A pesar de que el Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano en los últimos 20 años ha tenido importantes logros en cuanto a la cobertura en salud, existen indicios de que tanto el acceso, como la capacidad del sistema para responder de manera integral y con calidad a las necesidades de la población, no han evolucionado de acuerdo con los requerimientos de la cobertura universal.

Bajo este contexto, surge la necesidad de evaluar el nivel de satisfacción de la población colombiana con la atención primaria en salud, entendiéndose a esta como la puerta de entrada al sistema de salud. Conocer la perspectiva de la población permite captar los elementos fundamentales de la experiencia del paciente en todos los niveles de atención, a la vez que provee información sobre los aspectos que deben estar presentes al momento de planificar las reformas en los modelos de atención.

De acuerdo con lo anterior, el Banco Interamericano de Desarrollo en su publicación del 2018 “Experiencias de la atención primaria de salud en América Latina y el Caribe” analizan los datos obtenidos de la adaptación de la encuesta del Commonwealth Fund al contexto de América Latina y el Caribe realizada entre los años 2012 y 2014. En el capítulo 4 de dicha publicación Diana Pinto, Karoina Schantz y Ralf Moreno analizan el caso colombiano y aplicaron la encuesta a 1.463 personas mayores de 18 años, de los cuales el 22.7% declaró estar afiliado al Régimen Subsidiado (RS), el 68% al Régimen Contributivo (RC) y el 9.3% a un seguro privado complementario.

En general, la percepción general sobre el sistema de salud colombiano es que necesita cambios. El 51% de los encuestados señaló que hacen falta cambios fundamentales para mejorar el funcionamiento del sistema y el 30.3% consideró que los problemas del sistema de salud son suficientes para que exista la necesidad de reconstruirlo totalmente; frente a un 14.7% que consideró que el sistema de salud funciona bien y que deberían hacerse cambios menores. Cabe destacar, que los encuestados pertenecientes al RS tienen percepciones más negativas que los del RC y los del seguro privado.

En cuanto a las barreras de acceso, los resultados son alentadores si se comparan con otros países de la región. Un poco más del 10% de los encuestados manifestó haber tenido un problema de salud y no poder acudir al médico o realizar un examen diagnóstico debido al costo. Un 35.3% tuvo que recurrir a pagos de bolsillo, sin embargo, un 11.5% de los encuestados señalo que tuvo problemas serios para realizar gasto de bolsillo. Esto pone en evidencia que, si bien las políticas para la protección financiera han sido exitosas, todavía hay un segmento de la población que presenta barreras financieras para acceder adecuadamente a la atención primaria (AP). Un segundo conjunto de barreras de acceso, son aquellas relacionadas con la organización de los servicios de salud. De acuerdo con los resultados, este tipo de barreras son el principal obstáculo para acceder a los servicios de salud, debido a la ausencia de compatibilidad entre los horarios disponibles de atención y las actividades diarias de los usuarios. Del mismo modo, la fragmentación de la atención en el sistema contribuye de igual manera a los problemas de coordinación.

En cuanto a la disponibilidad de AP centrada en el paciente, sólo un 32% cuenta con médico y/o un servicio de salud al que acude en forma habitual. Cerca de la mitad afirmó que la comunicación con la clínica de AP durante el día es fácil. Entre los encuestados que contaban con un médico de atención primaria (MAP), el 74,0% del total dijo que el mismo conoce información importante sobre la historia clínica, y un 44.7% indicó que el MAP ayuda a coordinar la atención. Paradójicamente si se combinan los resultados de estas cuatro variables mencionadas que en su conjunto describirían AP centrada en el paciente: sólo un 7.5% del total cuenta con esta atención, con diferencias significativas por régimen: 3.4% en el RS, 8.6% en el RC y 10.1% en el seguro privado.

Respecto a calidad a la calidad de la AP, la percepción de los usuarios tampoco es favorable, solo el 27.8% de los encuestados percibió que la calidad es buena. Además, uno de cada 5 entrevistados declaró haber tenido un problema de salud, para el que tardo mucho tiempo el conseguir el diagnóstico adecuado, sin diferencias por régimen.

Por otro lado, la capacidad resolutiva de la AP debe ser complementada por una red complementaria y especializada. Los resultados del estudio muestran que cerca del 46.2% señaló haber consultado un especialista en un periodo de dos años anteriores a la encuesta. El tiempo de espera para visitar a un especialista según la mitad de los encuestados fue de dos a ocho semanas. Los largos tiempos para obtener citas con especialistas podrían sugerir una falta de oferta  o fallas en los procesos de referenciación.

Otro hallazgo llamativo del estudio es que aproximadamente la mitad de los encuestados visito la unidad de urgencias y este resultado contrasta con un 50.3% de los encuestados que señalaron que utilizaron esta unidad para afecciones que podrían haber sido tratadas en el nivel primario. Solo un 14.9% indicó que debió ser hospitalizado después de ser evaluado en la unidad de urgencias. 

A partir de los resultados mencionados, los autores identifican las siguientes líneas de acción. El país debe tomar medidas en pro de cerrar las brechas de coordinación en el sistema de salud y garantizar una atención integral y de calidad. Asimismo, si bien la Ley 1438 de 2011 y la promulgación de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), son ejemplos de iniciativas de reforma que ponen en relevancia la AP, la definición e implementación de un modelo de AP claro con metas e indicadores de desempeño son necesarios. Asimismo, para complementar la capacidad resolutiva de la AP, el contar con una red de apoyo de atención especializada, coordinada y con protocolos definidos es indispensable para resolver los problemas más complejos.