ANEXO 2
Author: Andres Lopez Astudillo
Las Cooperativas de Trabajo Asociado
en el sector azucarero
“Flexibilización”, o salvajización laboral
Por Ricardo Aricapa A.
Una investigación de la Escuela Nacional Sindical
INTRODUCCIÓN
Sobrevolando el valle geográfico del rÃo Cauca, donde se concentra y levanta el grueso de la agroindustria azucarera colombiana (produce el 97% del azúcar nacional), el paisaje de cañaduzales que se ve desde el avión es espléndido: un extenso tapete perfectamente delineado por surcos y cuadrÃculas, en su mayorÃa de color verde (caña en pie). Los otros son de color marrón (caña cortada).
Es un tapete que se despliega a lo largo y a lo ancho de 28 municipios, y tan extenso como lo vista alcance porque la caña es prácticamente el único cultivo a escala industrial en la región. Con decir que en Puerto Tejada, uno de los municipios más intensamente cultivados en caña, ésta ocupa el 89% del área total del municipio. El resto son cultivos tradicionales de pan coger (4%) y zonas urbanizadas (17%). En municipios como Candelaria, Florida, Pradera, Villarrica, Ortigal, Cabuyal la situación es más o menos similar. Y por lo mismo todos dependen en gran medida de los impuestos que pagan los ingenios azucareros.
Lo que ocurrió fue que los otros cultivos que antaño florecieron en el paisaje Vallecaucano (sorgo, algodón, millo, soya y maÃz) hace rato desaparecieron del mapa. Se los llevó la apertura económica de los años 90. No quedó sino la caña de azúcar como único producto competitivo, que se cultiva en una extensión de 200 mil hectáreas. Sólo una cuarta parte de las tierras cultivadas son de propiedad de los ingenios azucareros, el resto pertenece a 1.600 cultivadores particulares, o colonos que llaman, quienes proveen de caña a los ingenios.
En cuanto a puestos de trabajo, en su informe del año 2004 la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, Asocaña, reporta 36 mil empleos directos generados por la agroindustria azucarera, discriminados asÃ: 31% por contratación directa, el 33% es contratado a través de 100 Cooperativas de Trabajo Asociado, 23% son trabajadores contratados por los cultivadores de caña, el 22% por contratistas independientes, y el 2% son trabajadores con contrato sindical. Y si ampliamos el contexto socioeconómico, encontramos que el impacto en el empleo de la agroindustria cañera es mayor. Se calcula que el sector productivo relacionado con ella, valga decir las compañÃas de alimentos, de bebidas, licores, papel, energÃa, maquinaria agrÃcola, talleres de metalmecánica, transporte, etc.) genera unos 216 mil empleos directos. Y si tenemos en cuenta que una familia vallecaucana la integran cinco personas, tenemos que aproximadamente un millón de almas (la cuarta parte de la población del departamento del Valle), depende de alguna manera y en menor o mayor grado de la caña que cosechan los corteros en los feraces campos vallecaucanos.
Los ingenios son trece, y en conjunto producen anualmente 2.7 millones de toneladas de azúcar, de las cuales el paÃs consume internamente millón y medio. El resto va al mercado exterior. Según datos de Asocaña, Manuelita e Incauca, los ingenios más grandes, realizaron en el año 2004 ventas superiores a los 320 mil millones de pesos; y todo el sector obtuvo ganancias por $174.000 millones, lo que da una clara idea de la riqueza que genera el cultivo de la caña en el Valle del Cauca.
Sin embargo, toda esa riqueza ha tenido un precio alto para una buena parte de los trabajadores; toda esa riqueza esconde bajo sus frondosas enaguas una larga cadena de iniquidad laboral, que en el nivel más bajo de la escala arranca con los “corteros”, nombre genérico que se les da a los obreros encargados de cortar la caña en el campo, el oficio menos especializado de toda la cadena de producción del azúcar y demás derivados de la caña.
Los corteros, que en cada ingenio constituyen casi la mitad de la fuerza laboral total, ha sido uno de los grupos de trabajo que con mayor rigor y consecuencias negativas ha padecido el proceso de intermediación laboral que se viene dando en Colombia a partir de la Ley 50 de 1990, también llamado proceso de “flexibilización” laboral; un proceso que en la práctica no ha significado más que la sistemática desvinculación laboral directa y la eliminación de los derechos de contratación colectiva y organización sindical de los trabajadores. De ahà que sean ellos, los corteros de la caña, el punto de enfoque de esta investigación.Â
El gremio azucarero es uno de los que más ha desarrollado el proceso de “flexibilización” laboral, combinando todas las formas de subcontratación. En un principio apeló a la intermediación de contratistas particulares, después introdujo las Empresas de Trabajo Asociado -EAT-, el Contrato Sindical, curiosa modalidad, amparada en la ley, por la cual los sindicatos hacen las veces de patronos contratistas. Y finalmente aparecieron las Cooperativas de Trabajo Asociado, las famosas CTA, tendencia que ha primado en los últimos cinco años. De los 16 mil corteros que hay en la región, el 90% pertenece a alguna cooperativa.
En este punto vale recordar que a las CTA las consagra y les da marco legal la Ley 79 de 1988 (Ley del Cooperativismo), que las define como entidades sin ánimo de lucro sujetas a la reglamentación cooperativa, no a la legislación civil y comercial, y tampoco a la legislación laboral que regula la relación entre el patrono y el trabajador. Asà que la figura del patrono es extraña a la filosofÃa y el marco jurÃdico de las CTA. Administrativamente son autónomas y cada cooperativa organiza sus actividades y establece las condiciones de trabajo de sus asociados como bien lo considere. Asimismo acuerda la distribución de los excedentes, o de las pérdidas si es del caso, porque todos los asociados asumen por igual los riesgos de cada labor que ejecuta la cooperativa.
Según el espÃritu de la Ley, las CTA se crearon con el propósito primordial de facilitar la creación de empresas por parte de personas que, careciendo de los recursos necesarios, tengan buenas iniciativas empresariales. La ley permite que estas personas se asocien y aúnen recursos y esfuerzos para sacar adelante una empresa productiva de bienes o servicios. De esta manera cada asociado no sólo genera su propio empleo sino que construye empresa. Precisamente por eso, por promover esos principios y valores solidarios, es que el Estado concede a las CTA ciertas favorabilidades y exenciones tributarias. Incluso desde el mismo Estado se promueven con el argumento de que son útiles en la generación de empleo y la creación de condiciones para la inversión extranjera en el proceso de globalización de la economÃa, lo cual es bastante discutible.Â
Asà que las CTA, según lo establece la legislación, no concurren al escenario del mercado como intermediarias de otro agente económico. O dicho de otra manera: no fueron creadas para suplirles o subcontratarles trabajo a otros agentes económicos. Pero resulta que la ley tiene sus esguinces y lo que hoy se observa es que muchas CTA, por no decir la mayorÃa, han devenido en intermediarias de otros agentes económicos, en simples suministradoras de mano de obra a terceros. Se han convertido en cooperativas de fachada, que ni siquiera cumplen los elementales protocolos del cooperativismo y florecen al amparo de los mismos empresarios, que las utilizan como instrumento de rebaja de impuestos y costos laborales; desdibujando con ello la filosofÃa y el objeto para el cual fueron creadas, lesionando de paso los derechos de los trabajadores.
No es entonces casual el explosivo incremento que las CTA han tenido en los últimos años en el paÃs. De 356 que habÃa en el año 2000 pasaron a ser mil 500 en el 2004. Y en conjunto ya aglutinan más de 150 mil trabajadores. Los sectores laborales más permeados por la contratación a través de CTA son los de servicios, aseo, agricultura, alimentos y textiles. Antioquia, Santander y el Valle del Cauca y Bogotá son los departamentos donde han tenido mayor incremento, y donde, por lo mismo, las quejas por sus inconsistencias y abusos son pan de cada dÃa.
En la práctica los asociados de una cooperativa son trabajadores como cualesquiera otros, en el sentido de que tienen la seguridad social y las prestaciones de ley. Pero su remuneración no está configurada como salario, ni pueden ejercer el derecho de asociación sindical, negociación colectiva y huelga. Entre otras cosas porque la sindicalización de los trabajadores cooperados es un imposible legal. Un pliego de peticiones se lo tendrÃan que hacer a ellos mismos, puesto que son ellos, como dueños de la empresa cooperativa, quienes lo tienen que resolver.
En palabras del Superintendente de EconomÃa Solidaria, Enrique Valderrama Jaramillo, el problema no son tanto las Cooperativas de Trabajo Asociado sino las seudocooperativas que se hacen pasar como tales pero no cumplen con las normas ni con el espÃritu cooperativo. En el año 2004 la Superintendencia de EconomÃa Solidaria visitó 250 Cooperativas de Trabajo Asociado, y encontró que en el 50% de los casos éstas estaban actuando de manera ilegal.
Por su parte Diego Escobar, de la subdirectiva departamental de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, en el Valle del Cauca, señala:
“Toda la terminologÃa que rodea esta sacada de los libros del cooperativismo. Se habla de asociados y no de obreros, se habla de oferta mercantil y no convención colectiva de trabajo; y a las prestaciones laborales no se les llama primas sino bonificaciones. Pero a la hora de la verdad funcionan más como bolsas de empleo que como cooperativas. Y con los trabajadores amarrados a ellas, porque tienen que aceptar las condiciones de contratación que les impongan los dueños de las cooperativas, que actúan de común acuerdo con los ejecutivos de los ingenios. Porque el trabajador no se puede sentar a pensar si acepta o no el acuerdo que le ofrecen, porque de no aceptarlo ¿cómo alimenta su familia y paga el arriendo de su casa”.
Hasta el año 2005 las condiciones de contratación de los corteros cooperados de la agroindustria azucarera distaban mucho de los beneficios que gozaban los corteros vinculados directamente a los ingenios, sobre todo en el precio de la caña cortada. Mientras un cortero vinculado a la empresa recibÃa, por convención colectiva, $5.682 por tonelada, el cortero de las cooperativas apenas recibÃa $3.900, en razón a que este precio llevaba tres años congelado. O sea que por hacer el mismo trabajo el uno recibÃa casi dos mil pesos más que el otro en cada tonelada. Es la medida exacta, y patética, de la diferencia que hay entre el trabajador del ingenio y el asociado de una CTA.
Pero aparte de la inconformidad por el precio del corte, en las negociaciones que siguieron al paro de 2005 los corteros cooperados expusieron un nutrido rosario de razones para estar disgustados. Se quejaron del mal trato personal y los turbios manejos de las cooperativas, en su mayorÃa administradas y controladas por contratistas ajenos a los intereses de los corteros y en no pocos casos comprometidos con actos de corrupción. Protestaron por el escamoteo de sus derechos laborales, como el no pago de dominicales y festivos, la afiliación parcial a la seguridad social y el cobro de la llamada “materia extraña”, nombre que se les da a las basurillas e impurezas que quedan entre la caña cortada cuando las máquinas la recogen del suelo, en porcentajes que en los estándares de calidad no superan el 2%, pero que a los corteros se las descontaban de sus pagos en un porcentaje mayor: del 6% y el 8%, y en algunos casos hasta del 10%.
Entre mayo y julio de 2005 los corteros de la agroindustria azucarera vallecaucana, en un número cercano a once mil, realizaron una serie de paros escalonados en ocho de los trece ingenios de la región. El primero ocurrió en el Ingenio del Cauca (Incauca), el más grande del paÃs, donde en los cinco dÃas que duró el paro 2.600 obreros dejaron de cortar 55 mil toneladas de caña. Luego, por efecto dominó, el paro se extendió a los ingenios PichichÃ, Central Castilla, La Cabaña, Providencia, Central Tumaco, Manuelita y Mayagüez. Fue un movimiento obrero que la gran prensa muy poco difundió, lo cual era esperable dado que RCN pertenece al grupo Ardila Lule, al que también pertenecen los ingenios Providencia e Incauca. Con ser de que el sólo hecho de que tal paro se diera ya era noticia, por raro. La agroindustria azucarera llevaba treinta años de paz laboral. El último paro que se recordaba era el del ingenio Riopaila, a mediados de los años 70.
Los paros escalonados no lograron el objetivo central buscado por los corteros, cual era ser vinculados directamente a la nómina de los ingenios, o sea acabar con la intermediación de las cooperativas y los contratistas particulares. Pero por lo menos a estos si los pudieron sacar del manejo de las cooperativas, que pasó directamente a manos de los corteros. Además, consiguieron eliminar el cobro por materia extraña, aumentos importantes en el precio del corte y la garantÃa del respeto a sus derechos legales en cuanto a compensaciones y seguridad social, entre otras conquistas.
Pero, como se verá, el hecho de que las cooperativas hayan pasado a manos de los corteros, no ha logrado aumentar su nivel de vida ni resolverles sus problemas laborales. Por el contrario, los ha colmado de nuevas responsabilidades y más incertidumbre, porque quedaron más vulnerables, con su estabilidad laboral en vilo, sobre todo ahora que los ingenios intensificaron su polÃtica de reemplazar el trabajo de los corteros por máquinas cortadoras. Los despidos ya se empezaron a dar y ante ellos los corteros cooperados es muy poco, casi nada, lo que pueden hacer.