En 2014 el gobierno se ha concentrado en seguir adelante con su plan B, el cual consiste en adoptar por decreto algunos de los cambios que requiere el sistema de salud. Uno de ellos consiste en actualizar las normas que fijan los estándares de solvencia que deben mantener las EPS. La importancia del asunto es evidente, y más aún en un contexto donde las deudas acumuladas comprometen la estabilidad financiera tanto de las EPS como de los prestadores de sus redes.