de transacciones de negocios sean muy frágiles: las organizaciones cooperativas son invadidas y explotadas por agentes oportunistas; la gerencia de una firma (cooperativa o no) que no asume todos los costos de sus decisiones (estos son transferidos a los dueños o a otros actores) está propensa a incurrir en gastos que exceden sus niveles óptimos. El ánimo de lucro, las características de propietarios con derechos a todos los flujos residuales de ingresos de las sociedades de personas y de capital y el mercado de control corporativo son, de acuerdo con este enfoque, incentivos más fuertes para controlar los posibles gastos excesivos de los gerentes que los incentivos que tienen las organizaciones de naturaleza cooperativa cuya propiedad es difusa. La preferencia al gasto de la gerencia tiende a acentuarse en organizaciones de mayor tamaño, en las que la gran mayoría de sus propietarios está muy distante de la administración. En la literatura de preferencia y en la, en muchos aspectos similar a ésta, literatura de la agencia, se reconoce que los niveles altos de endeudamiento pueden tornarse en mecanismos poderosos para controlar la pérdida originada en la falta de apropiados mecanismos de control sobre los gerentes (Jensen 1989). Estudios empíricos tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo (Harvey, Lins, and Roper, 2001) confirman tentativamente esta hipótesis.

Otro mecanismo para el control de la preferencia al gasto, que puede ser particularmente relevante en el caso de las cooperativas, es la supervisión provista por organismos estatales. En Colombia la Superintendencia Bancaria supervisa a las cooperativas financieras propiamente dichas y la Superintendencia de Economía Solidaria vigila a las cooperativas de ahorro y crédito. La Superbancaria es una organización con mucha mayor tradición y experiencia en estas labores. Por esta razón, manteniendo todo lo demás constante, se podría esperar que fuera más exitosa en el control de la conducta ineficiente de los gerentes (para una discusión acerca del efecto de diferentes autoridades supervisoras véase Berger & Mester).

A partir de los conceptos esbozados antes, y teniendo en cuenta las oportunidades y limitaciones que ofrecían las bases de datos de la Superintendencia Bancaria, la Superintendencia de Economía Solidaria y la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop, se examinó si el tamaño y el nivel de apalancamiento financiero tenían algún efecto sobre la conducta de los gerentes de cooperativas financieras y de ahorro y crédito.

Para medir la eficiencia de las cooperativas, entre los varios conceptos que podrían emplearse (Berger & Mester, 1997: 96), se escogió la eficiencia de costos. Este se basa en la discusión estándar económica de la producción, la cual clasifica las variables de decisión en sólo dos categorías: insumos y productos. Académicos pioneros en la medición de la eficiencia económica sugirieron que la eficiencia de una organización podría medirse en referencia a una frontera idealizada, la isocuanta. La literatura moderna tiende a reemplazar tal frontera idealizada por otra basada en las organizaciones más eficientes del sector económico. Esta frontera es derivada de una conceptualización a priori de la conducta de la firma. Para el caso de la firma financiera se han desarrollado dos enfoques principales, el denominado enfoque de producción y enfoque de intermediación. Recientemente este último ha sido el más favorecido por los académicos (ver Berger & Mester, 1997 y Whortington, 1998).

La frontera eficiente puede estimarse empleando técnicas paramétricas o no paramétricas (Einsenbeis et al. 1999). En nuestro estudio se utilizó una técnica paramétrica: se estimaron un conjunto de funciones translog y se empleó un test desarrollado por Mester (1989) para evaluar si hay diferencia entre cooperativas grandes y pequeñas en su conducta de gastos y para examinar si el nivel de apalancamiento parece o no tener efecto sobre la eficiencia operacional. Nuestros resultados sugieren que los gerentes de cooperativas financieras y de ahorro y crédito grandes mostraron conducta de preferencia al gasto. Con respecto al efecto del apalancamiento financiero, los gerentes de empresas poco apalancadas exhibieron preferencia al gasto. Los investigadores no conocen de otros estudios sobre preferencia al gasto que se hayan llevado a cabo en el sector cooperativo colombiano. Es interesante observar, sin embargo, que los resultados antes descritos apuntan en la misma dirección de otros llevados a cabo en el sector bancario del país, acerca de la importancia del denominado factor X. Ignorando factores de calidad de los servicios y focalizándose en la eficiencia de costos, los resultados indican que no hay bases empíricas suficientemente sólidas para promover la fusión de pequeñas cooperativas. Las economías de escala que potencialmente se derivarían de dichos procesos posiblemente se verán más que compensadas por la dificultad de controlar los gastos excesivos de los gerentes, es decir, su preferencia al gasto en las cooperativas de mayor tamaño.¹⁵

OTROS ESTUDIOS EN LA ICESI

En la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Icesi desde hace unos dos años se comenzó a promover que los estudiantes desarrollaran sus proyectos de grado dentro de las líneas de investigación que adelantan los profesores. De esta forma se logró evitar la dispersión en los temas trabajados en los proyectos de grado y apalancar el avance de la investigación profesoral. Los estudiantes que se han vinculado a la investigación en microfinanzas han tenido que revisar algunos artículos de frontera en el área (en el Proyecto de Grado I) y aplicar algunos de los conceptos desarrollados en tales artículos a un problema colombiano relacionado con el tema (Proyecto de Grado II). Hasta la fecha, doce estudiantes han realizado su trabajo de grado sobre temas relacionados con microfinanzas (ver Reinstein y Zúñiga, 2003; Ávila y Caicedo, 2003; Castañeda, 2003; Lozada y Jiménez, 2003; y Cárdenas y otros 2001). Adicionalmente otros tres estudiantes están en este momento finalizando su proyecto de grado: dos se encuentran adelantando un estudio acerca del papel que juega el revisor fiscal en la solución de problemas de asimetría de información en las cooperativas de servicios financieros colombianas y el tercero está examinando el grado en el que algunas instituciones especializadas en el crédito a microempresarios en Colombia emplean ciertas tecnologías de microcrédito recomendadas por expertos internacionales (Khandker, Khalily and Khan, 1995; Ledgerwood, 1999; Westley, 2001).

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A pesar de que solamente en los últimos años el tema del microcrédito se ha tornado popular, en Colombia, por más de medio siglo los gobiernos y algunas entidades privadas (particularmente cooperativas y ONG) han intentado satisfacer las necesidades financieras, particularmente crediticias, de las microempresas y los pobres en general. La baja cobertura alcanzada hasta ahora indica, sin embargo, que tales esfuerzos se han quedado muy cortos. La revisión de la literatura internacional sobre el tema indica que la situación es similar en muchos otros países en vías de desarrollo, en los que un número creciente de microempresarios ha visto constreñidas sus operaciones por la ausencia de mecanismos de financiación que respondan a sus características específicas. El propósito de la línea de investigación que lidera la Universidad de Laval en Canadá y que cuenta en Colombia con la participación de las universidades Icesi y del Valle, es contribuir a que los esfuerzos de prestación de servicios financieros a los pobres y a los microempresarios tenga un mayor impacto en la reducción de la pobreza y a que las instituciones que atienden las necesidades financieras de estas poblaciones lo hagan de manera más eficaz y eficiente. Aunque a la fecha los principales resultados de los proyectos de investigación realizados con el auspicio de esta línea de investigación son analizados al interior de los diferentes grupos de trabajo y por lo mismo no es posible presentar resultados definitivos, sí es factible anticipar ciertas conclusiones que parecen tener bases bastante sólidas. Entre éstas la de que, contrario a lo que con frecuencia se asume, el mayor tamaño de ciertas cooperativas no estuvo acompañado de una mayor eficiencia. Los posibles beneficios de la mayor escala fueron más que compensados por la propensión al gasto excesivo que exhiben los gerentes en caso de instituciones de mayor tamaño. Aunque la calidad de la supervisión provista por la Superintendencia Bancaria parece tener efecto positivo en el control de los gastos de las cooperativas de mayor tamaño, mal haría el Gobierno en presionar la fusión de pequeñas cooperativas (particularmente de ahorro y crédito) en organizaciones de mayor tamaño, sin tener en cuenta este resultado.

Con respecto a los estudios de casos adelantados con estudiantes en la Universidad Icesi se pueden derivar algunas conclusiones interesantes. En primer lugar, las cooperativas rurales no parecen estar adoptando las tecnologías que han demostrado efectividad en la satisfacción de necesidad financiera de los microempresarios. Sus técnicas de análisis de crédito parecen ser bastante convencionales. Por esta razón y porque las cooperativas en su gran mayoría no atienden a los más pobres entre los pobres ya que muchas han tenido su origen en fondos de empleados de empresas puede afirmarse que su efecto como mecanismo para ayudar a superar la pobreza no parece haber sido grande. Esto no significa desconocer el gran potencial que tienen estas organizaciones de facilitar el alcance de niveles de vida más altos a grupos de personas (obreros y trabajadores de ingresos medios y bajos de empresas) que tradicionalmente han sido ignorados por los intermediarios financieros institucionales.

NOTAS AL PIE DE PÁGINA

1. Parra (1993: 96) señalaba que la tasa de interés cargado por agiotistas en el sector informal latinoamericano llegaba a alcanzar tasas hasta del 10% diario; en un estudio más reciente conducido por la Universidad Icesi se encontró que una tasa de 1.2% por día era común en este mercado (en donde la tasa de inflación era aproximadamente de 7% por año).

2. Para una descripción de la situación en Ecuador véase Da Ros (2001, 133/5).

3. El comienzo de la incursión de las ONG en microfinanzas en Colombia se puede rastrear al programa que la Fundación Carvajal de Cali inició en 1978 adaptando un programa que Acción Internacional venía desarrollando en Bahía (Brasil) (ver Castañeda y Fadul. 2002). En 1982 fue establecida en Cali la Fundación WWB Colombia, afiliada a la red WWB cuya oficina principal estaba en los Países Bajos. La mencionada oficina otorgó el primer crédito entre todas las IMF que conformaban esta red. A la fecha la red WWBank tiene 39 organizaciones afiliadas en diferentes partes del mundo, cinco de ellas en Colombia. Actualmente los recursos de la Fundación provienen de un conjunto diversificado de fuentes entre las que se encuentran algunas internacionales como el BID, la CA y el BIRF y nacionales como el IFI y sus propios recursos.

4. La crisis del sector cooperativo colombiano ha sido descrita en varios estudios. Véase, por ejemplo, Cuevas and Taber, 2003; Castañeda y Fadul, 2002; Desrochers y Fischer, 1998; y Ruiz y López, 1998.

5. Esta estimación de los mencionados autores parece bastante optimista. Silva y Dávila (2002) empleando datos de www.portalcooperativo.com a diciembre de 2001 afirman que en el país existían 1.928 cooperativas; dentro de este total las de ahorro y crédito, multiactivas y especializadas sumaban 348. "Del total de cooperativas aproximadamente 300 son de carácter rural" (Ibíd., p.18).

6. Los préstamos a empresas que caen en las categorías Mipyme crecieron en el año 2002 en un 17.5% cuando en 2001 habían crecido al 13.8% (Dinero, No. 183, p. 46). La cartera del sector microempresarial con los bancos ascendía en abril del 2003 a $398.000 millones, lo cual representaba un incremento cercano al 25% con respecto a la misma fecha del año inmediatamente anterior. Crecimiento tan acelerado tiene preocupadas a algunas de las organizaciones que tradicionalmente han atendido este sector ya que consideran que muchos de los créditos han sido realizados sin tomar en cuenta los factores específicos de riesgo de la actividad crediticia en este sector de la economía (Laura Charry, El Tiempo, junio 2 de 2003).

7. Las financieras chilenas son instituciones especializadas, en tanto que los bancos españoles analizados por Marulanda operan en la modalidad de banca universal. Las primeras ofrecen un portafolio de servicios de crédito, en tanto que los segundos ofrecen una atención integral. Los dos tipos de organizaciones tienen en común "su concentración en el crédito de consumo, el altísimo potencial de crecimiento de sus operaciones y su dependencia en procesos altamente tecnificados con inversiones cuantiosas en hardware y software" (Marulanda, 2000: 53).

8. Existe alguna evidencia de estudios de casos que muestra que ciertas cooperativas colombianas han logrado alcanzar niveles de eficiencia satisfactorios. Véase Silva y Dávila (2002, Capítulo III).

9. El artículo 39 establece que las actividades de microcrédito hacen referencia al sistema de financiamiento a microempresas, dentro del cual el monto máximo por operación de préstamo es de veinticinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin que en ningún tiempo el saldo para un solo deudor pueda sobrepasar dicha cuantía.

10. La definición que esta asociación da a este indicador es: Apalancamiento Financiero = obligaciones financieras de corto y largo plazo / Total de Activos.

11. Según la mencionada Ley, las Cooperativas Financieras deben acreditar y mantener un monto mínimo de aportes sociales pagados no inferior a $1.500 millones y las Cooperativas de Ahorro y Crédito y las Multiactivas e Integrales con secciones de ahorro y crédito un monto mínimo de $500 millones (ambos niveles se ajustan periódicamente con los índices de cambios en precios).

12. El Superintendente de Economía Solidaria calcula que en el país hay unas nueve mil cooperativas y afirma que sólo la mitad de ellas son vigiladas por dicho organismo (El Tiempo: mayo 2, de 2003 p. 18).

13. Para el mismo autor, la introducción por parte del Gobierno de líneas de crédito dirigido y otras políticas y programa generados externamente "son incompatibles con una buena gestión prudencial y, por lo tanto, han contribuido a socavar la estabilidad de las cooperativas" (Poyo, 2000:162/161).

14. Esta sección se basa en el artículo: Efficiency and Expense Preference Behaviour in the Colombian Cooperative Sector (Barona, Caicedo y Zuluaga, 2003).

15. Da Ros (2001), sin mostrar resultados empíricos, pero apoyándose en sólidos argumentos conceptuales argumenta vehementemente en favor de las cooperativas pequeñas, sin desconocer algunas de las limitaciones propias de dicho tamaño.

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